Brasile: altre vittime della mattanza di São Paulo

La violencia que se propagó al interior de todo el sureño estado de São Paulo, practicada tanto por criminales como por la policía e instaurando la "pena de muerte de hecho", tendrá consecuencias que se extenderán por mucho tiempo, dijo a IPS Francisco Whitaker, consultor y ex secretario de la no gubernamental Comisión Brasileña de Justicia y Paz, vinculada a la Iglesia Católica.

En los últimos siete días, cuando estallaron las rebeliones en 82 presidios y los atentados contra policías en las calles, residencias, cuarteles y comisarías, fueron muertas 170 personas: 107 supuestos criminales, 41 agentes, cuatro civiles y 18 reclusos, según la policía.

Las autoridades policiales consideran que esos 107 muertos estaban vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), grupo delictivo organizado desde dentro de las prisiones que desató la violencia la noche del viernes 13.

Pero testimonios aseguran que hubo varios casos de ejecuciones de personas indefensas, como el de cinco jóvenes acribillados en la cabeza y el pecho en la noche del domingo en un barrio oriental de São Paulo. Todos portaban documentos que comprobaban su trabajo regular como obreros metalúrgicos o empleados del comercio.

Un sexto miembro del grupo escapó herido, simulando estar muerto, y su familia teme una "quema de archivo" (asesinato de testigos). Pero varios vecinos presenciaron la masacre, aparentemente una venganza indiscriminada por el asesinato de un policía militar, algunas horas antes en la misma calle. Los tres ejecutores se presentaron encapuchados diciendo ser policías.

Otros casos divulgados por la prensa dan cuenta de ejecuciones de personas aparentemente ajenas al crimen y de familiares de reclusos. Los impactos recibidos en la cabeza y en la espalda de las víctimas indican que no hubo enfrentamientos.

Las cifras son evidentes. Hasta la tarde del lunes, cuando terminaban las rebeliones carcelarias y se extinguían los atentados, los datos oficiales apuntaban la muerte de 38 "agresores" y 31 policías civiles y militares, además de ocho carceleros. Desde entonces la mortandad fue unilateral, pues se sumaron 69 supuestos delincuentes fallecidos, y ningún policía.

"No hay inocentes muertos por la policía", afirmó Godofredo Bittencourt, director del Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado, de la policía civil. Pero las autoridades policiales, subordinadas al gobierno estadual, se negaron hasta ahora a divulgar los nombres de los 107 sospechosos muertos.

Los hechos muestran "un descontrol" de las fuerzas policiales, pero falta comprobar si ello se debió a la "insubordinación" de las tropas o si obedece a una orientación o estímulo de la jefatura, dijo a IPS el diputado Italo Cardoso, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de São Paulo.

La Comisión pidió el viernes a la Justicia que prohibiera la sepultura de muertos sin identificar, temiendo una maniobra que dificultaría comprobar si hubo ejecuciones sumarias. La misma prensa refleja la posibilidad de una matanza indiscriminada pues califica a los muertos como "sospechosos" en lugar de delincuentes, observó el diputado.

Los hechos darán pie a una larga controversia, que se acentuará con la movilización de los familiares de los asesinados, la investigación de la fiscalía, de órganos parlamentarios y de oficinas de la misma policía, pronosticó Whitaker.

Pero los activistas humanitarios han quedado en una situación difícil, "inmovilizados" por la violenta acción del PCC, ya que su actuación intensificaría la frecuente acusación de que la defensa de los derechos humanos constituye "una defensa de bandidos", evaluó.

Una reflexión sobre cómo contener la violencia, tanto delictiva como policial, tiene que partir ahora de otros movimientos, como los educativos, comunitarios, de asistencia social y de investigadores, opinó Whitaker, uno de los organizadores del Foro Social Mundial que se reúne anualmente en diferentes ciudades para buscar caminos hacia "otro mundo posible".

Pero la violencia que aterrorizó a São Paulo esta semana dejará otras secuelas, acotó. Se intensificará la opinión pública a favor del endurecimiento de las leyes y de la represión a la delincuencia, como las propuestas de restablecer la pena de muerte y la ampliación de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años de edad.

El Senado se adelantó y aprobó el miércoles, por unanimidad, 11 proyectos para hacer más rígido el régimen penitenciario y aumentar el presupuesto destinado a la seguridad pública. El aislamiento hasta por dos años de presos peligrosos y mecanismos para impedir la comunicación por telefonía celular en los presidios son algunas de las medidas que dependen ahora del voto en la Cámara de Diputados.

Los hechos también tendrán consecuencias políticas, especialmente en las elecciones de octubre, con acusaciones entre los candidatos y partidos sobre responsabilidades en el aumento de la violencia criminal.

Como el gobierno estadual está a cargo de la seguridad y para eso cuenta con cuerpos policiales militares y civiles, el candidato presidencial socialdemócrata Geraldo Alckmin tiene mucho que perder, porque acaba de dejar la gobernación del estado para postularse.

Pero tampoco el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, estará exento de críticas, ya que su gobierno redujo los aportes presupuestales a la seguridad pública en todo el país.

Lo más grave, según Whitaker, es que esa ola de violencia ensanchará la ya mayoritaria porción de la opinión pública que es favorable a la represión cada vez más dura e incluso a las ejecuciones extrajudiciales de "bandidos".

La tendencia es que se "reduzca la capacidad de la sociedad para reaccionar" al agravamiento de la situación, que ya "es cercana a la barbarie", consecuencia de "un siglo perdido", en el que Brasil no logró desarrollarse de modo de cerrar llagas sociales de las cuales la violencia es solo una parte, concluyó.