Bolivia: gli sviluppi dello scontro sociale

A esa marcha, se unían grandes grupos que se incorporaron a lo largo de la carretera, se adhirieron en El Alto y llegaron desde Yungas. También participaban organizaciones sociales de La Paz. El cabildo colmó la Plaza San Francisco. Los cabildantes emplazaron al Congreso Nacional para que convoque de inmediato a la Asamblea Constituyente y aprobara las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos.

La geografía convulsionada

Toda la extensión de Bolivia se halla por sobre la línea del Trópico de Capricornio; debía ser un país totalmente tropical. De hecho, gran parte de su territorio forma parte de esa inmensa meseta que riegan el Amazonas y sus caudalosos afluentes. Pero, una buena parte de su población se concentra en las partes occidental y central, que tiene una geografía escarpada y climas que van de templado a frío.

Aunque Bolivia es conocida como “país andino de ciudades colgadas de la montaña y rodeadas de nieves eternas”, lo cierto es que la ciudad Santa Cruz, que actualmente ostenta el primer lugar de concentración urbana, se halla a menos de 500 metros de altura sobre el nivel del mar, su temperatura promedio anual se acerca a los 30° centígrados y goza de una abundante vegetación tropical. Por supuesto, sus habitantes son campechanos en sus costumbres y fogosos en sus definiciones.

La otra ciudad densamente poblada es La Paz, sede del gobierno nacional, enclavada a 3.600 m.s.n.m. Sus límites urbanos se confunden con los de la ciudad de El Alto a 4.000 m.s.n.m., que rodea el aeropuerto internacional de La Paz y es atravesada por la carretera que une la sede gubernamental con el resto del país. Hay una íntima rivalidad entre ellas, por el carácter reservado de sus habitantes –más notorio en El Alto- y de una compartida persistencia en sus resoluciones.

Los temas económicos y políticos que delinean el acontecer de los últimos 20 meses, se desarrollan en estos escenarios.

Las tensiones aumentan

Así, mientras en El Alto se mantenía un paro cívico indefinido y la ciudad de La Paz se paralizaba por las marchas y concentraciones de varios sectores, el Comité Cívico pro Santa Cruz lograba reunir a sus similares de Tarija, Beni y Pando, tratando de reeditar lo que, hace un año, se llamó “la media luna”, en un intento gráfico por aislar a los distritos del valle y el altiplano, donde se concentra el grueso de la población nacional.

Los comiteístas se proponían –este martes 24- lograr que su autoconvocatoria tenga el refrendo de sus pares interesados en el aislamiento de los distritos centro-occidentales. Mientras tanto, en La Paz y El Alto se demandaba, ya no la modificación de ciertos artículos de la ley de hidrocarburos, sino la nacionalización de estos recursos y la expulsión de las trasnacionales, además del cierre del Parlamento y la renuncia del presidente Mesa. En este caso, parecían encontrarse los extremos. De un lado se busca la división del país con el sólo objetivo de imponer un referéndum que implante la autonomía de los departamentos antes que la Asamblea Constituyente señale el carácter que debe tener ésta. Del otro, se pretende la disolución de los poderes del Estado con la idea confusa de que, una Asamblea Constituyente, hará surgir un nuevo país de estas cenizas. Que esta actitud destructiva es consciente o no, es materia de innumerables debates en los medios de comunicación, los círculos políticos y cuanta tertulia se produce.

Las tensiones se agudizan porque, en concierto con tales actitudes, el gobierno no toma decisiones y el parlamento cumple un receso, a cuenta de muchas razones, pero esencialmente porque no halla acuerdos en su interior y teme volver a mostrar las duras fricciones que ocurrieron la semana anterior.

Propuestas desoídas

Cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) presentó su propuesta para una Ley de Hidrocarburos, la diseñó sobre la base de establecer la recuperación de la propiedad de este recurso, la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B), el reconocimiento del derecho de los pueblos originarios a preservar el medio ambiente y un beneficio adecuado para el país mediante la fijación de una regalía consistente en el 50% de la producción.

El largo debate que se generó en el Congreso Nacional incluyó esa propuesta, junto a las de otros partidos políticos, pero esencialmente se hizo sobre el proyecto presentado por el gobierno. El texto que se elaboró en la Comisión de Desarrollo Económico fue resultado del intercambio de opiniones de las distintas bancadas, pero principalmente con los personeros del ejecutivo.

La ley que finalmente fue promulgada por el presidente del Congreso, dado que el presidente de la república decidió no hacerlo, fue un documento que tenía tanto de una como de otra propuesta, aunque se haya difundido la imagen de que se trata de “la ley del MAS”. De hecho, el elemento central –la definición de los beneficios- dista mucho del planteamiento hecho por este movimiento.

Pero además, en la revisión hecha por el Senado, antes de su aprobación, se recortó atribuciones al gobierno para fijar precios a los hidrocarburos y facultades a Y.P.F.B para operar por sí sola. Con estos elementos claramente definidos, la ley pudo haber satisfecho las mínimas exigencias populares. No fue así y el hecho desató una serie de exigencias largamente retenidas por los diversos sectores, esperando que la nueva Ley de Hidrocarburos abriese el camino de solución para sus problemas.

Todo parece indicar que, si en principio se hubiese aceptado la proposición del MAS –50% de regalías-, no se habría producido la reacción que hoy vivimos. La derecha, rearticulada tras los comités cívicos, no habría tenido ocasión de hacer sus planteamientos de confrontación ni los sectores radicalizados habrían podido reflotar sus demandas que fueron descartadas con los resultados del referéndum energético, en julio de 2004.

Sumas que dividen

Los conflictos están aumentando cada día. Mientras los marchistas organizados por el MAS demandan la complementación de la ley de hidrocarburos y la inmediata convocatoria a Asamblea Constituyente, los vecinos de El Alto proclaman nacionalización del recurso, cierre del parlamento y renuncia del presidente. A esto se agrega la no menos agresiva decisión de los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando de autoconvocarse a referéndum autonómico, exigiendo que el congreso ratifique esa demanda.

A la vez, los maestros están en huelga general demandando aumento salarial, lo mismo que los trabajadores en salud. Los trabajadores de AASANA, que atiende los aeropuertos del país, anunciaron que pararán en cualquier momento. Los médicos están en apronte para declararse en huelga por sus propias reivindicaciones. Por supuesto, todos ellos, levantan la bandera de la demanda por los hidrocarburos en diversa intensidad.

Sumando conflictos, la situación ha alcanzado el grado de ebullición. La mañana de este miércoles 25, un par de oficiales del ejército lanzó una declaración propiciando la entrega del gobierno a una junta cívico-militar. La reacción de los sectores movilizados fue de rechazo unánime; el alto mando militar se vio obligado a convocar a una conferencia de prensa, en la que ratificaron su sometimiento a la constitución y la defensa de la democracia. No obstante, el peligro de una salida golpista ha quedado flotando en el ambiente.

Se baraja otra alternativa, como la sucesión constitucional, que recaería en el actual presidente del congreso, el senador Hormando Vaca Díez, quien no despierta simpatías en ningún sector. Dirigente del MIR que encabeza el ex presidente Jaime Paz Zamora, es oriundo de Santa Cruz y la opinión pública destaca su ligazón con los sectores oligárquicos de aquella región. Se afirma que, tal sucesión, no sería otra cosa que un golpe de Estado revestido de formalidad constitucional.

La posibilidad de una elección anticipada es sustentada por algunos grupos. En general, los partidos tradicionales, duramente castigados al producirse la caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entienden que no tendrían opción en una confrontación de ese carácter. Empero, estiman que el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga sería una carta de triunfo, aunque la verdad es que no está presente en el país, lo cual le quita muchos puntos.

La peor alternativa, por supuesto, sería el enfrentamiento de dos bloques regionales, con el peligro de una guerra civil. La persistencia de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija, apoyados por algún otro, podría derivar en esa situación que sólo podría ser conjurada con un gran esfuerzo al que debieran contribuir los países de la región.

Desbordes de la situación

No parece que tal situación pueda contenerse indefinidamente en los límites del país. Sus repercusiones están alcanzado a los vecinos. Muy preocupados, los gobiernos de Brasil y Argentina, han enviado altos funcionarios, que quieren contribuir a una solución que despeje la recargada atmósfera política. Mientras tanto, intereses de otros países, a buen seguro, tienen enviados que están trabajando para situarse adecuadamente en cualquier salida que se produzca en los próximos días.

Pero, por otra parte, no hay razón para esperar que las soluciones vengan de fuera. La salida pasa, en forma inequívoca, por la unidad de los sectores populares. Eso permitirá definir claramente los objetivos de esta parte mayoritaria de la sociedad y, al mismo tiempo, parar las pretensiones de los grupos oligárquicos que buscan provocar el caos, como caldo de cultivo de sus mezquinas pretensiones.