Colombia: nuove forme di resistenza per i movimenti sociali

En Colombia pertenecer a un movimiento social significa, no sólo exigir derechos, sino jugarse la vida. Esto lo sabe bien Héctor Mondragón, que como asesor de organizaciones de base conoce esta realidad y recibe amenazas y persecuciones

Desde hace más de 20 años, Héctor Mondragón asesora a organizaciones campesinas e indígenas y a movimientos sociales urbanos en Colombia. Su labor le permite conocer de cerca los problemas diarios de todos estos grupos y de sus dirigentes, saber cómo se organizan y denunciar los ataques de los que son víctimas.

Hace unos días, Mondragón visitó Barcelona para presentar su libro Movimientos sociales, una alternativa al conflicto colombiano, publicado con el apoyo del colectivo Maloka. Durante su estancia, el activista colombiano conversó con Canal Solidario sobre la enorme violencia contra los movimientos sociales en su país, las estrategias de supervivencia que éstos han desarrollado, la impunidad ante amenazas y asesinatos de líderes y la presión que él mismo recibe.

¿Cuál es la realidad de los movimientos sociales en Colombia?

Los movimientos sociales colombianos comparten las luchas fundamentales del movimiento social que hay en todo el mundo, pero presentan algunas diferencias. La principal es que el movimiento social en Colombia está tremendamente desangrado por la violencia y ha costado la vida a miles de personas, campesinos, indígenas, miembros de sindicatos y de movimientos urbanos... la lista de los dirigentes que han sido asesinados es interminable.

¿Quiénes son los culpables de estas muertes y amenazas? ¿Los actores armados?

La mayoría de los dirigentes han sido asesinados para eliminar su acción social y por sectores poderosos. Se pagan sicarios y algunas veces se utiliza a los grupos armados, como los paramilitares, pero realmente estaríamos en un error si creyéramos que la mayoría de las muertes se deben al conflicto armado.

Se trata de intereses económicos y de una práctica que está logrando eliminar los derechos humanos y laborales en Colombia. Por ejemplo, en poco más de 20 años los grandes propietarios del campo han pasado de tener el 32% de la tierra a tener el 61%, cifra que refleja esa liquidación de los dirigentes sociales. En este contexto, algunos movimientos como el indígena han logrado conservar sus derechos, aunque por eso mismo son objeto de más asesinatos.

Todo esto no significa que el movimiento social haya sido derrotado definitivamente, al contrario, hay una persistencia que en cierta manera es milagrosa. Porque, si en un país como España el movimiento sindical hubiera perdido en los últimos 20 años 4.000 activistas ¿seguiría existiendo y trabajando? Toda esta violencia ha hecho que los movimientos sociales adquieran mecanismos de resistencia que le han permitido resistir.

¿La justicia colombiana ampara a los movimientos sociales de toda esta violencia?

En Colombia el sistema jurídico es todavía bastante democrático pero no se refleja en la realidad de la sociedad. Hasta hace poco existían todas las posibilidades para que la víctima reclamara, pero el actual Gobierno adapta las normas a la realidad, cuando esta realidad no es democrática. Un ejemplo es la Ley de Prescripción de la Propiedad, que ha bajado de 20 a 10 años el plazo para que la gente con títulos de propiedad reclame su tierra y que sólo da cinco años de margen para reclamar a los campesinos, ¡en un país con tantos desplazados!

Con las leyes anteriores era muy difícil reclamar pero algunas veces se ganó. El problema, entonces, era que un éxito judicial podía generar un castigo tremendo para la gente que se había atrevido a reclamar sus derechos judicialmente. Todo esto marca al movimiento social, pero sigue luchando. Un ejemplo claro son los campesinos e indígenas, que en estos momentos juegan un papel determinante. Fueron los indígenas quienes, tras 14 años esperando a que el Gobierno cumpliera su promesa y les devolviera una hacienda, decidieron ocuparla, movilizaron a mucha más gente y forzaron negociaciones con las autoridades.

Movilizaciones de este tipo se dan también en las comunidades afrocolombianas y en regiones como el Chocó, donde a pesar de las represiones y los asesinatos de varias gentes, han continuado las movilizaciones contra la guerra, contra el Tratado de Libre Comercio y contra las reformas constitucionales que propone el Gobierno de Álvaro Uribe.

¿Los movimientos campesinos e indígenas son ejemplos a seguir por el resto de organizaciones sociales?

Sobre todo el movimiento indígena, que a pesar de todas las dificultades se sigue movilizando. En 1996, por ejemplo, y después de ocupar la conferencia episcopal y tomar carreteras y oficinas públicas de todo el país, el Gobierno dialogó con los indígenas y acordó crear tres organismos permanentes de diálogo.

Se trata de una comisión de derechos humanos que investigue y repare a comunidades víctimas de violencia, una Mesa de Concertación en la que consultar a los indígenas las medias legislativas y administrativas nacionales que les pueden afectar, y una Comisión de Territorios Indígenas que vele por la propiedad de las tierras. Estos organismos funcionaron dos años pero el actual Gobierno los ha boicoteado. Sin embargo, en estos momentos el movimiento social ve en los grupos indígenas un modelo a seguir, centrado en la cuestión de la tierra pero también en otros temas como el Tratado de Libre Comercio, y muy bien organizado.

¿De qué manera se inspiran en el movimiento indígena?<7b>