Venezuela: organizzazioni dei Diritti Umani esigono la protezione dei contadini prima che siano assassinati dagli oppositori della riforma agraria

La frecuencia con la cual, en los últimos años, activistas y dirigentes del movimiento campesino nacional han venido siendo asesinados representa una grave situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar una respuesta adecuada y oportuna, señalaron la organizaciones de derechos humanos.

Según las denuncias de organizaciones campesinas, más de 80 campesinos han sido asesinados en los últimos 8 años. La modalidad utilizada es el sicariato y, a pesar de que no se ha desarrollado una investigación seria que determine la responsabilidad material e intelectual, hay suficientes indicios para presumir que tras buena parte de estos hechos se encuentran sectores interesados en boicotear el proceso de reforma agraria que viene adelantando el Gobierno Nacional.

El más reciente caso ocurrió el pasado 19 de marzo de 2005, en la población de Santa Bárbara, Edo. Barinas, donde fue asesinado Luis Enrique Pérez, integrante de la cooperativa “Agualinda 6”, la cual esperaba el decreto final para obtener la legalidad de las tierras del Hato “Agualinda”, solicitadas al Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Según el Foro por la Vida, “los hechos de violencia ocurridos en el campo venezolano reflejan una ineficiente política de seguridad y ponen en evidencia una responsabilidad estatal por omisión. Si bien altos funcionarios públicos han expresado su preocupación por estos sucesos, las meras declaraciones resultan insuficientes. Se requiere una política que facilite las investigaciones, garantice protección a los campesinos y sus líderes y, en general, el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el campo”.

Igualmente resultan preocupantes, para el Foro por la Vida, los limitados avances que el Ministerio Público (MP) y los órganos de investigación lograron para establecer responsabilidades e iniciar los procesos penales correspondientes. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos exigen a los distintos entes y órganos del Estado “acelerar y mejorar las investigaciones sobre los asesinatos ocurridos, establecer responsabilidades y sancionar a los culpables”.

En otras oportunidades el Foro por la Vida señaló que “la seguridad ciudadana es un derecho de la población y, por tanto, una obligación estatal que no puede ser privatizada”. Por ello, “rechaza la iniciativa planteada por distintos voceros públicos, en el sentido de entrenar y armar al campesinado para delegarles esta tarea estatal. Tal propuesta es ilegal, además de contraproducente para los fines buscados, pues puede conducir a la constitución de grupos paramilitares que incrementarían y diversificarían las formas de violencia ya establecidas”.

“El Estado debe conservar el monopolio de la fuerza pública y hacer un uso adecuado de ella en beneficio de la población”. Para ello, el Foro por la Vida considera forzoso e imperioso y con carácter de urgencia que el Ejecutivo Nacional convoque y escuche la opinión y recomendaciones de las organizaciones campesinas y de derechos humanos, , para diseñar una política de seguridad pública que, en lo inmediato, garantice una adecuada seguridad en el campo venezolano, de acuerdo con lo establecido en la constitución y tomando especialmente en cuenta la vulnerabilidad del sector campesino en esta materia.

El comunicado de Foro por la Vida fue suscrito por las siguientes organizaciones:

Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP)
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Red de Monitores Populares de Derechos Humanos del Estado Táchira
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)