Brasile: il paese della violenza

Una estadística que avergonzaría a cualquier país. En 2003, por cada grupo de 100 mil habitantes de Brasil, fueron registradas 29 muertes por homicidio - en 1980, el número era mucho menor: 11 por cada 100 mil habitantes. El homicidio ya es la principal causa de muerte entre los hombres en la banda etaria de 15 a 39 años.

La falta de seguridad de la mayor nación de América Latina aparece en Radar Social, un documento producido por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea), que trae un resumen de las acciones del Gobierno Federal en el enfrentamiento de problemas en seis áreas diferentes. Después de abordar los temas trabajo, renta, salud y vivienda, Adital enfoca, ahora, los desafíos y acciones en el área de seguridad.

La entrega voluntaria de armas, eje central de la Campaña del Desarme, iniciada en septiembre del año pasado, ha sido una de las estrategias utilizadas por el gobierno brasileño para reducir el número de asesinatos. A través de la campaña, la población fue incentivada a entregar armas mediante el pago de indemnizaciones de hasta R$ 300. De acuerdo con Radar Social, fueron recolectadas, en la primera etapa de la campaña, más de 218 mil armas y hubo una disminución en el número de asesinatos. En el Estado de San Pablo, por ejemplo, esa reducción llegó al 18% y en la Región Metropolitana de Curitiba (estado de Paraná) al 27%.

Para volver más eficientes las acciones de los órganos públicos de seguridad y justicia criminal, el Gobierno Federal pretende integrarlos nacionalmente. Para conseguirlo, está implantando el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), programa que actúa en seis frentes: implementación de estructura física, re-equipamiento, formación profesional, gestión del conocimiento, prevención y represión calificada. En 2004, el gobierno entregó a los estados, según el relevamiento del Ipea, cerca de 4.200 vehículos para ser utilizados como patrullas policiales.

El crimen organizado también está en el foco de las políticas públicas de combate a la violencia. A pesar de ser difícil hacer una correlación directa entre el crimen organizado y los casos de homicidios, son altos los números de asesinatos de policías, jóvenes y consumidores de drogas. Las acciones del gobierno para reducir la violencia se concentran en la atención y protección de las víctimas y testigos de crímenes, y en programas de combate al delito y lavado de dinero.

Combatir la violencia en Brasil, también pasa por garantizar el castigo de los delincuentes. Para tener una idea, de los 1.730 asesinatos de trabajadores rurales, abogados y dirigentes sindicales y religiosos ocurridos entre 1964 y 1992, solamente el 2% de los culpables y detenidos fueron a juicio hasta 1992, según la Comisión Pastoral de la Tierra. La Reforma del Poder Judicial, aprobada en diciembre de 2004, trajo nuevas reglas que pueden volver más ágiles y confiables las acciones de la Justicia.