Brasile : apertura degli archivi

Mientras tanto, según el Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, de acuerdo con la Ley nº 11 111/05, firmada por el actual presidente, el 05 de mayo de este año, todos los documentos que signifiquen una amenaza "a la soberanía, a la integridad territorial o a las relaciones exteriores" continuarán siendo mantenidos en secreto. Entre ellos se encuentran todos los relacionados con la Guerrilla del Araguaia.

"Es importante resaltar que los documentos referentes al período militar, para ser divulgados, necesitan pasar por el tamiz de la Comisión de Averiguaciones y Análisis de Informaciones Secretas, formada por representantes de seis ministerios y por la Abogacía General de la Unión, sin ningún representante de la sociedad civil. Es esa Comisión la que va a determinar lo que podrá hacerse público y lo que no. Mantenidas estas "artimañas" para la liberación de documentos tenidos como secretos, solamente aquellos poco significativos para rescatar la historia de ese período saldrán a la luz pública", alerta la entidad.

Para el Grupo, otra vez, el actual gobierno federal, dando continuidad a una práctica común de los gobiernos pasados, pone en escena un "espectáculo", un "haz de cuenta", otra tentativa para manipular a la opinión pública, teniendo como blanco principal a las entidades de derechos humanos internacionales. "Entendemos que el decreto fue firmado, con el firme propósito de dar una satisfacción a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que, recientemente, recomendó al actual gobierno federal que hiciese público los archivos del período de la dictadura militar que se encuentran protegidos por la Ley 11 111/05".

La ABIN debe hacer públicos más de 400 mil documentos, entre fichas y procesos. El material - mantenido en secreto hasta hoy por la Abin - contiene datos de investigación realizados por tres órganos gubernamentales ya extintos: el SNI (Servicio Nacional de Informaciones), la Comisión General de Investigaciones y la Secretaría General del Concejo de Seguridad Nacional. Después de abiertos, los archivos serán transferidos de Brasilia al Archivo Nacional de Río de Janeiro.

Pero, según la prensa brasileña, no todos los documentos serán divulgados. La ley, aprobada en diciembre del año pasado, que permite mantener ocultos los textos considerados ultra-secretos, "que puedan significar una amenaza a la soberanía, a la integridad territorial o a las relaciones internacionales". Ellos están protegidos por, como mínimo, 30 años más.

Al contrario de otros países de América Latina, que crearon comisiones para investigar los abusos cometidos por los militares y para castigar a los oficiales considerados culpables, Brasil mantuvo los archivos referentes a aquel período - en el que cerca de 400 adversarios de la dictadura fueron muertos - cerrados. Activistas de los derechos humanos dicen que el decreto es un paso importante, pero que permitirá el acceso sólo a informaciones marginales. Esas informaciones no ayudarían a descubrir el paradero de los cuerpos de 160 brasileños todavía desaparecidos después de haber sido capturados por los militares