Brasile: l' Amazzonia, terra di conflitti e violenza

Adital - La sindicalista Maria Joel da Costa y la monja misionera Dorothy Stang, asesinada este año, son dos ejemplos destacados en el estudio "Violación de los Derechos Humanos en la Amazonia: Conflicto y violencia en la frontera paraense". Según el documento, elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y las ONGs Tierra de Derechos y Justicia Global, esas dos mujeres son ejemplos de la lucha protagonizada por propietarios de tierra, ribereños, sin tierra, trabajadores rurales, extractivistas, indios en defensa de los derechos humanos y de la preservación de la Amazonia.

Presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Rondon do Pará, Maria Joel (viuda del sindicalista José Dutra da Costa, conocido como Dezinho, asesinado en el 2000) es una militante en pro de la justicia social y de la reforma agraria. La hermana Dorothy fue una misionera de los derechos de los trabajadores rurales, de la justicia ambiental y de la preservación de la Amazonia. Dorothy fue asesinada y Maria Joel es una de las tantas personas amenazadas de muerte en Pará.

Los registros de la CPT dan cuenta de una triste realidad, pues más de 700 campesinos y otros defensores de derechos humanos fueron asesinados en los últimos 30 años en Pará. La mayoría de las muertes fue registrada en las regiones sur y sudeste del Estado. Muchas de esas muertes fueron nítidamente selectivas, pues las víctimas ejercían funciones importantes en organizaciones de trabajadores, eran defensores de los derechos humanos, eran dirigentes. El objetivo es claro, debilitar las organizaciones y desarticular la lucha de los trabajadores.

Según el estudio, la problemática que envuelve a los conflictos y la violencia en el Estado de Pará está directamente asociada a la concentración de la propiedad de la tierra, inclusive realizada a través de la apropiación ilegal de tierras públicas, conocida como "grilagem". Pará tiene más de 30 millones de hectáreas de tierras apropiadas, y éste ha sido el telón de fondo de las más variadas formas de violación de derechos. Esas violaciones van desde la negación de un medio ambiente ecológicamente equilibrado, con la extracción ilegal de los recursos forestales, hasta la expulsión violenta y detenciones de pequeños propietarios, extractivistas, ribereños, indígenas, poblaciones tradicionales que ocupan la tierra hace muchas décadas. Las violaciones se agravan con las prácticas de trabajo esclavo y culminan con números asustadores de asesinatos de trabajadores y sus dirigentes.

Ante esta dura realidad, en febrero de este año, el Sindicato de Trabajadores Rurales de Rondon de Pará, la Comisión Pastoral de la Tierra, Tierra de Derechos y Justicia Global solicitaron audiencia con el entonces Ministro de Derechos Humanos y representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario para que estos representantes del Estado escuchasen las historias de amenazas, de violencia y de muerte de la boca de los propios trabajadores y tomasen las medidas solicitadas por diversas organizaciones hace mucho tiempo.

Sin embargo, no siempre la presencia de autoridades federales representa garantías y respeto de los derechos humanos de los más pobres y la preservación del medio ambiente. Históricamente, la acción del Estado en la Amazonia estuvo marcada por una profunda dicotomía, pues, si por un lado, actuó ostensivamente para implantar un modelo concentrador (de tierra y de renta) y predatorio de desarrollo (creó e implantó proyectos de colonización, financió grandes obras de infraestructura, ofreció subsidios a los terratenientes y grileiros), por el otro, no garantizó tampoco los derechos de las poblaciones tradicionales pobres.

Además de la omisión, connivencia o incluso acción orientada del Estado, las acciones de autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo, generalmente, favorecen a grileiros, terratenientes, madereros, etc. El Poder Judicial es rápido para autorizar acciones policiales de desalojo de trabajadores rurales, decretar detenciones de sus líderes, y al mismo tiempo, confiere innumerables beneficios a terratenientes y grileiros. Mandantes y asesinos no son detenidos ni son llevados a juicio; mandatos de detención no son cumplidos y pistoleros actúan en conjunto con los policías. Incluso en los crímenes en los cuales hubo juzgamiento, las acciones judiciales sólo fueron posibles después de largos años de lucha, presión y denuncias de los trabajadores rurales y de entidades de derechos humanos nacionales e internacionales.

Por otro lado, de acuerdo con el estudio, el gobierno y el Poder Judicial paraense han actuado con mucha celeridad cuando se trata de penalizar a trabajadores y dirigentes populares. Ejemplo de esa situación fue la concesión de más de 40 despachos preliminares de desalojo, muchos cumplidos en junio de 2005, de haciendas ocupadas en la región sur y sudeste del Estado, damnificando a casi 5 mil familias.

Existe también un creciente proceso de criminalización y persecución, inclusive con detenciones arbitrarias, como forma de desmovilizar las luchas por parte de las Policías Civil y Militar y del Poder Judicial. Los jueces se refieren a los trabajadores sin tierra como desocupados que promueven la inestabilidad social al ocupar tierras públicas o apropiadas ilegalmente, no teniendo en cuenta el vínculo del trabajador con la tierra y las directivas constitucionales que los convierten en los destinatarios de la política pública de la reforma agraria. Consecuentemente, hay una ausencia del Estado en la formulación e implementación de políticas sociales re-distributivas, dando como resultado más pobreza y destrucción ambiental.

Un ejemplo de esa "ausencia" es que, además de no cumplir sus propias metas de regularización territorial y asentamiento de familias para los últimos dos años, el gobierno federal bloqueó más del 50% del presupuesto del 2005, destinado a acciones de la reforma agraria. Esa "ausencia" del Estado termina materializándose en conflictos, después expresados en números y cifras de trabajadores rurales muertos o amenazados.

El estudio destaca que esos conflictos terminaron con las vidas de muchos dirigentes y trabajadores rurales en el Estado de Pará. El caso más conocido es la masacre de Eldorado do Carajás que se llevó la vida de 19 trabajadores sin tierra en 1996.

El caos de la situación de la tierra en Pará alcanzó tal dimensión que, en muchas oportunidades, el gobierno federal terminó expropiando áreas públicas apropiadas ilegalmente por grandes hacendados. Ejemplo clásico de esta situación fue la expropiación de la Hacienda Flor da Mata, en 1998, ubicada en São Félix do Xingu. Esa área, falsamente particular, estaba ubicada en área indígena y utilizaba trabajo esclavo. A pesar de todas estas ilegalidades, el área fue expropiada y la indemnización (pago de la tierra y mejoras) fue pagada a un pretendido propietario basado en títulos falsos de propiedad.

Según las entidades organizadoras del estudio, el informe tiene como principales objetivos situar la necesidad de la reforma agraria, del combate a la violencia y a la impunidad y de la promoción de un desarrollo sustentable en la pauta de la sociedad brasileña, especialmente buscando sensibilizar a sectores urbanos; provocar una acción de los órganos públicos, especialmente de las Policías Civil y Federal y del Poder Judicial contra la impunidad, en los casos de crímenes ambientales, apropiación ilegal de tierras y contra los defensores de derechos humanos; y movilizar a sectores organizados de la sociedad civil internacional y organismos internacionales de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presionar a las diversas esferas de gobierno (Ejecutivos Federal y Estatal; Legislativo y Judicial) para implementar acciones efectivas de reforma agraria, preservación ambiental y protección de los derechos humanos.

Como lugares y ejemplos de la lucha de los dirigentes rurales, fueron visitadas e investigadas las localidades de Rondon do Pará, Anapu, Terra do Meio, Castelo dos Sonhos y Porto de Moz.