Brasile: le avvertenze di un amico

Hay una conspiración en curso para reducir los derechos sociales de la
Constitución. Como si no bastase la política financiera que rige
Brasil, trabando su crecimiento, los alquimistas del área económica
proponen reducir todavía más los gastos públicos, empezando por la
desindexación de las jubilaciones del salario mínimo. Si se aprueba
este proyecto, el salario mínimo tendría aumentos anuales sin que eso
signifique corrección del valor de las jubilaciones.

Los hechiceros del neoliberalismo consideran "un absurdo" que Brasil
gaste el 11% de su PIB en Seguridad Social. En ningún momento se
indignan cuando el país canaliza mucho más para los acreedores de la
deuda pública. Dinero público para la bolsa privada de los ricos,
pase. Dinero para quien trabajó 30 años y contribuyó con la seguridad
social, o se vio obligado a jubilarse por razones de la salud, ni
pensarlo.

Tales señores no tienen la menor sensibilidad, no digo humanitaria, sería
pedir de más, sino económica. No les agrada que la Seguridad Social
funcione como canal de distribución de renta, sobre todo para los más
pobres. ¿Qué sería de los ancianos en la zona rural si esa conspiración
tuviere éxito? Del total del presupuesto federal, el 44% son consumidos
por la Seguridad Social. Para los neoliberales, ese monto debería ser
apropiado por los acreedores. Dando prioridad al mercado interno,
aumenta la riqueza en circulación y el poder adquisitivo de los más
pobres.

La deuda pública brasileña llegó al nivel de R$ 1 billón. Como los
acreedores ansían recibir cuanto antes lo que se les debe, presionan el
gobierno para recortar gastos. ¿Dónde? No hay que tener la bola de
cristal para adivinar: en los programas sociales. Menos recursos para el
combate al hambre, para la educación, para la salud, lo que significa
reducir la presencia del Estado en la garantía de derechos esenciales.
Sale el Estado, entra la iniciativa privada. Así, todo se inserta en la
lógica demoníaca del mercado. Los derechos pasan a la condición de
mercancías. Así, permanece analfabeto y sin cuidado de la salud todo
ciudadano que no pudiere pagar por tales derechos.

Indague de su candidato a diputado federal y a senador como se posiciona
frente a este panorama. La cuestión no es meramente contable. Es
también política. En ningún momento los defensores del Estado Mínimo
hablan de reformas de estructura. Para ellos ,la estructura agraria de
Brasil no puede ser cambiada, aunque el 46% de las tierras estén en
manos del 1% de los propietarios rurales y todavía hay trabajo esclavo.
Y si los tucanos (1)volviesen a gobernar el país, no me sorprendería si,
en nombre dela "modernización" del aparato estatal, propusieran la
privatización de Petrobras, del Banco do Brasil y de la Caja de
Ahorros Federal.

Para los actores de esa conspiración elitista, los derechos sociales
asegurados por la Constitución de 1988 son, literalmente, una "herencia
maldita". Le corresponde a la sociedad brasileña, a través del voto y,
sobre todo, de la movilización, impedir ese retroceso constitucional.
¿Por qué no recortar en los intereses yen el superávit primario? ¿Por
qué no aumentar los impuestos a quien posee más renta y exonerar a los
más pobres?

No ceda el elector a la ingenuidad de elegir candidatos por la simpatía,
la sonrisa, el discurso, las promesas. Cerciórese que ellos estén, de
hecho, comprometidos con el principal desafío dela política brasileña:
reducir la desigualdad social.