Bolivia: un' elezione che nessuno desidera

Las elecciones generales debían realizarse en junio de 2007, para que el traspaso de gobierno se diese en agosto de aquel año. En cuanto a la cuestión de los prefectos (primera autoridad departamental) será la primera vez que ocurrirá esta elección; fue producto de un acuerdo entre el presidente anterior, Carlos Mesa, con el Comité Cívico pro Santa Cruz, en las tensas negociaciones sobre la autonomía regional. De hecho, fueron anunciadas para junio y pospuestas para agosto, pero finalmente se optó por incluirla en el paquete electoral de diciembre al definirse el adelantamiento de las generales.

Tanteando el inestable terreno, comienzan a aparecer los candidatos. A Evo Morales, no hubo necesidad de anunciarlo; todos sabemos que el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) estará presente en cualquier evento de este tipo y lo hará encabezado por su líder. En el otro extremo de la escala política, Jorge “Tuto” Quiroga tenía ya anunciada su participación; con los restos de ADN (el partido que creó el dictador Hugo Banzer) y los grupos empresariales beneficiarios del modelo de libre mercado, Quiroga intentará sostener la estructura neoliberal.

Otro empresario ha asomado en la arena, con la intención de acumular preferencias: Samuel Doria Medina. Su propuesta es remozar el modelo, dándole una cara humanitaria. La cuarta cara es la del alcalde René Joaquino que podría competir con Evo Morales, si no hay un acuerdo frentista en esta etapa.

La sinrazón electoral

A partir de octubre de 2003, se marcó una agenda de política nacional, cuyos puntos esenciales eran –siguen siéndolo- la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, la realización de un referéndum sobre política energética y la instalación de la Asamblea Constituyente. Respecto a los dos primeros apuntes, se cumplieron relativamente: la nueva Ley de Hidrocarburos no cumple con las expectativas populares y el referéndum no fue claro en la definición de políticas energéticas. De otra parte, la convocatoria a Asamblea Constituyente se postergó una y otra vez por las fricciones que se producían en el Parlamento y porque el anterior gobierno mantuvo una permanente indecisión en relación a este tema.

Por si eso no bastara, la derecha neoliberal comenzó a rearticularse (luego de su derrota, cuando Sánchez de Lozada fue desplazado del gobierno), tomando como base la reivindicación autonomista de Santa Cruz y alineándose tras el Comité Cívico de esa región, manejado por los sectores empresariales. Desde allí comenzó a demandar un segundo referéndum que, “vinculante a nivel departamental”, definiera qué regiones se gobernaban de modo autónomo y cuáles (las que votasen “NO”) se mantenían en el sistema centralizado. Esta exigencia cruzaba intencionalmente la realización de la Asamblea Constituyente; pero, además, sirvió para que la derecha plantease una confrontación –que podía derivar en enfrentamiento- entre las regiones. Fue así que obtuvieron el apoyo de otros comités cívicos con los que formaron una zona a la que llamaron “la media luna”, oponiendo ese acuerdo circunstancial al resto del país que había luchado por la Asamblea Constituyente y logrado su reconocimiento constitucional en esa intensa movilización de septiembre – octubre de 2003.

Incapaz de tomar decisiones, el entonces presidente Carlos D. Mesa Gisbert, fue deslavando su propia imagen hasta que presentó su renuncia definitiva el 6 de junio pasado. La derecha reivindicó apresuradamente su triunfo, preparándose a retomar el gobierno con la presidencia de Hormando Vaca Díez. El presidente del Senado Nacional es, según la Constitución, el segundo en la sucesión presidencial; formalmente, le correspondía asumir la jefatura del gobierno. Pero, siendo un dirigente del MIR (partido que gobernó con Sánchez de Lozada, lo mismo que en varios de los gobiernos neoliberales), los sectores sociales no admitían esta segunda transición. Lo mismo ocurría con el tercero: Mario Cossío, presidente de la Cámara de Diputados y miembro destacado del MNR.

Aquellas alternativas se barajaban en medio de una situación social que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. A fines de mayo, una marcha campesina había recorrido más de 200 kilómetros hasta La Paz, reclamando al Congreso Nacional la revisión de la nueva Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La contundencia de esta movilización permitió que otros sectores comenzaran a activar un paro en la ciudad de El Alto exigiendo nacionalizar los hidrocarburos e, incluso, llegaron a declarar la instalación de una Asamblea Constituyente de facto. Un paro en El Alto supone, automáticamente, la inmovilización de La Paz, sede del gobierno. Así, cuando el presidente Mesa renunció, se cumplían dos semanas de paro en El Alto, por lo que el desabastecimiento tenía efectos durísimos en ambas ciudades.

Vaca Díez, seguro de su proclamación como Presidente de la República, para gobernar hasta agosto de 2007, buscó el mejor escenario y eligió a Sucre, capital oficial de Bolivia y ciudad tranquila, alejada de los disturbios que se vivían en aquellos momentos. Tarde se dio cuenta de su mal cálculo, cuando aquella ciudad fue rodeada por los campesinos y una columna de mineros que llegó para repudiar la maniobra derechista, fue baleada por la policía, lo que provocó una muerte. Vaca Díez debió capitular, seguido por Cossío. La Constitución preveía una cuarta opción: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y esa fue la alternativa que se escogió.

Al asumir el mando Eduardo Rodríguez Veltzé, de acuerdo a los preceptos constitucionales, debía procederse a elegir presidente y vicepresidente para que cumpliesen el resto del periodo de gobierno. Pero, la movilización popular había focalizado su repudio en el Parlamento, de modo que no había opción: debía convocarse a elecciones generales, aunque la Constitución no lo previese. En tal situación, las demandas de Asamblea Constituyente y reajuste de la Ley de Hidrocarburos, por una parte, así como referéndum autonómico y elección de prefectos, por la otra, quedaron postergadas de hecho. La presión para desplazar a Carlos Mesa y su sustitución por Hormando Vaca Díez, se enfrentó a la decisión de no aceptar el retorno del “gonismo” (grupo de personajes y partidos en torno a Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada). El resultado fue un empate que, una vez más, postergó la convocatoria a Asamblea Constituyente, pero también dejó para después la realización del referéndum autonómico. El empate sólo podía resolverse en elecciones generales.

Las razones electorales

Puestas así las cosas, se ha ordenado un escenario distinto; ciertamente complicado, posiblemente forzado, pero indudablemente decisivo. Las elecciones generales van a definir elementos esenciales antes que se convoque a la Asamblea Constituyente. Ciertos analistas políticos, con esa displicencia que los caracteriza, no han dudado en afirmar que la campaña electoral será corta, poco costosa y cautelosa en ofertas.

Al contrario, desde mi punto de vista, la confrontación electoral será muy dura, entre un modelo fracasado que desesperadamente busca mantener sus estructuras y una fuerza mayoritaria que quiere construir un nuevo país.

Sin embargo, están apareciendo factores que pueden mediatizar esta situación. A la derecha del espectro político, “Tuto” Quiroga no logra convencer al conjunto de quienes postulan la continuidad del modelo. Doria Medina, que viene preparándose desde el año pasado, considera que puede concentrar a los sectores neoliberales descontentos con el desempeño de los anteriores gobiernos. En ese mismo campo terciaría Hormando Vaca Díez, cuyos asesores publicitarios están fabricando, apresuradamente, la imagen del hombre que renunció a su derecho constitucional para pacificar el país; su propuesta es reunir los votos de “la media luna” que, de esa forma, no tendría que optar por “un colla”. Una vez obtenida la aquiescencia empresarial, los tres dan por descontado que el dinero conseguirá los votos necesarios para su cálculo electoral. Después de las elecciones arreglarán sus diferencias, como lo hicieron desde 1985.

En el otro bando, el MAS y Evo Morales enfrentan una difícil disyuntiva: ir aliados sólo a organizaciones sociales, manteniendo su identidad política, o entrar en acuerdo con otras fuerzas políticas para asegurar el triunfo electoral. El pro y el contra de ambos caminos pueden ser debatidos largamente. Pero ya no se trata de una digresión teórica; la definición debe darse sobre hechos que ya están planteados.

Juan del Granado, alcalde de La Paz, fundó el Movimiento sin Miedo para participar en las elecciones municipales de 1999. Después de una aceptable campaña que lo situó como primera fuerza en la ciudad, con una muy relativa mayoría que lo obligó a realizar diversas alianzas para retener el ejecutivo municipal, volvió a competir en diciembre pasado para el mismo puesto, obteniendo mucho más que la mayoría absoluta. Similares comportamientos ocurrieron en varias capitales del país, al punto que los partidos tradicionales debieron resignarse a ser segundones. Montado en esa nueva realidad, Granado hizo dos jugadas consistentes: planteó al MAS una alianza estratégica sobre la base de la candidatura presidencial de Evo Morales y con la perspectiva de ser el candidato presidencial en el siguiente periodo; por otra parte, convocó y logró reunir a los alcaldes de las diez ciudades más importantes del país y los condujo a tomar posición conjunta en el nuevo escenario político. El MAS mantiene en suspenso las conversaciones con el alcalde de La Paz, resistiéndose a fundirse en un frente. En cuanto a los alcaldes, seis de ellos están dispuestos a hacer una apuesta electoral conjunta con Evo Morales a la cabeza u, optativamente, con el alcalde de Potosí, René Joaquino. Por supuesto, muchos quieren ver una mejor alternativa en esta opción que, por lo demás, alegra a la derecha deseosa, incluso, de apoyar esa propuesta.

Seguridades y riesgos

La derecha de la escena política trabaja sobre una seguridad: independientemente del número de candidatos que lleve, mantiene el acuerdo tácito de reunir sus votos a favor del candidato que, entre los tres posibles, estuviese en mejor lugar. Para esto, incluso ha lanzado una campaña favorable a la segunda vuelta. Astutamente, utiliza la demanda de mayor participación popular, para proponer que el Congreso Nacional, en este residuo de periodo que tiene hasta diciembre, apruebe una “ley interpretativa” que, de hecho, cambiaría la Constitución Política del Estado –como ya se ha hecho para convocar a elecciones generales- con el objeto de que se realice una segunda vuelta en las urnas. Esta maniobra, sólo se propone ganar simpatías en el campo popular. Pero, aunque no fuese así y la segunda vuelta se realice en el Congreso Nacional, como establece la CPE, está convencida de que sus votos parlamentarios le aseguran el mantenimiento del modelo.

En la otra banda, una candidatura unitaria tendría las mejores posibilidades. Las organizaciones sociales con las que el MAS está conversando y buscando coincidencias, al tener carácter sindical, nunca garantizarán una adhesión total de sus afiliados. Es más: varias organizaciones campesinas y de pueblos originarios, están debatiendo internamente la postura electoral que adoptarán, habida cuenta de una larga práctica de acomodamiento al candidato con mejores posibilidades, a quien posteriormente se reclamará beneficios y granjerías. Las organizaciones políticas –ya sean los partidos o las ahora llamadas agrupaciones ciudadanas- suponen una mayor cohesión de su militancia y aún de sus simpatizantes, sin que quiera decir que pueden manipular su votación. Si estas últimas, es decir los seis alcaldes que se han reunido alrededor de Juan del Granado, van por separado, podrían redefinir su posición una vez cumplido el acto electoral. En tal circunstancia, y aunque el MAS hubiese alcanzado la primera mayoría relativa, no tendría los votos necesarios, en el Congreso Nacional, para proclamar presidente a Evo Morales.

Las definiciones

El alcalde Granado, el fin de semana, emplazó públicamente a Evo Morales para que tomase una definición de incorporarse al Frente Amplio que plantea el grupo de los 6 alcaldes, como “parte fundamental” del mismo. Sin embargo, deja entrever que dicho frente seguirá construyéndose, aún con esa ausencia fundamental.

De su parte, Evo Morales participará en un ampliado nacional este fin de mes donde, además de ser proclamado candidato presidencial de su partido y de organizaciones sociales, definirá la estructura de sus alianzas. Si vencen los sectores aislacionistas, el MAS establecerá alianzas con los sectores sociales y las agrupaciones ciudadanas menores que acepten participar bajo la sigla y los colores del MAS. La postura frentista estima imprescindible llegar a una alianza con el Movimiento sin Miedo y los alcaldes reunidos alrededor de éste, pasando por alto las objeciones que pueda tenerse con relación a alguno o varios de entre ellos.

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