Colombia : la smobilitazione leggittima il potere dei paramilitari

Mediante entrevistas con numerosos paramilitares desmovilizados, el informe documenta por primera vez el mal manejo por parte del gobierno de las recientes desmovilizaciones paramilitares.

"La falta de seriedad del gobierno en su manejo de las desmovilizaciones está permitiendo que los comandantes paramilitares laven sus fortunas y legitimen su poder político," señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "Después de entrevistar a numerosos paramilitares desmovilizados, funcionarios del gobierno y otras personas involucradas, es evidente que desde sus orígenes el proceso ha sido totalmente superficial," agregó.

Casi 6.000 personas han participado en desmovilizaciones paramilitares colectivas desde 2003. Hasta abril de 2005, sólo 25 de estos individuos habían sido detenidos por las miles de atrocidades cometidas por sus grupos, considerados organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.

Paramilitares recientemente desmovilizados citados en el informe describieron abiertamente su participación en masacres, asesinatos y secuestros, y también hablaron de la muy lucrativa participación de sus grupos en el tráfico de drogas. Sin embargo, ninguno de ellos había sido arrestado por estos crímenes, o siquiera interrogado al respecto.

Como se documenta en el informe, los paramilitares desmovilizados no están confesando, entregando cantidades significativas de bienes, ni revelando información importante sobre las redes criminales y las fuentes de financiamiento de sus grupos, como parte del proceso de desmovilización. Al contrario, los paramilitares se están aprovechando plenamente del proceso para lavar sus fortunas ilegales y legitimar su control político.

En el informe de 64 páginas, "Las Apariencias Engañan: la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia," también se demuestra que las desmovilizaciones no están contribuyendo realmente a la paz. Grupos paramilitares continúan controlando áreas, tales como Medellín, donde se han producido desmovilizaciones. Y se han burlado en repetidas ocasiones de la declaración de cese al fuego que hicieron al comienzo de las negociaciones, sin sufrir mayores consecuencias negativas por ello.

La desmovilización "es una forma de tratar de limpiar a los más grandes [y] pasar todo su dinero a la legalidad," según un paramilitar desmovilizado. Otro dijo descaradamente que el proceso es "una farsa. Es una manera de acallar al sistema y volver otra vez, comenzando por otro lado."

En general, paramilitares desmovilizados le dijeron a Human Rights Watch que una razón importante para unirse a estos grupos son los altos salarios que ofrecen. Los grupos paramilitares han mantenido su capacidad para pagar tales salarios, y el reclutamiento ha continuado a pesar del proceso de desmovilización. Así, las tropas que se desarman como parte del proceso de desmovilización son fácilmente reemplazadas.

"La estrategia del gobierno con respecto a la desmovilización permite que los comandantes paramilitares monten un espectáculo del desarme de algunas tropas", señaló Vivanco. "Pero el gobierno ni siquiera ha buscado realmente desmantelar sus redes mafiosas, confiscar sus fortunas ilegalmente adquiridas ni asegurar el cese total de los abusos", agregó.

El informe de Human Rights Watch identifica numerosos problemas evidentes en el manejo de las recientes desmovilizaciones por parte del gobierno. Por ejemplo, el gobierno, en sus entrevistas con paramilitares desmovilizados, de manera deliberada no les hace preguntas especificas sobre los crímenes, los bienes y los simpatizantes de sus grupos.

El gobierno tampoco requiere siquiera a los que se desmovilizan que revelen sus alias, lo que hace imposible vincularlos a los innumerables casos pendientes donde sólo se conoce el alias del responsable.

El informe también incluye una crítica detallada de la ley de desmovilización recientemente firmada por el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que codifica en buena parte el manejo que el gobierno ya le ha estado dando al proceso.

"En lugar de corregir los problemas del proceso de desmovilización, la nueva ley los agrava," señaló Vivanco. "Elimina la capacidad del gobierno colombiano para presionar a estos grupos mediante la amenaza de la extradición, fortaleciendo de este modo la posición de los comandantes paramilitares y dañando los derechos humanos y el Estado de Derecho," agregó.