CHILE:El fantasma de la impunidad

SANTIAGO, ene (IPS) - El gobierno de Chile está determinado a lograr la aprobación de tres leyes sobre derechos humanos, pese a los reparos de dirigentes oficialistas y el rechazo de organizaciones de víctimas de la represión que aseguran obedece a presiones militares para imponer la impunidad a favor de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), parte de la escindida Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y sectores de los cogobernantes partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD) se oponen en diversos grados a las leyes que el presidente Ricardo Lagos espera que el Congreso legislativo despache urgente en marzo.

La ruptura entre la AFDD y el gobierno parece acercarse a un punto sin retorno, luego de que el ministro del Interior, José Miguel Insulza, señalara el 28 de este mes que no considera decisiva la opinión de esa organización, que reúne a los familiares de más de un millar de desaparecidos durante la dictadura encabezada por Pinochet de 1973 a 1990.

El asunto de los derechos humanos, la mayor asignatura pendiente de la transición democrática, fue reactivado el día 15 por el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien criticó abiertamente al Poder Legislativo por su demora en tramitar los proyectos que Lagos presentó en noviembre.

En las declaraciones que formuló luego de dar su saludo protocolar al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Marcos Libedinsky, el jefe militar sostuvo que el atraso causa "desesperanza" y es responsabilidad de "sectores indiferentes y hasta grupos de presión".

La preocupación castrense apunta sobre todo al proyecto que crea nuevos procedimientos para recabar información sobre la suerte de los desaparecidos, rebajando grados de penalidades o dando inmunidad a agentes subalternos que actuaron por "obediencia forzada" en la comisión de crímenes represivos.

En los tribunales chilenos se tramitan desde la restauración de la democracia, el 11 de marzo de 1990, unos 300 procesos por desapariciones forzadas de personas y asesinatos políticos que involucran a unos 100 agentes represivos, en su mayoría miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía de Carabineros, ya acogidos a retiro.

El general Cheyre, quien ejerce la comandancia del Ejército desde marzo de 2002, señaló que la dilación del parlamento mantiene a las víctimas "en un duelo permanente", mientras que a los procesados, "muchos de los cuales pueden ser incluso no culpables, se les aplica una situación de venganza al no poder avanzar en los procesos".

Las palabras de Cheyre marcaron un giro respecto de anteriores pronunciamientos en favor de una definitiva reconciliación cívico-militar y autocríticas a propósito de las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de la dictadura del hoy general retirado Pinochet, que acumuló unos 3.000 crímenes represivos.

El presidente del PS, Gonzalo Martner, calificó de "inconstitucionales" las expresiones de Cheyre, por constituir una interpelación a un poder del Estado, crítica a la cual se sumaron dirigentes y legisladores del PPD.

Pero el gobierno restó gravedad a los dichos del general a través de Insulza, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y el ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, Francisco Vidal, quien puntualizaron que no comparten la "desesperanza" del militar.

No obstante, Lagos ordenó agilizar los proyectos de ley e Insulza anunció que en marzo el Poder Ejecutivo los caratularía de "extrema urgencia", lo cual obliga a ambas cámaras legislativas a completar su tramitación en el curso de un mes.

Además del proyecto sobre inmunidades penales a cambio de información, el parlamento debe considerar un proyecto que aumenta las pensiones monetarias y otras ayudas a los familiares de desaparecidos y asesinados y establece un régimen de reparación moral para las víctimas de torturas durante el régimen de Pinochet.

El tercer proyecto permitirá limpiar definitivamente los prontuarios judiciales de miles de ciudadanos que fueron sentenciados por motivos políticos por los tribunales civiles y militares durante la dictadura. La prisa que demuestra ahora el gobierno implica una marcha atrás en un acuerdo con el PS para estudiar con mayor profundidad las objeciones de la AFDD y de otros grupos humanitarios a los mecanismos de rebaja de responsabilidad penal a cambio de información para ubicar los restos de los desaparecidos.

Pero el rechazo de las agrupaciones de familiares de víctimas de la represión a la iniciativa gubernamental no es unánime. La llamada Línea Fundadora de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos confirmó su apoyo al proyecto en una reunión con Insulza el día 27.

Silvia Castillo, dirigente de ese grupo, dijo que "hay algunos casos en que no es la misma responsabilidad", entre quienes ordenaron, cometieron o colaboraron en un crimen represivo.

"Se debe agradecer la información entregada (por agentes), que es la única que en el último tiempo ha abierto el muro terrible que fue la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta dictatorial)", agregó Castillo.

Magdalena Navarrete, coordinadora de Línea Fundadora, dijo que Insulza les transmitió "la absoluta certeza y seguridad" de que "los criminales mayores no van a tener ninguna posibilidad de beneficios penales".

En cambio, la presidenta de la otra ala de la escindida Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Patricia Silva, reiteró el rechazo a los mecanismos de rebaja de penas, por considerarlos una forma soterrada de impunidad.

"Rebajar penas no tiene sentido, porque nuestro ordenamiento jurídico contempla penas de acuerdo al grado de participación en el delito: una persona que fue encubridora no tiene la misma pena que una persona que fue ejecutora", dijo Silva al semanario El Siglo, órgano del opositor Partido Comunista.

Para Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD y militante comunista, el proyecto del gobierno "transita claramente hacia la impunidad", con el propósito de imponen un "punto final" en materia de juicios por crímenes contra los derechos humanos.

Eduardo Contreras, uno de los abogados que logró el enjuiciamiento de Pinochet en la causa de la llamada "caravana de la muerte" por haber recorrido Chile asesinando opositores, en la cual el ex dictador fue absuelto por "demencia senil", sostuvo que es absurdo esperar que los militares entreguen ahora información "si no lo han hecho en 30 años".

Para Contreras, el gobierno debería abstenerse de presentar el proyecto y dejar que los tribunales continúen con los procesos, en los cuales se produjeron avances sustantivos desde que en 2001 se nombraron jueces de dedicación exclusiva a los casos.

Pamela Pereira, abogada, hija de desaparecidos y vicepresidenta del PS, manifestó sus temores de que el gobierno este "cediendo a la presión militar", mientras el ministro Insulza, del mismo partido, señaló que Lagos está molesto por "las presunciones sobre impunidad