Argentina: processo di estradizione per sei torturatori uruguaiani

El fin de semana pasado se produjo la novedad tan esperada: la detención de Gavazzo, Silveira y compañía. La justicia argentina los reclama por el caso María Claudia García de Gelman. En “prisión” cuartelera, los ex represores gozan de todo tipo de privilegios, pero comienzo quieren las cosas.

La solicitud de extradición formulada por Argentina de seis militares uruguayos vinculados al Plan Cóndor es consecuencia directa del archivo, aquí, del expediente penal del caso de María Claudia García, nuera del escritor Juan Gelman. En 2005, haciendo valer la ley de caducidad como una amnistía, el fiscal Enrique Moller truncó la posibilidad de que la indagatoria uruguaya continuara, a pesar de que se trata de un delito contra la humanidad, que por definición de la comunidad internacional no puede ser amnistiado.

La joven argentina había sido detenida en Buenos Aires en una operación coordinada por militares y policías de los dos países y trasladada a Montevideo, donde desapareció en 1976. Dio a luz una beba, Macarena, entregada a la familia del policía Ángel Tauriño, ligado a la dictadura y al Partido Colorado. Macarena recuperó su identidad en 2000. Como los delitos cometidos contra madre e hija gozan de impunidad en Uruguay, el gobierno argentino –a través de la Secretaría de Derechos Humanos– solicitó al Poder Judicial de ese país que pidiera la extradición de sus responsables. La solicitud en tal sentido del juez federal Guillermo Montenegro está fechada el 26 de abril. En ella se ordena librar a Interpol el pedido de captura internacional contra los militares retirados uruguayos José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez y Julio Vadora (fallecido), el ex militar Ricardo Arab y el ex policía Ricardo Medina Blanco. Estaba ya librada la orden de captura internacional para el coronel Manuel Cordero, prófugo en Brasil. Entre el viernes 5 y el sábado 6, todos (menos Cordero) fueron detenidos por orden de la jueza Aída Vera Barreto.

El pedido formal de extradición se presentó el lunes 8 vía Ministerio de Relaciones Exteriores, y ese mismo día la Suprema Corte de Justicia lo derivó al juez competente –de acuerdo al calendario mensual para casos de extradición– Juan Carlos Fernández Lecchini. Este magistrado asumió competencia y pidió los antecedentes del caso a la jueza Vera.

La sentencia de Montenegro que fundamenta el pedido de extradición cita, entre otros, los testimonios del periodista de BRECHA Samuel Blixen y de la vicecanciller Belela Herrera, además del dossier “El capítulo uruguayo de la Operación Cóndor” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del pit-cnt. Los requeridos son responsabilizados de participar del “acuerdo criminal denominado Operación Cóndor dedicado entre otros ilícitos a la ‘desaparición forzada de personas’ y que fuera conformado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile”.

El juez señala que estos individuos actuaron en las “privaciones ilegales de la libertad de aquellos ciudadanos uruguayos que fueron secuestrados en el país (Argentina) y alojados e interrogados en el centro de detención Automotores Orletti, como así también en el caso correspondiente a (María Claudia García) Irureta Goyena”.

Los uruguayos mencionados en el pedido del juez argentino son Washington Cram, Washington Queiro, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, José Méndez Donadío, Francisco Candia, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni.

Hermanos. Apenas asumió el cargo, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez se comprometió ante su par, Néstor Kirchner, a investigar de manera prioritaria el caso de la nuera de Gelman. Corrían tiempos de abrazos y sonrisas, de exaltación de la hermandad de un Sur en sintonía progresista.

Antes de que se desatara el conflicto por las plantas de celulosa, el gobierno uruguayo intentó desmarcarse del fallo que archivó el caso Gelman, al comunicar al Ejecutivo argentino las discrepancias con esa decisión penal, y también su impedimento natural de entrometerse en las decisiones del sistema judicial.

Kirchner sintió decepción –así lo comunicó– y fue peor aun cuando el dato militar que apresuró a Vázquez a declarar que había un 99 por ciento de probabilidad de hallar los restos de María Claudia en un batallón del Ejército, resultó una gran y dolorosa mentira.

En ese momento se dispararon las acciones en Argentina para acelerar el trámite de la extradición, y el gobierno uruguayo amagó con “perforar” la ley de caducidad para habilitar enjuiciamientos por casos de desaparecidos y en especial para intentar la reapertura del expediente de la nuera de Gelman. Pero los proyectos en danza –incluso uno presentado ante el Parlamento para interpretar la ley– se esfumaron o quedaron en el freezer, por decisión presidencial.

Hoy, bajo un gobierno de izquierda, la ley de caducidad, calificada de “mamarracho jurídico” por el actual secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, se mantiene tan vigente como cuando blancos y colorados alzaron sus manos para votarla. En Argentina, en cambio, el gobierno de Kirchner impulsó decididamente la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, cosa que finalmente la Suprema Corte de Justicia decidió.

Privilegios. Entre los grupos frenteamplistas con representación parlamentaria, sólo el Nuevo Espacio y el Partido Comunista se han pronunciado en favor de la anulación de la ley de caducidad, pero confían en que el nuevo contexto impulse en esa dirección a otros partidos de la coalición gobernante. Ambos abonan la tesis de que la anulación llegará tras la presión de las organizaciones sociales y de las bases del Frente Amplio, y fundamentalmente la que ejercerán estas eventuales extradiciones a Argentina. El mpp, que aún no ha asumido una posición clara con respecto al punto, pretende que sea la justicia uruguaya la que tome cartas en el asunto y es reacio a aceptar que delitos cometidos aquí sean juzgados en otros países. La misma aspiración tienen, por motivos diferentes, los propios militares reclamados por la justicia argentina. Elementos interesantes para un posible cambio de escenario. Además, esta vez, a diferencia de 1986 –cuando el cuco de la dictadura asustaba verdaderamente–, los militares no están en condiciones de exigir demasiado y especulan con que sus condiciones de detención en Uruguay serán muy distintas a las que podrían esperarles en Argentina. De hecho, Gavazzo, Silveira, Vázquez y Rama –a diferencia de Arab y Medina, que se encuentran en Cárcel Central– esperan el pronunciamiento judicial por la extradición en habitaciones privadas de cuarteles con teléfonos celulares a su disposición, almuerzos en el casino de oficiales, tardes de televisión y camaradería y visitas familiares permanentes. Esta situación de privilegio les permite, sobre todo, conservar el sentido de la impunidad, que se traduce en escenas de soberbia como las vividas el miércoles 10 en el pasillo del juzgado de la calle Misiones, cuando el capitán Rama y sus custodias pretendieron desconocer la autoridad de un juez (véase recuadro).

Antes, los tres militares que finalmente fueron extraditados a Chile esperaron la sentencia en libertad.

Nada similar pasó con los tres vascos supuestamente ligados a eta que fueron entregados a España: su detención en Cárcel Central transcurrió sin privilegio alguno, lo mismo que la del egipcio extraditado a su país.

El proceso. El juez Fernández Lecchini dijo a BRECHA que no prevé citar a los militares requeridos para interrogarlos, porque, según entiende, simplemente debe dedicarse a verificar si el pedido cumple con los requisitos del tratado de extradición entre Uruguay y Argentina para adoptar un fallo. En caso de que –por circunstancias que surjan del proceso– se deba interrogar a los requeridos, las audiencias serán orales y públicas, por cuanto podrían asistir los medios de comunicación y cualquier persona que simplemente lo desee. No obstante, el juez deberá adoptar las medidas necesarias para –sin desconocer el derecho a la información– velar por el normal desarrollo de las audiencias.
El magistrado prevé dictar sentencia de primera instancia en dos meses, y aún no decidió qué responderá a los pedidos de libertad que los defensores de los requeridos presentarán en estos días.

Si la peligrosidad de los individuos –por los hechos que se les atribuyen– es tenida en cuenta, no esperarán el fallo en libertad. La pregunta es cuánto puede valer un compromiso de no fugarse de parte de individuos como Gavazzo, Silveira y compañía. Hay un antecedente relacionado a estos hechos: el de Manuel Cordero, que fugó a Brasil con toda facilidad.

Luego de que el juez se expida –otorgando o denegando la expatriación–, el caso pasará a un tribunal de apelaciones y después a la Suprema Corte de Justicia. El proceso puede demorar un par de años, según estimaciones del Palacio Piria.

En ese período varios de estos militares deberán afrontar casos en Uruguay en los que son indagados por crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos es el de la desaparición en Argentina del militante tupamaro Washington Barrios. En ese caso se produjo, ayer jueves, un hecho histórico: familiares de desaparecidos y una mujer torturada se enfrentaron en careos a torturadores y represores de la dictadura (véase recuadro).

Estos procesos en Uruguay son posibles porque el Poder Ejecutivo, al ser consultado por la justicia sobre si los casos en cuestión se hallaban o no comprendidos en la ley de caducidad, respondió que no puede pronunciarse sin que antes se realicen las investigaciones penales al respecto.

Si una vez concluidas las indagatorias el Ejecutivo contesta que escapan al amparo de la ley de impunidad, los jueces quedarán con las manos libres para dictar procesamientos.

En esa eventualidad, los militares no podrán ser extraditados hasta que cumplan su condena en Uruguay. Fuentes del Ministerio Público y Fiscal dijeron a BRECHA que es factible que, además, en algunos de los procesos abiertos en el país se pida el procesamiento de militares por delitos relacionados al Plan Cóndor. Si alguno de estos militares es procesado en Uruguay por esos casos, la extradición podría truncarse al aplicarse el principio jurídico non bis in idem por el que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La “patota” de la OCOA

JOSÉ NINO GAVAZZO. Alias: “Nino”, “302”. Ingresó al Ejército en 1956. En 1970 recibió instrucción en “lucha antinsurgente” en Estados Unidos. Poco después se especializó en tareas de inteligencia apadrinado por el coronel Ramón Trabal, asesinado en París. En 1972 inicia su meteórica carrera en Inteligencia del Ejército. Entre 1974 y 1975 integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y en 1976 pasó al Servicio de Información de Defensa (SID). El 24 de agosto de 1978 se retiró con el grado de teniente coronel. Está acusado de haber participado de decenas de secuestros y asesinatos. En democracia trabajó en el frigorífico Comargen hasta que en 1995 fue procesado con prisión, junto al “Conejo” Medina, por falsificación de dólares. El 2 de octubre cumplirá 67 años.

RICARDO JOSÉ MEDINA. Alias: “Conejo”, “Rambo”, “306”. Ingresó al Cuerpo de Granaderos en 1966, especializándose en comunicaciones y escuchas telefónicas ilegales. Entre 1976 y 1977 trabajó en el SID y en el OCOA, donde conoció a otro granadero, José Sande Lima, quien hace pocos días fue procesado por peculado al constatarse el robo de materiales del penal de Libertad, del que fue director en 2002. En 1980 el jefe de la inteligencia policial Víctor Castiglioni (fallecido) lo reclutó para el grupo secreto de espionaje Gama. Trabajó en varias agencias de seguridad privadas. Fue asesor del ex senador colorado Pablo Millor. Está acusado de haber torturado a una treintena de militantes del PVP y de la desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman. El 1 de agosto cumplirá 58 años.

JORGE SILVEIRA QUESADA. Alias: “Pajarito”, “Siete Sierras”, “Chimichurri”, “Isidorito” y “Óscar 7”. Ingresó al Ejército en 1965. En 1972 ya era conocido como torturador. En el OCOA colaboró en la desaparición y muerte de decenas de militantes. Se lo acusa de haber violado a un grupo de estudiantes comunistas en 1981. Junto al “Conejo” Medina entregó a Macarena Gelman, la nieta de Juan Gelman, a la familia del policía Ángel Tauriño (fallecido). Todos los detenidos que sobrevivieron coinciden en que Pajarito gozaba tanto torturando como enseñando a torturar. En 2000 pasó a retiro con el grado de coronel. El 20 de setiembre cumplirá 61 años.

JOSÉ RICARDO ARAB. Alias: “Turco”, “Bruja”, “305”. Ingresó al Ejército en 1958. En 1976 se integra al SID y luego al OCOA. Participó en operativos de detención en el centro clandestino porteño Automotores Orletti y en el traslado de militantes desde Argentina hacia Uruguay. Se le acusa de trasladar a María Claudia García a la base Valparaíso, donde se cree fue asesinada. El 9 de febrero de 1978 fue dado de baja y degradado. Luego montó varias empresas, casi todas dedicadas al transporte de cargas. El 7 de febrero cumplió 65 años.

ERNESTO AVELINO RAMA. Alias: “Tordillo”, “Gallego”, “Puñales”, “Óscar 1”. Ingresó al Ejército en 1955. En 1972 trabajó como S2 (Inteligencia) en el Batallón de Infantería 1. Desde 1975 actuó como comandante del OCOA y en 1976 operó en la base Valparaíso, por lo que sabría el destino final de la nuera de Gelman. Luego cumplió funciones en la cárcel de La Tablada y en el Servicio de Material y Armamento. Hasta 1985, cuando la repaertura democrática, se desempeñó en el Comando General del Ejército. El 7 de febrero cumplió 70 años.

GILBERTO VÁZQUEZ BISIO. Alias: “Judío”, “Diente”, “307”. Ingresó al Ejército en 1963. A partir de 1971 actuó en Inteligencia del Regimiento de Caballería Mecanizada número 4 y en 1976 pasó al SID. Estuvo presente en detenciones e interrogatorios de los militantes del PVP secuestrados en julio de 1976 en Argentina. Era uno de los encargados de la base Valparaíso. Desde 1981 trabajó en el Estado Mayor del Ejército, con el grado de teniente coronel. Actualmente está retirado y es docente de estrategia militar en el Centro de Altos Estudios Nacionales. El 20 de agosto cumplirá 61 años.

(Fuente: A todos ellos, de Madres y Familiares de Desaparecidos, y Archivo BRECHA.)