Ecuador: scomparsi in mare 94 emigranti

Los operativos de búsqueda y rescate se mantienen este sábado en aguas jurisdiccionales de Ecuador y Colombia en el océano Pacífico en busca de más sobrevivientes del barco pesquero que zarpó de un puerto de la noroccidental provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Sólo siete hombres y dos mujeres lograron hasta ahora ser rescatados por otro barco la mañana del domingo 14, luego de flotar a la deriva asidos a una boya por más de 28 horas.

Segundo Morán Cabrera, uno de los sobrevivientes relató el drama vivido en alta mar. "Nos pegó una ola fuerte y el barco comenzó a hundirse. En la desesperación salí de la bodega y fui arriba donde me agarré de algo, pero vino otra ola y me lanzó al mar. Todo estaba oscuro, se oían gritos", señaló. La embarcación con capacidad para apenas 15 personas llevaba hacinados a 103 emigrantes que intentaban llegar a Guatemala para, posteriormente, seguir por tierra hasta Estados Unidos.

Luis Tupac Yupanqui, director del Servicio Jesuita de Migrantes, exigió una indemnización para los familiares de las víctimas del naufragio.

El representante del organismo asegura que estos incidentes demuestran la incapacidad del Estado ecuatoriano para implementar respuestas inmediatas, reales y eficaces para frenar la emigración irregular en condiciones paupérrimas.

"Hay que enfrentar los problemas reales del país y, por no poner medidas necesarias a tiempo para evitar los problemas de migración, el Estado, por omisión, debería indemnizar a las victimas debido a que hace mucho debió poner una solución a la salida de tantos ecuatorianos", sostuvo Yupanqui.

El activista también hizo hincapié en que las víctimas fatales deben pesar sobre las conciencias de las autoridades que son responsables directos de la estructuración de una agenda migratoria.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que más de 400.000 personas dejaron Ecuador en los dos últimos años, mientras estadísticas oficiales confirman que llegan a más de dos millones los nacionales radicados en el exterior de este país de 12 millones de habitantes. Los destinos preferidos son principalmente Estados Unidos, España e Italia.

Esta emigración masiva ha producido también un fenómeno económico particular. Los residentes en el exterior envían a sus familiares en Ecuador más de 1.400 millones de dólares al año, constituyéndose la segunda fuente de divisas del país, sólo superada por la exportación de petróleo.

El Banco Central indicó que, tras recopilar información en casas de cambio, financieras, el sistema bancario, correos, la Dirección de Migraciones y la cancillería, se comprobó que las denominadas remesas familiares aumentaron de 73 millones de dólares en 1990 a 1.084 millones en 1999 y a 1.400 millones en 2004.

Los métodos y las vías utilizadas por los ecuatorianos para llegar al Norte industrializado son variadas, pero muchos de ellos mueren antes de llegar a destino, como el caso de quienes viajaban en el pequeño pesquero que naufragó la semana pasada.

El viernes, otro barco pesquero ecuatoriano con 166 emigrantes a bordo fue detenido por guardacostas estadounidenses frente a las costas de Guatemala y trasladado a un puerto de ese país.

Según estimaciones extraoficiales, un promedio de 50 ecuatorianos fallecen cada mes en distintas circunstancias mientras intentan llegar en barco a América Central o cuando viajan por vía terrestre hacia Estados Unidos.

También se calcula que otros 1.000 emigrantes en promedio son obligados a retornar mensualmente, luego de ser detenidos por barcos de Estados Unidos o por autoridades migratorias centroamericanas.

Como en el caso de quienes viajaban en el barco pesquero naufragado hace una semana en el océano Pacífico, los emigrantes buscan ingresar a Estados Unidos llevados por los denominados "coyotes" o "coyoteros", los traficantes de personas que les organizan todo el trayecto por el cual cobran entre 5.000 y 10.000 dólares.

Para pagar a los coyoteros, los emigrantes generalmente se endeudan con "chulqueros" (prestamistas) que luego cobran las deudas a los familiares que se quedan en Ecuador, ya que es común que en el caso de matrimonios siempre viaje sólo uno de los dos cónyuges en primera instancia.

La diputada Myriam Garcés, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso legislativo ecuatoriano, informó que se gestiona una ley para endurecer las penas contra el coyoterismo.

Pero las dificultades para sortear esta vía por América Central hicieron que en los últimos años se incrementara la emigración a España, recurriendo a supuestas empresas de viajes, al parecer convertidas en falsas financieras o agencias de empleo, según señalan informes de prensa locales.

Sin embargo, en los dos últimos años volvió a incrementarse la emigración hacia Estados Unidos y se calcula que más de 15 barcos salen al mes de Ecuador en condiciones precarias, con exceso de gente y desde puertos clandestinos del Pacífico.

Cada vez que ocurre un hecho trágico como consecuencias del traslado ilegal de emigrantes el gobierno de turno declara que exigirá investigaciones par detener a los coyotes, pero éstos nunca terminan detenidos.

El discurso del actual presidente Alfredo Palacio, ante el naufragio, no fue diferente al de sus antecesores en circunstancias trágicas parecidas.

El gobierno está decidido a combatir al coyoterismo, dijo Palacio al momento de informar que ordenó una "profunda investigación para determinar los responsables de estos hechos execrables".

Imágenes de la emigración se pueden obtener en las largas colas de personas que se forman frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar pasaporte y ante la embajada española en Quito para conseguir visas de ingreso a ese país europeo.

También es grande el movimiento alrededor del cerco que rodea el aeropuerto de la capital ecuatoriana, donde cada día se dan cita cientos de personas para despedir a sus familiares.

El analista económico Alberto Acosta comentó que el dinero enviado por los ecuatorianos residentes en el exterior ha sido un soporte para la economía del país, que no logra superar su crisis endémica.

Acosta entiende que esas remesas jugaron un papel importante en la reactivación de la economía, ya que son muchos más importantes que la actual inversión extranjera directa.

También explicó que el fenómeno de la emigración permitió aliviar distintos problemas sociales.

Por un lado, la salida de emigrantes en edad de trabajo baja la tasa de desempleo y, por otro, el envío de remesas de dinero ayuda a sostener la economía.

En 2001, la economía se apuntaló con las remesas de los emigrantes, con 1.430 millones de dólares, un monto superior a todas las inversiones petroleras y a las exportaciones sumadas de banano, camarón, café, cacao y atún. También es mayor en casi tres veces a la inversión social y en más de dos veces a la llamada asistencia para el desarrollo.

En los dos últimos años el envío de remesas no ha crecido ya que muchos emigrantes ya han decido quedarse a vivir en sus destinos, pero el año pasado ese envío de remesas se mantuvo en torno a los 1.400 millones de dólares.

La mayoría de los muertos del barco naufragado procedían de zonas extremamente pobres de las provincias sureñas de Azuay, Cañar y Loja, donde seis de cada 10 habitantes tienen familiares residentes en el exterior.

Este fenómeno expulsó de la zona a la mayoría de los hombres, lo cual hizo que aumentara el costo de mano de obra hasta casi el doble de otras partes del país.

Grupos defensores de los derechos humanos que trabajan sobre los efectos de la emigración han elaborado informes sobre el comportamiento de niños y adolescentes abandonados por el padre o la madre que partieron. Ello reveló que muchos atraviesan por crisis psicológica debido a la ausencia de los padres.

Vacíos afectivos, baja autoestima y agresividad son algunos de los síntomas que presentan los menores que participaron en las pruebas de evaluación. Para ellos, la experiencia más negativa de su vida es la partida de sus padres al exterior.

Dos de los sobrevivientes del barco naufragado esta vez señalaron que pagaron a los coyoteros algo más de 10.000 dólares cada uno para tratar de llegar a Estados Unidos.

Las organizaciones humanitarias calificaron como una "tragedia anunciada" al último naufragio.

El Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo", especializado en trabajo con los emigrantes, sostuvo que en Ecuador faltan políticas oficiales para combatir la emigración ilegal.

"La desaparición y presunto fallecimiento de ecuatorianos es, primero, responsabilidad del Estado, que siempre ha actuado con incoherencia frente al tema", indicó Pablo de la Vega, portavoz del organismo humanitario. Y exigió "un combate eficaz a las bandas de tráfico humano".