Guatemala: scandalosa impunità per chi ha assassinato donne e bambini

María Isabel, de 15 años, fue secuestrada en la ciudad de Guatemala la noche del 15 de diciembre de 2001. Su cuerpo apareció pocos días antes de Navidad. Según su familia, había signos de violación, le habían atado manos y pies con alambre de púas, la habían apuñalado y estrangulado y después la habían introducido en una bolsa. Tenía la cara desfigurada por los golpes y el cuerpo lleno de pequeños agujeros. Llevaba una cuerda alrededor del cuello y tenía las uñas dobladas hacia atrás.

Pese a algunas investigaciones iniciales, los responsables del asesinato de María Isabel siguen en libertad. "La ausencia de investigaciones y de fallos condenatorios adecuados en casos de homicidios de mujeres y niñas en Guatemala transmite el mensaje de que en este país la violencia contra las mujeres es aceptable”, afirma Amnistía Internacional (AI) en su último informe.

Impunidad

Según las autoridades de Guatemala, entre los años 2001 y 2004 fueron asesinadas 1.188 mujeres y niñas. Aunque según otras fuentes, el drama de las cifras podría ser mucho mayor.

La verdadera dimensión de los homicidios de mujeres en Guatemala sigue siendo desconocida, lo que pone de relieve la escasa atención que prestan las autoridades guatemaltecas a este asunto. A menudo la violación y otros delitos de violencia sexual son casi invisibles debido a la ausencia de datos estadísticos fiables sobre las cifras y las circunstancias de los homicidios de mujeres.

La mayoría de las víctimas murieron en circunstancias excepcionalmente brutales. Hay datos que indican que la violencia sexual, y en concreto la violación, es un fuerte componente que caracteriza muchos de estos homicidios, aunque a menudo esto no se refleja en los registros oficiales.

Hasta la fecha, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, sólo se ha investigado el 9% de los casos. La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público manifestó que en el 28 por ciento de los 152 casos investigados entre enero y agosto de 2004, las víctimas habían sufrido agresión sexual y en el 31 por ciento habían sido amenazadas previamente. Sin embargo esa misma Fiscalía y la sección especial de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron de que el 40 por ciento de los casos se archivaban y no se investigaban jamás.

En febrero de 2004, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer conoció que dicha sección disponía para su funcionamiento de 20 investigadores, divididos en cinco grupos y se calculaba que cada investigador tenía 20 casos pendientes. De esta forma, es casi imposible garantizar justicia para las víctimas; así como verdad y reparación para los familiares.

Abusos durante medio siglo

En varios casos, la mutilación y desfiguración a que habían sido sometidos los cuerpos recordaba los homicidios que se cometían durante el conflicto armado interno. Según las investigaciones encargadas para el esclarecimiento de la Memoria Histórica, de las 200.000 personas que se calcula que “desaparecieron” o fueron ejecutadas extrajudicialmente durante el conflicto armado interno de Guatemala, que se prologó da lo largo de 36 años, hasta la firma de los acuerdos de paz auspiciados por la ONU en 1996, la cuarta parte fueron mujeres.

Estos datos permiten afirmar que las violaciones y la violencia sexual eran parte integrante de la estrategia de contrainsurgencia; por lo que las mujeres y niñas guatemaltecas llevan sufriendo abusos durante casi medio siglo.

Mujeres jóvenes y de escasos recursos

La mayor parte de las víctimas han sido amas de casa, estudiantes y profesionales de diversas áreas. Muchas procedían de sectores pobres de la sociedad, trabajaban en empleos mal remunerados como empleadas domésticas o en comercios o fábricas. Algunas eran trabajadoras inmigrantes llegadas de países vecinos de Centroamérica, otras eran miembros o ex miembros de bandas juveniles y trabajadoras de la industria del sexo. La mayoría tenía entre 13 y 40 años.

La mayor parte de los asesinatos se ha cometido en zonas urbanas que en los últimos años también han sufrido un espectacular aumento de la delincuencia violenta, vinculada muchas veces al crimen organizado o a las actividades de las bandas juveniles callejeras conocidas como "maras".

Responsabilidad de las autoridades

AI destaca que, en el centro de la crisis de derechos humanos que afrontan las mujeres del país, está la discriminación, que caracteriza incluso la respuesta de las autoridades.

Algunos funcionarios califican a las víctimas de ‘miembros de bandas’ o ‘prostitutas’, lo que refleja una gran discriminación hacia ellas y sus familias. Estas actitudes suelen influir en la forma en que se investigan y documentan los casos, e incluso la decisión de si se investigan o documentan.

"La inacción y la autocomplacencia de las autoridades han intensificado el sufrimiento de las familias, cuyas peticiones para que se hagan investigaciones adecuadas suelen encontrarse con el silencio”, afirman desde AI.

Los organismos oficiales que intervienen en las investigaciones han afirmado que el 40% de los casos se archiva sin más. La falta de formación en técnicas de investigación –que incluye que no se proteja el escenario del crimen ni se recaben las pruebas forenses o de otro tipo necesarias, así como no hacer un seguimiento de pruebas posiblemente cruciales–, la falta de recursos técnicos y la falta de coordinación y de colaboración entre las instituciones del Estado significa que muchos casos nunca hayan pasado de la fase de investigación inicial.

El primer paso atajar un problema de esta envergadura es condenar los secuestros y asesinatos de mujeres y niñas, ordenar investigaciones eficaces, dotar de recursos a los organismos competentes, establecer mecanismos de búsqueda y emprender campañas de ‘tolerancia cero’ ante estos abusos. “Sólo así podremos detener este escándalo de derechos humanos que se ha cobrado demasiadas vidas y que sigue cobrándoselas ante la falta de medidas de las autoridades”.