Colombia: crisi umanitaria nel sindacato

Cerca del 85% de esas violaciones contra la vida y la libertad de los trabajadores tienen como causa el ejercicio de la actividad sindical, según Domingo Tovar Arrieta, director del departamento de Derechos Humanos de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Colombia. Esos números salen de un informe divulgado por el director, basado en los datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

Según el director, de las 7.666 violaciones registradas, 5.077 no tuvieron sus responsables descubiertos; solamente el 33,7% de los casos tienen pistas sobre los autores de las violaciones, lo que revela una continua y sistemática ocultación de los responsables. Desde 1991, 2.150 trabajadores sindicalizados fueron muertos, 3.035 fueron amenazados de muerte y 182 están desaparecidos.

"El uso de la violencia contra el movimiento sindical en Colombia es una de las caras más características de la historia del sindicalismo en el país. Su prolongada presencia y astuta manifestación llevaron al sindicalismo a una dramática y alarmante crisis humanitaria; para nadie es desconocido que Colombia se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para realizar el ejercicio de asociación sindical", dijo Arrieta.

La Ley 975, conocida como "Ley de Justicia y Paz", aprobada este año, que pretendía establecer la paz fundada en la reivindicación de los derechos de las víctimas, en la reparación, en la justicia y en las garantías de no repetición está siendo cuestionada por las organizaciones sociales, pues, según el director de la CUT, "no establece los medios procesales apropiados para alcanzar la verdad, noción fundamental en un proceso de paz que intente respetar los derechos de las víctimas y posibilite una recuperación del tejido social del país".

Arrieta agregó que esa Ley puede convertirse en un instrumento útil para perpetuar la impunidad, pues las exigencias de paz necesitan flexibilizar las consideraciones de justicia con los violadores de los derechos y puede, inclusive, limitar los alcances de la reparación.

Para Arrieta, la violencia contra los trabajadores sindicalizados colombianos no puede ser tratada de manera homogénea y monolítica, en que se pueda entenderla a partir de una única causa; es necesario comprenderla en sus contextos culturales y en su historia, para percibir la complejidad de sus manifestaciones y dimensiones. Entenderla de manera simplificada es erróneamente creer que sólo está vinculada a los actores de los conflictos armados.

Por el contrario, las investigaciones sobre la violencia contra los trabajadores permitieron constatar que los sindicalistas son víctimas de los grupos de auto-defensa, del ejército colombiano, de la delincuencia común y de la guerrilla, con la responsabilidad estatal que esto tiene y en muchos casos con la aprobación empresarial.

Hay casos en que las víctimas son transformadas en culpables, como los sindicalistas muertos en agosto de 2004 en Arauca. Declaraciones de representantes del gobierno hicieron creer que los sindicalistas habían muerto en combate con guerrilleros, pero las investigaciones comprobaron que fueron sacados de sus casas y asesinados