Latina

Ecuador: lo stato di emergenza giustifica la repressione

i lavoratori petroliferi delle province di Orellana e Subumbios continuano con gli scioperi e le mobilitazioni che sono state duramente represse. Maestri, studenti, donne e indigeni stanno aderendo al movimento in tutto il paese. Le mobilitazioni denunciano che il governo sta trattando duramente le azioni dei lavoratori petroliferi nelle regioni amazzoniche. Nonostante ciò lo stato di emergenza decretato dal governo in amazzonia non viene tolto e le provincie continuano ad essere militarizzate

14 marzo 2006

Fonte: adital

Estos obreros petroleros tercerizados de la industria petrolera ecuatoriana se encuentran en paro indefinido, por sua contratación directa, por la restitución de la autonomía financiera para Petroecuador, por los derechos laborales y por la libertad de sus compañeros detenidos.

En Orellana las fuerzas militares han detenido a varias autoridades, dirigentes y comunicadores sociales amparándose en el Estado de Emergencia decretado por el gobierno nacional. Han sido detenidos: Guadalupe Llori Abarca, prefecta provincial de Orellana; Fanny Vidal, consejera provincial; Teodoro Bermeo, alcalde de Joya de los Sachas, además se ha procedido a retener a los participantes de la Asamblea Provincial en las instalaciones de la Casa de la Cultura que permanecían tomadas por los militares.

Se han efectuado también las detenciones de dos dirigentes barriales y un trabajador tercerizado de PetroProducción. Los nombres de los detenidos son Vicente Peñafiel, Walter Centeno y Juan Cueva. Por otro lado, continúan detenidos en Lago Agrio, Sucumbíos, Remigio Sornoza, Pedro Bunes y Patricio Raños. Todos ellos dirigentes de los trabajadores en paro.

Todas las detenciones han sido realizadas por militares, quienes entregaron a los detenidos al comando de policía. Los comunicadores sociales y periodistas estarían impedidos de realizar reportajes y filmaciones. Han sido detenidos los reporteros Oswaldo Dután y Luis Fernández, de RTS TV, y Jaime Gallardo de Gamavisión.

Para los organizadores del paro, a partir de la huelga de los trabajadores petroleros tercerizados, iniciada el 07 de marzo y que afectó en un 75% la producción petrolera, las autoridades del gobierno han buscado, como única salida, doblegar la protesta mediante la intimidación, el carcelazo y el estatuto de seguridad nacional: suspendiendo las garantías ciudadanas constitucionales, los derechos de expresión, de reunión, de circulación, estableciendo el toque de queda en toda la región, no solamente para los trabajadores en lucha, sino también para autoridades locales, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, representantes populares y todos los ciudadanos habitantes de la zona de producción petrolera ecuatoriana.

Desde el primer día de paro, fueron militarizados todos los campos petroleros, desalojados violentamente los trabajadores y ocupadas las instalaciones por el Ejército y la Policía. Los detenidos fueron colocados a disposición de las Fuerzas Armadas y las instancias judiciales como Fiscalía y juzgados, para bloquear los recursos de habeas corpus dictaminados en su favor.

El presidente de la empresa estatal petrolera PETRECUADOR, como única respuesta a las demandas laborales, amenazó con despedir a todos los trabajadores tercerizados si no retornaban a sus labores el viernes, 10.

Sin embargo los trabajadores petroleros tercerizados ratificaron, la noche del jueves, 09, el mantenimiento del paro indefinido hasta obtener respuestas concretas y oficiales del gobierno.

A inicios de febrero pasado, Orellana y Sucumbíos paralizaron sus actividades en reclamos de fondos, y tras un diálogo con representantes del Ejecutivo se acordó entregar recursos a esa zona para impulsar proyectos viales y sociales. Sin embargo, los dirigentes amazónicos se quejan de la actitud de la administración central, la cual no ha transferido dinero para acometer los planes acordados

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