Venezuela: il governo accusato di ridurre la libertà di espressione e l'indipendenza del potere giudiziario

El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez ha sido acusado de promover retrocesos en materia de libertad de expresión, acceso a la justicia e independencia del Poder Judicial. Al menos esto es lo que concluye un informe elaborado por el Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap) y el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), en torno al cumplimiento por parte del gobierno venezolano al Plan de Acción de Quebec para el fortalecimiento de la democracia, aprobado por los países del continente en la Cumbre de las Américas en el año 2001.

Se concluyó en el informe que, con la excepción del tema de acceso a la información, el país cuenta con un marco constitucional y legal que garantiza los derechos ciudadanos en los demás temas. Sin embargo, en la práctica existen una serie de obstáculos y limitaciones que no permiten profundizar esta iniciativa de democracia participativa y que se reflejan en algunos resultados de la medición del nivel de cumplimiento por parte del gobierno de los compromisos adquiridos en este Plan de Acción.

Según la prensa venezolana el informe resalta limitaciones al derecho de acceso a la información por falta de leyes que aseguren su cumplimiento, la existencia de manejos discrecionales y motivaciones políticas por parte de los funcionarios estatales encargados y reservas acerca de la confiabilidad de los datos públicos que se suministran.

En materia de libertad de expresión, se plantea la preocupación de la sociedad civil por el desarrollo de jurisprudencia restrictiva (sentencias 1013 sobre la información veraz), la aprobación de nuevas leyes como la Ley de Responsabilidad Social en Prensa y Televisión y la reforma al Código Penal.

Pese a la existencia de figuras de participación como los Consejos Locales de Planificación y la contraloría social, el Cesap e Invesp concluyeron que se viene desarrollando de una manera muy lenta el proceso de apropiación de dichos espacios por la ciudadanía. El acceso a la justicia, según el informe, sigue siendo lento (un proceso dura en promedio 5 años) y restringido (hay un juez por cada 13 mil habitantes).

También se pone en tela de juicio la autonomía del sector, se cuestiona la conformación del Comité de Postulaciones del Poder Judicial, la provisionalidad en que están el 80% de los jueces, la suspensión de los concursos de selección en 2003 y de las evaluaciones en 2001.