Fallimento delle politiche sociali in America Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso la construcción de un nuevo pacto para la protección social que tenga como objetivo el cumplimiento de los derechos sociales y que considere a las desigualdades y restricciones presupuestarias como limitaciones que es necesario reconocer y enfrentar.

El documento La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad destaca que las reformas iniciadas en los años 90 no resolvieron los problemas de financiamiento y cobertura de los sistemas de protección social. Ello obedeció a que el diseño de las reformas no se adecuó a las realidades de los mercados laborales de la región, al escaso y volátil crecimiento, a la lenta generación de empleo y al incremento de la informalidad, que alcanzó un 47% del empleo total a comienzos de esta década.

La CEPAL enfatiza la importancia de promover políticas que generen más y mejores empleos. Sin embargo, no cabe esperar que el empleo sea el único mecanismo de acceso a la protección para la mayoría de la población en el corto o mediano plazo. Por ello, será necesario fortalecer los mecanismos de solidaridad y la protección no contributiva. Esta última se encuentra limitada por recursos fiscales escasos, lo que deja a amplios sectores de la población al margen de los sistemas formales de protección. Además, la transición demográfica y epidemiológica y los cambios en la estructura y relaciones familiares agudizan la presión sobre los sistemas de protección social.

La CEPAL señala la necesidad de alcanzar un mejor equilibrio entre incentivos y solidaridad en los sistemas de protección social. Ésta debe integrar mecanismos contributivos (basados en aportes salariales de los trabajadores o sus empleadores) y no contributivos (financiados mediante rentas generales). Es importante realzar la eficiencia en el uso de los recursos para ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios, en especial para los sectores de menores ingresos.

En el documento se busca tender puentes entre los derechos sociales y los criterios de política destinados a reforzar su exigibilidad en términos de mayor acceso, mejor financiamiento y más solidaridad. Los temas examinados se centran en los procesos de reforma y diseño de los sistemas de salud y pensiones, tomando como base la dinámica del mercado laboral y las posibilidades fiscales de los países.

También se revisan los programas de apoyo a los grupos más pobres de la sociedad. Estos análisis procuran precisar algunos de los temas que debieran formar parte de un nuevo pacto social basado en el derecho a la protección social. No existen soluciones únicas, según la CEPAL. A pesar de que los países enfrentan restricciones financieras, el cumplimiento de los derechos debe orientar las políticas públicas e impulsar acuerdos que permitan movilizar los recursos necesarios.