Colombia: rischio di impunità per i paramilitari

Adital - Mientras el Congreso colombiano debate el Proyecto de Ley que debe proporcionar un marco legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales en el país, organismos de derechos humanos se preocupan con la impunidad que esto puede significar. Si aprobado el Proyecto de Ley de Justicia y Paz, es posible que las víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familiares no lleguen nunca a conocer la verdad sobre los delitos cometidos contra ellos ni a ver a los responsables de esos delitos ante la justicia. La evaluación es de la Amnistía Internacional.

"El proyecto de ley no cumple las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; además, agravará el problema endémico de la impunidad en Colombia, y entraña el peligro de que los paramilitares desmovilizados se reintegren en el conflicto armado", afirma la entidad.

En virtud del proyecto de ley propuesto, los combatientes que se desmovilicen recibirán beneficios como penas de prisión reducidas de cinco a ocho años, incluso aunque estén implicados en abusos graves contra los derechos humanos, tales como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Un combatiente desmovilizado puede proporcionar información sobre delitos que ha cometido o presenciado, pero, en virtud de la nueva legislación propuesta, no hay ningún incentivo para que lo haga, ya que no perderá ninguno de sus beneficios si más tarde se descubre que ha mentido en las declaraciones realizadas ante las autoridades durante su desmovilización.

Para Amnistía, los grupos paramilitares mantienen un control político, económico y social en muchas partes del país. Si el gobierno colombiano realmente quiere desmantelarlos, debe asegurarse de que los paramilitares colaboran plenamente con las autoridades judiciales; esta colaboración debe incluir: proporcionar información sobre los delitos que ellos y otros combatientes han cometido, sobre los bienes que han adquirido a consecuencia de sus actividades, sobre la naturaleza del grupo al que pertenecen y sobre el respaldo que, durante décadas, las fuerzas de seguridad y otros agentes tanto estatales como particulares les han prestado en las violaciones de derechos humanos que han cometido.

El proyecto de ley tampoco incluye medidas para garantizar que los combatientes se desmovilicen realmente. Y también tampoco garantiza el derecho de las víctimas a la reparación, un derecho que, según las normas internacionales, debe incluir garantías de no repetición. No garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia y que los combatientes no se reintegren en el conflicto, podría facilitar la repetición de esos abusos.

Los paramilitares, que a menudo actúan en colaboración con las fuerzas de seguridad, son responsables de la mayoría de las matanzas, las "desapariciones" y los casos de tortura y desplazamiento forzado. En diciembre de 2002, se les han atribuido más de 2.200 homicidios y "desapariciones" de civiles. El gobierno colombiano inició las conversaciones sobre desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en diciembre de 2002. Las AUC acordaron desmovilizar sus hasta 20.000 combatientes para finales de 2005. Hasta el momento, según los informes, se han desmovilizado más de 5.000 paramilitares.