Bolivia: la nazionalizzazione degli idrocarburi

De todas maneras, ¿quién le quita lo bailado al noble pueblo boliviano?
El 1 de mayo, cuando Evo Morales hizo su espectacular anuncio desde
Tarija, fue para su gente el más feliz de todos los días de los
trabajadores de que se tenga memoria.

En menor medida, dos disposiciones del gobierno del MAS, aunque muy
limitadas, abonaron ese sentimiento. Una elevó 13 por ciento el salario
mínimo, llevándolo a 500 bolivianos, aunque por ahora lejos de la
promesa de campaña. La otra frustró parte de la legislación de
precariedad laboral y el despido sin causa que se había extendido como
epidemia desde la primera presidencia de Gonzalo de Sánchez de Lozada.

Los pasos dados por Morales al cumplir cien días de gobierno contaron con
el respaldo del presidente Hugo Chávez, quien invitó a Bolivia a sumarse
como socio pleno al proyecto de Gasoducto del Sur. Este surcará el
subcontinente desde el Orinoco hasta la Patagonia y será lanzado con
todos sus detalles técnicos en una cumbre de presidentes en agosto, en
Caracas. Bolivia tendrá un asiento en esa estratégica asociación, siendo
hasta hace poco la Cenicienta de la región pese a reservas gasíferas y
petroleras valuadas en más de 150.000 millones de dólares.

Pero, como dice un tango, "nunca falta un buey corneta cuando un pobre se
divierte". Y cuando los bolivianos aún festejaban la moderada
nacionalización, las multinacionales y gobiernos primermundistas
lanzaban sus primeros alfilerazos para pinchar los globos de la fiesta.
A la cabeza de los aguafiestas estuvieron Repsol y el reino de España,
seguidos de cerca por Petrobras, que se sienten estafados por la
decisión soberana de La Paz. Los ladrones creen que todos son de su
condición..

Muestran los dientes

El ministro español de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, vicepresidente
del gobierno, evaluó que Bolivia produjo "la ruptura de unos acuerdos
internacionales de inversión y de protección de inversiones,
equiparables en cierta medida a una expropiación". Los empresarios
agrupados en CEOE se manifestaron "inquietos y preocupados" por el curso
del altiplano. Los patrones reclamaron a José Luis Rodríguez Zapatero
que se plante ante Morales y le haga "respetar los compromisos
adquiridos".

Repsol, el cerebro de estas movidas madrileñas, emitió un comunicado
diciendo que permanecerá en Bolivia "sin renunciar a sus derechos". Para
la compañía de Antonio Brufau, sus "derechos" implican pleitear ante la
justicia de Nueva York.

Esta gente cree que haber creado 300 empleos directos desde 1997 y haber
invertido 1.080 millones de euros desde entonces (seguramente fueron
menos que sus beneficios), les da derechos para darles a los bolivianos
un trato apenas mejor que el de los conquistadores en la época que
descuartizaron a Tupac Amaru.

Repsol detenta el 26 por ciento de la producción gasífera de Bolivia y no
quiere perder esa posición. Por eso quienes firmaron el Decreto 28.701
tienen que prepararse para sortear una campaña local e internacional
orientada a que revocarlo.

Funcionarios españoles viajaron a Bolivia para afilar sus argumentos de
cara a la negociación de 180 días prevista por el decreto
nacionalizador. Esos lobos han mostrado los colmillos.

El Palacio Quemado dispuso que los campos con producción de cien millones
de pies cúbicos diarios de gas, reportarán el 82 por ciento de lo
producido al Estado y el 18 por ciento a las empresas. Los que de menor
rendimiento darán 50 y 50 por ciento a cada parte, pero en todos los
casos las privadas deberán ceder al Estado la posición dominante -50 por
ciento más uno de las acciones- en las sociedades mixtas emergentes.

Según lo anunciado el 1 de mayo, las firmas que acepten esas condiciones
podrán continuar con sus operaciones y las que no deberán marcharse.
Pero ni una cosa ni la otra serán fáciles de lograr.

Rubricar nuevos contratos será problemático pues las multinacionales no
acuerdan con el cálculo de que aún con el 18 por ciento de la renta les
quedará un margen de ganancia cercano al 20 por ciento. Así lo habían
estimado el titular de YFPB, Jorge Alvarado, y el ministro de
Planificación, Carlos Villegas.

Lo segundo, irse con la frente marchita, tampoco es una alternativa grata
para Repsol y demás pulpos, que verían frustrado sus negocios, acotadas
sus reservas y en picada sus rentabilidades. En ese caso se marcharán
hacia Nueva York, el tribunal arbitral del Banco Mundial (el tristemente
célebre Ciadi) y a cortes europeas, a litigar contra Bolivia y
reclamarle indemnizaciones. En la eventualidad no habría que descartar
una campaña para derribar al gobierno, supuesto causante de todos esos
"males". El poder español piensa que lo de Morales fue "una decisión
unilateral que ha hecho saltar por los aires el orden jurídico
internacional".

Unidad y lucha en el Mercosur

La abierta hostilidad de España, aún con un gobierno "socialista", hacia
la perspectiva nacionalista en Bolivia, se entiende perfectamente. No
tanto, pero al final también se explica la misma oposición de parte de
la brasileña Petrobras, de ubicación dominante en el mercado energético
boliviano hasta hoy.

El titular de esa petrolera mixta, Sergio Gabrielli, anunció la
suspensión de cualquier nueva inversión en Bolivia y que no aceptará
aumentos en el precio de ventas del gas. Ildo Sauer director de Gas y
Energía de la compañía, tronó: "vamos a usar todos los instrumentos
jurídicos para garantizar los intereses de la empresa". El despecho
denota que Petrobras se sentía en condiciones de dictar la ley en La
Paz, en lugar del gobierno nacional, basada en que su producción
equivale a una quinta parte del PBI boliviano.

Lula hizo un cierto equilibrio entre su respaldo a la empresa de su país
y su condición de político líder del Mercosur, un espacio que ya tiene
suficiente turbulencia por el entredicho Argentina-Uruguay y no se
aguanta más fisuras.

Así fue que el jefe de Estado brasileño, cuya nación depende de 26
millones de metros cúbicos de gas boliviano cada día, pidió la última
cumbre presidencial. Su objetivo fue "ablandar" a Morales, predisponerlo
a una negociación "más sensata" con Petrobras y limitar el precio de las
importaciones gasíferas.

El aymara no se amilanó. En la víspera de la cita en Iguazú denunció que
lo de la cúpula de Petrobras era un "chantaje". Y no llegó aislado a la
reunión pues lo hizo con Chávez, con quien se había reunido el día antes
en La Paz, donde se anunció la construcción de una planta de YPFB con
ayuda de la venezolana Pdvsa.

El escueto documento de los cuatro presidentes, de apenas quince líneas,
estipuló que "la discusión sobre el precio del gas debe darse en un
marco racional y equitativo que viabilice los emprendimientos". Ese
párrafo supuestamente impedirá aumentos como los pensados por Bolivia,
del orden del 50 por ciento sobre los actuales valores de 3,25 dólares
el millón de BTU con que vende a Brasil y Argentina.

La unidad de los cuatro en torno al Gasoducto del Sur y la continuidad
del Mercosur no eliminó las diferencias derivadas del comercio del gas.
Sería injusto atribuir a Morales esa culpa. A lo sumo Kirchner y Lula
podrían reprocharle que, en sus respectivos frentes internos, parte de
sus poblaciones les reclaman que nacionalicen como en Bolivia.