Perú: una crociata per l'impunità

El cobarde asesinato de quince policías el último mes, a manos de una banda terrorista vinculada al narcotráfico, es un hecho que no debe tomarse a la ligera. Exige una respuesta estatal efectiva a efectos de terminar con los rezagos senderistas e implementar la pacificación como un proceso integral. Ello implica acciones de inteligencia, políticas, socio-económicas y represivas, con inclusión de la población civil, la atención a sus legítimas demandas y el desarrollo de las zonas afectadas, impulsando una acción policial y militar enmarcada en la legalidad y el respeto a los derechos humanos, evitando confundir cocaleros con narcotraficantes. Sólo así, con un enfoque integral, podremos derrotar definitivamente al terrorismo, teniendo presente que sólo un sistema político y legal con legitimidad y equidad podrá tener éxito. Sin embargo, otra vez la reacción de quienes buscando ocultar responsabilidades ante esta trágica coyuntura, o de quienes quieren aprovecharla electoralmente, tuerce las cosas.
El premier Kuczynski, encarnando la hipocresía del régimen, se rasga las vestiduras por el rebrote senderista, buscando lavarse las manos y eximirse de responsabilidad ante el crecimiento de la delincuencia (que acompaña una política económica que hace más ricos a los ricos y no ofrece casi nada a las mayorías) por un lado, y el fracaso del accionar de DEVIDA y de la estrategia antidrogas, y el estancamiento del proceso de pacificación, por otro. Precisamente personajes como Kuczynski -al mando del Estado durante estos años- son los directos responsables de la preocupante situación actual: Irresponsablemente, recortaron y denegaron recursos a las fuerzas del orden, afectando gravemente la capacidad operativa de nuestros policías y soldados para preservar y defender la seguridad, la paz y la tranquilidad pública. Asimismo, nunca cumplieron con reorganizar al Servicio Nacional de Inteligencia, que aún no se recupera de la ruina en que lo dejó Montesinos. Pero el cinismo de Kuczynski va mezclado con falsedad, pues apunta a crear zozobra en la opinión publica declarando falsedades como que se habrían liberado a "10 mil terroristas", cifra absolutamente falsa pues en 1997 no llegaban a 4000 los presos y hoy quedan más de 1100, habiendo una parte que salió por haber probado su inocencia y otros porque han cumplido su sentencia. Sendero nunca organizó 10.00 personas, menos aún pueden haber sido liberadas esa cantidad.

A ello se suma el cargamontón contra la Comisión de la Verdad promovido por Rafael Belaunde, candidato presidencial de Perú Posible, el Vicealmirante (r) Luis Giampietri, candidato con Alan García y comprometido con él en los graves sucesos de El Frontón, y Arturo Woodman, empleado de Dionisio Romero que lo llevó a reuniones con Montesinos y representante de las empresas privatizadas en la plancha de Unidad Nacional. Y claro, la reciente propuesta de conceder amnistía a los acusados por crímenes de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, violaciones y torturas) levantada por Luis Iberico y entusiastamente promovida por grupos vinculados a la mafia fujimontesinista y a sectores autoritarios. Una propuesta demagógica y electorera, que no sólo es profundamente inmoral sino también inviable, pues contradice sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro Tribunal Constitucional, que han establecido que no se puede amnistiar a violadores de derechos humanos y que investigar y procesar los crímenes de lesa humanidad es un derecho y una obligación ineludible.

Pero, como pescadores a río revuelto, ahí están los politiqueros de siempre, buscando llevar agua a su molino electoral, coqueteando con la impunidad y el autoritarismo. Creen que así atraerán los votos de 150.000 efectivos de las FF.AA. y PNP, y sus familias. Creen que dan una imagen de "mano dura" contra el terrorismo otorgando impunidad a los abusos o crímenes cometidos en las acciones antiterroristas. ¿Acaso la gente no siente que es un riesgo para su propia seguridad que queden impunes torturas, abusos, violaciones y ejecuciones por mano propia en dependencias policiales o militares por acción de elementos desquiciados o abusivos? ¿Acaso los elementos de las fuerzas del orden deben identificarse con quienes abusaron y violaron derechos fundamentales? ¿Acaso no es cierto que de más de 30.000 efectivos que intervinieron en la lucha antisubversiva están procesados apenas un 1% por acusaciones de violaciones de DD.HH.? ¿Acaso están ahí los problemas centrales de las FF. AA. y policiales, o en temas de presupuesto, remuneraciones minúsculas, falta de equipamiento, corruptelas internas en sectores de los altos mandos, ausencia de inteligencia y de estrategias de defensa nacional y seguridad interna? ¿Acaso la corrupción de Fujimori y sus mandos militares traicionando al país no melló gravemente la situación de nuestras FF.AA.? ¿Acaso no es grave la ausencia de un efectivo desarrollo alternativo y el abandono de las zonas cocaleras?

No permitamos que esta ofensiva autoritaria, esta cruzada por la impunidad, avance y se entronice una maniobra para reprimir toda demanda social. Si algo ha impedido nuestra consolidación como nación y como sociedad, eso ha sido la nefasta cultura del abuso de poder, la impunidad de quienes ejercen autoridad, la arbitrariedad y el despotismo del que atropella porque quiere y puede. Ese es un mal que nos afecta a todos, que sufrimos diariamente con los abusos de quienes creen que pueden ejercer la fuerza y la violencia impunemente. Que no nos arrastren a una nueva guerra sucia, esa es una receta para el desastre. Ante el accionar terrorista, el Estado y la sociedad tienen que responder con firmeza, pero con legalidad y transparencia, fortaleciendo las estructuras civiles y la justicia social.