MEXICO:Zapatistas entre el edén y el infierno

MEXICO, feb (IPS) - La guerrilla zapatista controla en un rincón del sudoriental estado mexicano de Chiapas un sistema con rasgos de autoritarismo, persecución de opositores, tráfico de indocumentados, cobro ilegal de impuestos y violencia, según el gobierno. Pero para los seguidores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que cumplió el 1 de enero 10 años en escena, la historia es otra: en esa zona "liberada" hay un nuevo poder comunitario que respeta las normas y tradiciones indígenas. Es difícil saber cuál es hoy la realidad de los nativos que integran el EZLN, pero seguramente en ambos puntos de vista opuestos hay algo de cierto, dijo a IPS el investigador Jorge Matías, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según varios estudios coincidentes, a mediados de los años 80 llegaron a Chiapas integrantes de un frente político de izquierda, mestizos en su mayoría o todos ellos, que junto con los nativos de la zona desarrollaron un proyecto de guerrilla. El 1 de enero de 1994 irrumpieron en escena y declararon la guerra al gobierno del presidente Carlos Salinas (1988-94). El documento, "Diagnóstico del EZLN", elaborado por el Grupo de Coordinación Chiapas, de la Secretaría (Ministerio) de Gobernación (Interior), afirma que en la zona controlada por los zapatistas los servicios sociales del gobierno son hoy rechazados, hay violencia de diverso tipo y hasta casos de cultivo y tráfico de drogas ilegales. La superficie de Chiapas es 75.634 kilómetros cuadrados, 3,7 por ciento de la total de México, y los territorios zapatistas abarcan menos de 15 por ciento del área de Chiapas. Ingresar a ellos es una posibilidad vedada para la mayoría de mexicanos. El grupo y sus bases sociales de apoyo en Chiapas, integradas casi en su totalidad por indígenas, mantienen instalados numerosos retenes donde se detiene a toda persona ajena foránea, incluyendo periodistas, a quienes se les niega todo chance de hablar con los portavoces de la organización. En agosto, la dirigencia del EZLN, que desde los primeros meses de 2001 se mantiene al margen de la actividad política, anunció la instalación de cinco "juntas de buen gobierno" en Chiapas, para dar un nuevo aliento a las formas de organización autónoma que ejerce de facto desde que se levantó en armas. Alejada hoy de la política y sumida en el silencio, la guerrilla que no dispara un solo tiro desde la segunda semana de su irrupción en escena, y tampoco es atacada gracias a una ley de pacificación, afirma que en su territorio priman la justicia, la vida comunitaria y el respeto al ambiente. Según explicó el año pasado el subcomandante Marcos, la figura más notoria del zapatismo, las juntas de buen gobierno, también llamadas "caracoles", buscan ser "como puertas para entrar a la comunidades y que las comunidades salgan, como ventanas para vernos dentro y para que veamos afuera". No se sabe con exactitud cuantos nativos viven bajo la égida del EZLN, pero cálculos extraoficiales señalan que serían menos de 100.000. Cuando el grupo declaró la guerra al gobierno, prometió avanzar hasta la capital y tomar el poder, pero luego mudó su discurso para centrarse en demandas de democracia política, respeto a los derechos y cultura indígenas y exhortaciones a organizar la sociedad civil en pos de la justicia. El diagnóstico elaborado por el gobierno del presidente Vicente Fox afirma que en la zona zapatista se registraron en 2003 constantes violaciones a la ley. Activismo de grupos extranjeros, agresiones, acoso a grupos indígenas opuestos a la guerrilla y tráfico de indocumentados, de armas y drogas ilegales son parte de los hechos reportados. "Los zapatistas han intensificado su movilidad realizando acciones de hostigamiento o de violencia contra quienes no se someten a sus leyes", afirmaron los autores del documento. También mencionaron disputas por terrenos y por el control del transporte colectivo que sirve a la zona, así como cobro ilegal de impuestos y rechazo a toda ayuda oficial. En el Grupo de Coordinación de Chiapas, responsable del documento, participan el secretario de Gobernación, Santiago Creel, varios subsecretarios, la estatal Comisión para la Paz y Reconciliación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal y representantes del gobierno de Chiapas. Desde que Salinas decretó un alto al fuego en 1994 e inició diálogos con los guerrilleros, los nativos del grupo asumieron el control de su territorio y se mantienen atrincherados. Sólo en 1995 ese control tuvo un paréntesis, cuando el gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) ordenó una ofensiva militar en la zona, que no recibió respuesta de los guerrilleros, quienes prefirieron huir junto con sus bases de apoyo. Esa ofensiva fue interrumpida por presiones de grupos civiles y políticos, y los nativos que habían huído comenzaron a regresar a sus tierras de manera parcial. Para fines de 2000, cuando Fox asumió la presidencia, se ordenó el retiro del ejército y el EZLN volvió a ejercer pleno control de las zonas de cañadas y selvas de Chiapas. La democracia se fortaleció con la llegada al gobierno de Fox, el primer presidente ajeno al Partido Revolucionario Institucional en siete décadas, mientras el EZLN se mantiene en silencio y se niega a reanudar los diálogos de paz, interrumpidos desde 1996.. Sus últimos movimientos políticos se realizaron en 2001, cuando sus máximos jefes realizaron un viaje hasta la capital con anuencia y protección del gobierno, para pedir a los parlamentarios una ley sobre derechos indígenas. El Poder Legislativo aprobó una ley en la materia que no satisfizo a los zapatistas, que desde entonces permanecen en el territorio que controlan para desarrollar, según dicen, la verdadera autonomía indígena. El gobierno alega que ese ejercicio de poder se asocia con numerosas a la ley y acciones violentas entre nativos. Fox se mantiene abierto a dialogar con los zapatistas, afirma que jamás los atacará y dice trabajar como nadie a favor de los derechos de los indígenas, la principal bandera de los guerrilleros. En México hay alrededor de 10 millones de nativos, cuya gran mayoría es pobre, un hecho que se mantienen sin variaciones a pesar del levantamiento zapatista y de las promesas de los sucesivos gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox