America Latina : gli indigeni nell' "asse del male"

En Estados Unidos existe ”una percepción sobre los pueblos indígenas como un factor de desestabilización y terrorismo”, que contribuye a que en algunos gobiernos latinoamericanos se opere una ”criminalización de sus demandas”, dijo a IPS el abogado José Aylwin, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco (670 kilómetros al sur de Santiago).

Pedro Cayuqueo, director del periódico mapuche Azkintuwe, también de Temuco, escribió que el ”irredentismo indígena” latinoamericano y el radicalismo islámico son considerados amenazas a la seguridad y a la hegemonía de los Estados Unidos en el projecto ”Global Trends 2020 -Mapping the Global Future” (Tendencias globales 2020- Cartografía del futuro global), redactado por el Consejo Nacional de Inteligencia de ese país.

Este consejo, conocido como NIC por sus siglas en inglés, trabaja con 13 organismos estatales, incluyendo a la CIA (Agencia Central de Inteligencia), y se asesora con expertos estadounidenses y de otros países.. Su informe es ”un verdadero escáner contrainsurgente” para escenarios prospectivos hacia el año 2020, según Cayuqueo.

Como parte de los insumos de su informe, NIC organizó 12 conferencias regionales en todo el mundo, una de ellas en Santiago, en junio de 2004.

La emergencia indígena y el refuerzo de las identidades étnicas, apuntó el periodista, pasan en esa perspectiva a ser objetivos de la ”ingeniería militar de la llamada guerra de baja intensidad, un remozado esquema de la Doctrina de Seguridad Nacional”, matriz de la intervención estadounidense en América Latina desde los años 60 hasta el fin de la guerra fría en 1991.

La problemática indígena aparece así integrada a lo que Estados Unidos vislumbra como amenazas futuras a su hegemonía, tal como la inclusión de tres países en el ”eje del mal” (Iraq, Irán, Corea del Norte), fue un adelanto de guerras e invasiones por venir.

Las aprensiones atribuidas al NIC suscitaron diversas reacciones en líderes indígenas y expertos consultados por IPS y, del mismo modo, tienen grados diferentes de aplicación de acuerdo a la naturaleza y volumen de los conflictos étnicos en los países de la región y su posible relación con otros factores de ”inestabilidad” en la mira de Washington.

La subregión andina es el área más candente por el protagonismo político de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, pero también por la incidencia en el mundo aborigen de fenómenos como el conflicto armado interno y el narcotráfico, sobre todo en Colombia, aunque también con expresiones en Perú y la propia Bolivia.

Siempre en torno a Los Andes, organizaciones mapuches del sur de Chile y de Argentina radicalizaron en los últimos años sus demandas de tierras y exigen formas de autonomía y resguardos de su cultura y su entorno ambiental, amenazados por inversiones mineras y forestales, a menudo de empresas transnacionales favorecidas por los gobiernos.

”Las naciones indígenas y originarias ejercen y conservan una profunda esencia democrática en su organización y decisiones, pero las transnacionales son responsables de promover la exclusión de los grupos mayoritarios y empujan a la violencia que podría traducirse en la lucha armada”, dijo a IPS en Bolivia el líder aymara Juan de la Cruz Vilca.

En Bolivia, 70 por ciento de los 9,2 millones de habitantes se identifican con pueblos autóctonos, y el movimiento indígena reivindica hoy junto a otros sectores la convocatoria de una Asamblea Constituyente para ”refundar la república” y reconocer la autodeterminación de unas 36 naciones originarias, agregó de la Cruz Vilca.

El ex presidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, acusó a las empresas petroleras extranjeras de promover las demandas de autonomía de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, departamentos de la región oriental donde están las ricas reservas de gas natural del país.

”Tras ese movimiento se esconde un plan orientado a generar la reacción violenta de los sectores indígenas para justificar una intervención militar externa”, aseveró.

”La visión de que los indígenas somos una amenaza es cierta desde el punto de vista de ciertos poderes políticos y económicos. Nos ven como terroristas, pero no lo somos, pues nuestra lucha es abierta, legal y legítima”, apuntó a su vez Ricardo Díaz, diputado indígena boliviano del izquierdista Movimiento al Socialismo.

Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo a IPS que informes como el del NIC ”responden a una mirada excluyente del mundo, como la que tiene el gobierno de Estados Unidos y defienden ideológicamente intelectuales como (el escritor peruano) Mario Vargas Llosa”.

Se estima que 40 por ciento de los casi 13 millones de ecuatorianos son indígenas. La Conaie tiene como brazo político a Pachakutik (Movimiento de Unidad Plurinacional Nuevo País), que en 2002 acompañó en sus siete primeros meses al gobierno de Lucio Gutiérrez, depuesto de su cargo el pasado 20 de abril.

”Si no existiese la Conaie, que encauza la lucha indígena de forma pacífica, la pobreza en que viven nuestras comunidades y el pueblo ecuatoriano en general podría ser caldo de cultivo para el surgimiento de organizaciones que quisieran cambiar la realidad social de forma violenta, pero eso no ha ocurrido”, explicó Macas.

”No somos una amenaza para el mundo y tampoco para ellos (Estados Unidos). Al contrario, somos una esperanza, una alternativa que tiene el género humano”, apuntó Feliciano Valencia, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, al suroccidente de Colombia.

Los chamanes ”lo habían advertido, que se venían tiempos muy difíciles, que hay una nube negra sobre nuestros territorios y que eso presagiaba muchas desgracias”, comentó a IPS el dirigente, para quien en Colombia ya se aplican políticas de persecución a los movimientos sociales e indígenas que se adelantan al ”Global Trends 2020”.

El pueblo nasa, al cual pertenece Valencia, cuenta con unos 150.000 comuneros y es la segunda etnia mayoritaria de Colombia, donde existen 90 pueblos indígenas que suman cerca de dos por ciento de la población de 42,3 millones de habitantes del país.

Aunque la Constitución de 1991 dio autonomía a los indígenas en sus resguardos (reservas territoriales) ésta no se cumple por las ocupaciones continuas de tierras de militares y grupos armados, señaló el dirigente, quien también denunció las fumigaciones sobre cultivos de coca y amapola y la explotación de recursos naturales como otras formas de atropellos a los pueblos originarios.

El viceministro de Planificación de Chile, Jaime Andrade Huenchucoy, principal encargado gubernamental de asuntos indígenas, dijo a IPS que en su país no hay situaciones que configuren un cuadro de desestabilización o terrorismo como el del informe del NIC.

José Santos Millao, uno de los consejeros mapuches de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile, comentó a IPS que los servicios de inteligencia estadounidenses atribuyen ”suspicaz o tontamente” tendencias terroristas a la rebeldía de los pueblos autóctonos para tergiversar sus legítimas demandas.

En Chile, 6,4 por ciento de la población de 15,2 millones se identifica como indígena en seis etnias, aunque otros cálculos elevan su incidencia real a 10 por ciento, mientras en la vecina Argentina los pueblos originarios comprenden entre 1,5 y dos millones en una población de 37 millones. En ambos países la etnia mayoritaria es la mapuche.

Los conflictos comenzaron con la llegada de las transnacionales para explotar minerales, hidrocarburos, bosques y recursos acuíferos. ”Estados Unidos intenta que la reacción del pueblo mapuche de defensa de la tierra sea un problema de seguridad interior de nuestros países”, indicó a IPS Mauro Millán, líder de la Organización Mapuche Tehuelche de Argentina.

En declaraciones a IPS, Rafael González, portavoz del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, apuntó que ”luego del 11 de septiembre (de 2001) y los atentados (en Nueva York y Washington) a todos los que criticamos el sistema establecido se nos compara con terroristas” por parte del gobierno de George W. Bush.

Para el antropólogo Pedro Ciciliano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el proyecto del NIC es exagerado y contiene errores propios de la inteligencia de Estados Unidos con base en informaciones sesgadas.

”Los indígenas pueden ser considerados una amenaza, pues están pobres y empujan por sus reivindicaciones, pero no representan un peligro terrorista”, dijo a IPS el antropólogo, quien destacó el papel negociador que ejerció en México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras su irrupción en 1994, y ”que no interviene desde hace tres años en política”.

En Brasil, donde 400.000 indígenas representan 0,2 por ciento de la población, es absurdo atribuir a sus reclamos connotaciones desestabilizadoras, dijeron a IPS Jairo da Silva, vicecoordinador del Consejo Indígena del estado de Roraima, norte del país, y Paulo Maldós, asesor político del Consejo Indigenista Misionero, vinculado a la Iglesia Católica.

Para Maldós, los indígenas latinoamericanos viven una ”reconstrucción étnica”, incluso en países como Chile, lo cual se explica porque el descenso del movimiento obrero ha sido reemplazado por un protagonismo en el campo, como en Bolivia, donde los mineros, antaño fuertes, son sustituidos hoy por los campesinos cultivadores de coca.

En cuanto a la diversidad étnica, ”lo que verdaderamente desestabiliza es la actitud cerrada de algunos estados, como el chileno, de no reconocer esa plurietnicidad y no generar mecanismos que permitan que se exprese”, apuntó el abogado Aylwin.

”Un estado que da cuenta de esa etnicidad y la reconoce estableciendo para los pueblos indígenas derechos políticos y territoriales que les permitan desarrollarse como tales, tiene mucho menos problemas de estabilidad que los estados que niegan esa realidad”, subrayó el especialista.