La Colombia è il paese dove sono stati uccisi il maggior numero di difensori dei diritti umani

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José Humberto Torres Díaz, licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, lleva más de 25 años luchando por los derechos humanos en su país, Colombia. Está convencido de que los frutos de su lucha por el respeto de los derechos humanos serán cosechados por las generaciones futuras y anuncia que piensa seguir con su trabajo hasta el final de sus días, a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido y que le han llevado a abandonar su país.
A través de sus palabras nos acercamos a la situación actual de Colombia, donde hay más de 30 millones de pobres y 14 millones de personas que viven en miseria extrema, y un conflicto armado de más de 40 años. Amnistía Internacional denuncia los abusos continuados contra los derechos humanos perpetrados por todas las partes y agentes implicados en este conflicto: ejército, paramilitares y “guerrilla”, así como la necesidad de las víctimas a la verdad, justicia y reparación y que los responsables de abusos contra los derechos humanos y otros crímenes comparezcan ante la justicia.

¿Cómo resumiría el conflicto armado colombiano?

Es el resultado de las profundas desigualdades políticas, económicas y sociales que de antaño subsisten en el país. Es un conflicto armando interno político-militar entre un Estado que persiste en la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos y una insurgencia que por más de cuatro décadas ha utilizado las armas como vía para el ascenso al poder político. Un conflicto armado interno que tiene como víctima principal a la población civil.

¿Cuál es la situación hoy?

Para mostrarse partícipe de la denominada lucha mundial contra el terrorismo, el presidente Álvaro Uribe pretende desconocer la existencia del conflicto armado interno, sosteniendo que en Colombia hay una amenaza terrorista. Esta visión de la realidad colombiana genera consecuencias negativas para la población civil: en lo humanitario, lo político, lo jurídico, lo económico y lo social. Si se niega la existencia de un conflicto armado no hay razón para la negociación política y si no hay negociación política, para qué hablar de mediación de la comunidad internacional. Pero sobre todo, eso genera consecuencias humanitarias: si no hay conflicto armado no hay crisis humanitaria, y sin crisis humanitaria no se precisa ayuda de la comunidad internacional.

¿Cuáles son las características de la guerrilla?

Después de la desintegración y reincorporación a la vida civil (en los años 50) de los grupos de resistencia armada del Partido Liberal, la violencia reapareció, esta vez en la década de los 60 con la conformación de las guerrillas revolucionarias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas), el ELN (Ejército de Liberación Nacional de Colombia) y el EPL (Ejército Popular de Liberación) integradas inicialmente por campesinos y militantes de izquierda [estudiantes, médicos, abogados etc,]. Hasta 1990 existieron varios grupos armados. Bajo la presidencia de César Gaviria, se celebró un acuerdo de paz con varios grupos y algunos de sus miembros se integraron en la vida política colombiana con asiento en el Congreso. Hoy continúa un grupo muy grande, las FARC, con al menos 16.000 miembros, y otro como el ELN, con al menos 4.000, aunque fuentes no oficiales dicen que el número total puede ser incluso del doble.
Mi trabajo a favor de los derechos humanos de los prisioneros políticos me ha permitido conocer muy de cerca algunos de sus planteamientos con lo cual, podría afirmar que aún mantienen el ideario político, que existe en sus integrantes una conciencia y una formación política, que persisten en la toma del poder, en la construcción de un modelo político, económico y social distinto al del capitalismo y sueñan con la instauración de un gobierno donde la democracia no sea una simple suma de votos.

¿Cuáles son las posibilidades de negociación con la “guerrilla”?

El camino hacia una solución política al conflicto armado no es sencillo. Varios son los intentos que los gobiernos de turno han hecho para lograr soluciones negociadas; sin embargo, han fracasado en el intento, especialmente con las guerrillas de las FARC y el ELN.
Por eso han insistido en el tema de los acuerdos humanitarios, en la salida política negociada al conflicto armado y no en la salida militar. Si bien antaño otros gobernantes propugnaron una salida política al conflicto armado, el actual gobierno no lo ve así. El único camino que propone es la rendición o la derrota militar de las guerrillas. El gobierno de Uribe carece de una política de negociación con la insurgencia, incluso en el tema de acuerdos humanitarios.

¿Por qué el Gobierno negocia con los paramilitares?

Por la complejidad de la situación hay que diferenciar muy bien entre lo que son actores del conflicto y partes del conflicto. Las partes en conflicto son Estado colombiano y la insurgencia agrupada en las FARC y el ELN, únicamente. Actores del conflicto como los paramilitares son a su vez parte de una de las partes. Por tanto, no existe una negociación entre el gobierno y los paramilitares. A mi juicio, lo que hay son unas conversaciones entre actores a los que les unen objetivos comunes: derrotar a la insurgencia, legitimar el proyecto paramilitar, favorecer la impunidad y legalizar los dineros del narcotráfico.

¿Hay sensibilización por parte de los medios de comunicación?

El presidente Uribe es un presidente mediático. La forma de manipular las encuestas de “favorabilidad” en los medios de comunicación demuestra que los medios de información se han convertido en una estrategia del gobierno, en un arma de guerra. Desde la desinformación y a grandes titulares se ganan, en el papel, las batallas políticas y militares contra la insurgencia. A través de los medios de comunicación se intenta demostrar a la opinión pública internacional que Uribe está ganando la guerra. La prensa no es ni independiente ni imparcial con lo cual le han hecho un flaco favor a la democracia y a los derechos humanos. No hay que olvidar que en Colombia, como en otras partes del mundo, los medios de comunicación están en manos de los grandes monopolios y los periodistas tienen que decir lo que sus dueños quieren.

¿Cuál es su opinión respecto al apoyo de Europa al actual gobierno colombiano?

Los defensores de los derechos humanos estamos muy preocupados por el apoyo casi incondicional que muchos gobiernos democráticos europeos, sobre todo el español, han dado al presidente Uribe; hasta el punto de no exigirle el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos intergubernamentales de derechos humanos. Me preocupa que en esa competencia con Estados Unidos por controlar los mercados de América Latina se dé preferencia a los acuerdos comerciales con los países y no a cuestiones de derechos humanos. Lo que está ocurriendo en la Unión Europea, en relación con la situación de derechos humanos en Colombia, es muy grave. Hemos perdido un gran aliado en la comunidad internacional para el cumplimiento de los derechos humanos.

¿Cuál es la importancia de la pobreza en el conflicto?

A la paz en Colombia no se llega sólo con el silenciamiento de los fusiles. La gente que padece diariamente la miseria y el hambre puede crear mañana un ejército mayor al que se ha reinsertado. La tremendas desigualdades sociales existentes son el combustible del conflicto. El gobierno se ha equivocado, creyendo que la paz es un problema de orden público. El problema es de redistribución equitativa de la riqueza. La paz tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y mientras esas necesidades sigan existiendo siempre habrá conflicto: social o armado.

¿Cuál es la situación de los defensores de Derechos Humanos en Colombia?

Desde que Uribe llegó al poder hace más de tres años, al menos han sido asesinados 33 defensores de derechos humanos. Uribe ha dicho que nosotros somos sus enemigos, que somos amigos del terrorismo. En 2001 afirmó públicamente que nosotros éramos amigos de los terroristas, aunque posteriormente en la prensa haya declarado que hay que respetar nuestro trabajo. Es en Colombia donde más defensores de derechos humanos han sido asesinados.