Perú: la guerra per l'acqua

La deficiente -y en ocasiones nula- provisión de servicios básicos, de los que depende el bienestar y el desarrollo social, es un serio problema en nuestro país. Demasiados peruanos carecen de un adecuado suministro de electricidad y telecomunicaciones, de acceso a educación y salud, de buenos servicios de transporte, limpieza y seguridad pública, y, sobre todo, de suministro de agua y saneamiento, lo que conlleva un terrible perjuicio a su calidad de vida y a sus posibilidades de progresar.

El agua es un elemento indispensable para la vida y el bienestar de las personas, cuyo acceso es un derecho humano básico, del que no puede privarse a nadie por razones políticas, sociales o económicas. Es obligación irrenunciable de cada Estado asegurar tal suministro a todos sus ciudadanos. Así debería ser en el Perú, pero gracias al maltrato y descuido con que sucesivos gobiernos han manejado los servicios públicos de agua y saneamiento, no es así. Este manejo irresponsable ha llegado a su cúspide con la reciente sequía y el anuncio de graves restricciones al suministro de agua a Lima para este verano. Comprobamos así que el gobierno toledista, en los últimos 5 años, no ha tomado ninguna medida seria para asegurar e incrementar los recursos hídricos para la capital, ni tampoco ha hecho nada frente a los problemas de sequía en el campo, como consecuencia de los bloqueos y maniobras de sectores que pretenden la privatización del agua.

En el 2002 el Estado pudo haber emprendido la ampliación de las lagunas de reserva de Marcapomacocha (Proyecto Marca II), incrementando significativamente la provisión de agua para Lima Metropolitana. Marca II estaba listo para ejecutarse con financiamiento japonés dirigido exclusivamente a inversión pública. Pero la presión directa del entonces Ministro de Economía -Kuczynski- impidió que SEDAPAL asumiera este proyecto. ¿Por qué esa oposición a Marca II? Porque Kuczynski y sus relacionados apuntan a privatizar los servicios públicos de agua y, por ello, han rechazado sistemáticamente toda iniciativa para modernizar y expandir la actividad estatal en ese sector. Así, Kuczynski pretende que Marca II se concesione a privados, después de bloquear su realización por el Estado.

¿Resultado? Marca II, que ya podría estar en funcionamiento y que podría haber impedido o disminuido la actual carestía de agua, no se ha realizado hasta ahora -cuatro años después- gracias a la acción de quienes como Kuczynski buscan lucrar con la sed y la necesidad del pueblo. Por ello, es inaceptable que ahora -con la escasez de agua amenazando a millones de limeños- todo lo que Kuczynski y compañía ofrezcan sean cínicas caras de "yo no fui". El sabotaje a Marca II y el atentado contra el derecho ciudadano al agua, no pueden ocultarse. Es necesario investigar y sancionar a quienes ilegítimamente maniobran para privatizar -a rajatabla- los servicios de agua y saneamiento.

Necesitamos una política nacional de aguas, que asegure el uso racional de nuestros recursos hídricos, para que todos los peruanos contemos con un adecuado suministro de agua. Ello exige establecer planes integrales de ampliación de reservorios, difusión del riego tecnificado, regulación frente al acaparamiento de aguas por la minería, etc. Urge fortalecer y modernizar a SEDAPAL y demás empresas públicas y municipales de agua y saneamiento, a la vez que moralizarlas, eliminando a burócratas y traficantes. Es necesaria la renovación y ampliación de la infraestructura existente, priorizando a los sectores populares, explorando la asociación con el capital privado, no como la privatización salvaje que Kuczynski pretende, sino como una alianza donde el Estado mantenga la conducción y el control del recurso y el servicio.

Ello debe acompañarse de un Plan de Emergencia para Lima: uso de pozos, camiones cisterna y cámaras inflables en asentamientos humanos (con participación de las FFAA y SEDAPAL), cortes racionados, etc., así como una intensiva campaña de educación pública y de fiscalización al consumo no registrado, para minimizar las pérdidas y el desperdicio. Y claro, eso debe enlazarse con el desarrollo de mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la gestión y fiscalización de los servicios de agua y saneamiento. Además, hay que dar prioridad y urgencia a proyectos públicos que incrementen la disponibilidad de recursos hídricos, como son la planta de tratamiento de aguas en Huachipa y el Proyecto Marca II.

Pero por sobre todo, una política integral sobre nuestros recursos de aguas debe reafirmar que el agua es un bien público y un derecho básico, que no puede ser tratada como una mercancía más, sujeta a oferta y demanda, y que pueda negarse a quien no pueda pagar. Hay que deslindar con aquellos sectores que propugnan privatizar los servicios de agua y saneamiento, traspasar el control de las fuentes hídricas -patrimonio de todos- a compañías y concesionarios, y la conversión del agua en mercancía para lucro de agentes e inversionistas privados. Por ello, una de las cuestiones centrales del debate público -de cara a las elecciones del 2006- tiene que ser la reafirmación del derecho ciudadano al agua, que es el derecho a la vida. Aquellos que pretenden ser gobierno, tienen que mostrar claramente su posición en este tema y rechazar las pretensiones de aquellos que cínicamente ven al agua solo como fuente de ganancia y no como lo que en realidad es: un bien inalienable, que pertenece a todos y que tiene que beneficiar a todos.