Ecuador: Amnesty International esige la fine degli attacchi ai difensori dei diritti umani

En la madrugada del domingo 6 de marzo, murió, producto de un atentado, el diputado socialista y rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Enrique Ayala Mora. Según la prensa local, Enrique Ayala iba conduciendo su vehículo cuando fue interceptado, violentamente, por otro vehículo y recibió varios disparos. El ataque se produjo dos días después de que expresara su posición contraria a los recientes cambios en la Corte Suprema. En rueda de prensa realizada aún en el hospital antes del informe del óbito, dirigentes del Partido Socialista acusaron a la ultraderecha del ataque a Ayala Mora.

Para la organización de defensa de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), es necesario que se pare inmediatamente con las intimidaciones a críticos del gobierno de Ecuador. En comunicado de prensa, dijo que está preocupada por los continuos ataques y amenazas de muerte contra líderes políticos, periodistas y defensores de DDHH en Ecuador que tienen una actitud crítica frente a las autoridades.
AI denuncia que la muerte de Ayala no representa un hecho aislado. Recuerda que el 2 de marzo denunció el caso del periodista del diario Hoy, Orlando Pérez Torres, quien habría sido amenazado de muerte. Recordó a las autoridades ecuatorianas que “el reconocimiento y respeto a la labor de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos es un elemento clave en el camino hacia un verdadero estado de derecho en Ecuador”. Y completa: “Es imprescindible que el gobierno ecuatoriano tome medidas concretas para garantizar que todas estas personas puedan llevar a cabo su labor y expresar sus ideas de acuerdo a la ley, sin temor a represalias”.

Críticas a los cambios en la justicia

Los últimos ataques contra líderes políticos periodistas y defensores de DDHH se producen en un contexto de crecientes críticas contra el presidente Lucio Gutiérrez tras la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2004, por el Congreso que venía reuniéndose en sesiones extraordinarias convocadas por el presidente y siguiendo un procedimiento distinto al establecido en la Constitución.

Para refutar las críticas, el propio gobierno ecuatoriano aceptó, en la última semana, la petición de Leandro Despouy, relator especial de la ONU, para una visita de inspección sobre la independencia del poder judicial en aquel país. La asesoría de prensa de la ONU anunció que Despouy viajará a Ecuador en el curso de este mes para evaluar la situación en el país, o sea, antes de que presente sus informes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuya sesión empezará el primero de abril.
El pasado 18 de febrero, el relator formuló una petición al gobierno de Ecuador para que le permitiera constatar la situación en la nación sudamericana “en vista de la grave crisis que atraviesa el poder judicial, especialmente en el contexto de las medidas adoptadas por la Corte Suprema y los Tribunales Constitucional y Electoral”.

Dichas medidas incluyen la sustitución de 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Despouy ha declarado que la decisión del Congreso parece ser una “grave interferencia de los poderes ejecutivo y legislativo en la esfera judicial y, por lo mismo, constituiría una violación de la independencia del poder judicial”, un principio reconocido en la Carta Magna del país.

La crisis del poder judicial ecuatoriano empeoró cuando el presidente de la Suprema Corte, Ramón Rodríguez, se dimitió por estar en desacuerdo con la nominación de los miembros del Consejo Nacional Judicial, un órgano que ejerce funciones como la selección de los tres candidatos de entre los cuales el Congreso debe elegir al fiscal general.