Guatemala: la Chiesa della Liberazione: superare il dolore per costruire la pace

Reportaje Iglesia de la Liberación en Guatemala: Superar el dolor para construir la paz La población fue sometida al terror 28.febrero/2004 - Guatemala – Adital - En ocasión de la reciente celebración del II Congreso Americano Misionero, el presidente de la Pastoral de Movilidad Humana, Monseñor Álvaro Ramazzini, y el presidente de la Comisión Misionera, Monseñor Julio Cabrera Ovalle, en nombre de la Iglesia Católica de Guatemala dirigen a los emigrantes residentes en el exterior un mensaje de solidaridad. Asumen el compromiso de "denunciar las injusticias que se cometan contra los emigrantes" y animándoles a participar con entusiasmo y sentido misionero en las parroquias y movimientos apostólicos en los países que les han acogido. Preocupados con las realidades que amenazan la vida de nuestros pueblos -el aumento numérico de los pobres, como resultado de estructuras económicas que generan exclusión y marginación y de la globalización que favorece a los más ricos-, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) declara su seguimiento a las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) entre Centroamérica y Estados Unidos y constata realidades portadoras de vida en la iglesia: "Una mayor conciencia y promoción de los Derechos Humanos; mayores esfuerzos en la sociedad por destruir el muro de la impunidad y atacar el flagelo de la corrupción; la emergencia de la mujer en diferentes situaciones y circunstancias; el papel fiscalizador de los medios de comunicación social delante de la gestión gubernamental... el crecimiento de la conciencia y la preocupación por los problemas ecológicos y por el uso racional de los recursos naturales". En mayo del 2003, los obispos emitieron un mensaje con vistas a ayudar en el "discernimiento de una de las realidades de la vida social que más nos afectan: la participación en la acción política". Reconocen la desconfianza de muchos ciudadanos en los procesos electorales, y llaman a votar libre y responsablemente rechazando la práctica de los políticos corruptos de comprar votos. Un plan de evangelización que combate la violencia - Guatemala es por varias razones un país símbolo de la vida y riqueza interior de los pueblos autóctonos americanos. Por sus huellas arqueológicas, por la vigorosa presencia de pueblos que practican formas comunitarias creando permanente su cultura, por los documentos literarios conservados en lengua propia y por su rica producción artística y artesanal. En este país, ya densamente poblado en el siglo 16, predicó Fray Bartolomé de las Casas, proponiendo un plan de evangelización sin violencia armada para la región de Verapaz, sin ser escuchado por las autoridades y encomenderos y tuvo que marcharse. Sin embargo, a pesar de siglos de exterminio, la historia del país y de su Iglesia está marcada por la presencia y capacidad de resistencia de más de veinte pueblos indígenas –más de 60% de la población- que aún conservan su propia lengua, vestidos, cocina, vida comunitaria y producción artesanal. En este país - llamado con justicia por la publicidad turística- "de la Eterna primavera" la represión y el terrorismo de Estado cobraron la vida de más de ciento veinte mil personas entre 1954-1996. Este acontecimiento histórico también alcanzó al personal de la Iglesia con la tortura y asesinato de veinte sacerdotes y religiosas, entre ellos Monseñor Juan Gerardi, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) a dos días de presentar su Informe Guatemala, Nunca Más sobre el terror impuesto por la cúpula militar. Desde los años 70, cuando fue obligado por la represión a "cerrar la diócesis" para evitar que continuara la matanza de agentes de pastoral de su equipo, hasta el final de su vida, Monseñor Gerardi fue un pastor apasionado por la promoción de los Derechos Humanos y un profeta defensor de su pueblo. La CEG, desde mediados de los años 70, constituye un ejemplo de firmeza y coherencia en América Central. Hay en estos pronunciamientos una constante educativo-pastoral en apuntar caminos basados en valores del Evangelio y una coherencia con el trabajo de los agentes de pastoral insertos entre los pobres. La dinámica de la Iglesia Católica en Guatemala puede ser comprendida en tres períodos: un primer que va desde Puebla (1978/79) hasta la restauración formal de la democracia con el gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo (1986); una segunda fase comprende de 1986 hasta la suscripción de los Acuerdos de Paz, en 1996; y una tercera, desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta hoy. El precio de la renovación en la Iglesia - A Guatemala llegaron tarde la primavera y los aires de Medellín, aunque hubo una renovación de varias comunidades religiosas dedicadas a la educación escolar y al trabajo pastoral entre los pueblos indígenas. Después de Medellín se da una mayor inserción de religiosas y religiosos en medios populares principalmente en zonas de población indígena. Pero el Episcopado, aún liderado por el Cardenal Mario Casariego, próximo a la oligarquía y a la cúpula del Ejército, no asume con claridad las líneas emanadas de la Conferencia de Medellín. En 1976, un fuerte terremoto destruye parte de la capital y ciudades próximas, castigando severamente a los más pobres. A partir de ese momento, identificase un nuevo perfil del Episcopado Guatemalteco expresado en su documento "Unidos en la Esperanza" y en los pronunciamientos siguientes. Esa renovación del Episcopado acontece contemporáneamente a la Masacre de Panzós (1), en 1978 y en vísperas de la Asamblea Episcopal Latinoamericana en Puebla (1978-79). Esa línea queda plasmada en el documento de la Asamblea Anual de la CEG de marzo de 1979, que apunta lo siguiente: "Somos conscientes, como pastores que el hombre guatemalteco sobrevive en una situación social que contradice su condición de habitante de una comunidad nacional mayoritariamente cristiana: son evidentes, en efecto, las contradicciones entre el orden social injusto y las exigencias del Evangelio. De nuestra misión es inseparable la denuncia de estas injusticias y el anuncio de Jesús, nuestro Salvador. (...) Manifestamos nuestra firme voluntad de conocer a fondo y poner en práctica, dentro de un espíritu de co-responsabilidad, las opciones pastores asumidas en Puebla". En 1980 acontece la Masacre de Coya. Siguen hechos violentos como el asalto y quema de la Embajada de España y de sus ocupantes. La increíble violencia de los grupos hegemónicos culmina y se agudiza en 1982 con el golpe de Estado protagonizado por Efraín Ríos Montt. El blanco principal es la organización popular articulada en el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y en el Comité de Unidad Campesina (CUC) quien logra desarrollar un gran potencial articulando a grupos campesinos antes dispersos e incorporando también algunas comunidades indígenas, principalmente de la región del Quiché, al norte de Guatemala. Ese crecimiento de la organización campesina contó con el apoyo decidido de un sector importante de religiosos y religiosas que trabajaban pastoralmente en las zonas rurales. El compromiso de este personal con la causa de campesinos e indígenas, partiendo de una inserción real en el medio rural, les llevó a asumir los riesgos de su opción dentro de la realidad guatemalteca. La repuesta del Ejército fue la represión de todas las expresiones de Iglesia en las zonas rurales, secuestrando, torturando y asesinando a sacerdotes, religiosas, catequistas, líderes de comunidades cristianas y de organizaciones comunales. Al servicio de la Justicia y de la Paz A partir de 1986, con el restablecimiento formal de la democracia después de prolongada etapa de gobiernos militares y el advenimiento de un presidente civil -Vinicio Cerezo-, la CEG y sectores organizados de la iglesia, organismos de Derechos Humanos esperan un tiempo prudencial para ver cuál será la práctica del nuevo gobierno con relación a las demandas de justicia por tanto tiempo postergadas. Pero, las promesas de justicia, respecto a los Derechos Humanos y el fin de la impunidad del Ejército quedaron reducidas a retórica. En este período, el Ejército controlaba los mecanismos de poder a través de un gobierno civil. Continúan las violaciones de los Derechos Humanos, incluso secuestros y asesinatos. Se vive de una "democracia restringida". Cerezo aparece como un gobernante débil, que termina negando en la práctica sus promesas electorales, por temor a ser expulsado del gobierno. Por otra parte, promueve una política exterior de negociación y búsqueda de paz en Centroamérica, principalmente dirigida a buscar una salida para los conflictos armados en Nicaragua y El Salvador. Con ello, trata de oxigenar su imagen desgastada internamente. Las negociaciones políticas para buscar una salida política a los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala concluyeron con los acuerdos políticos presidenciales de "Esquipulas" que asignaron un importante papel a los Arzobispos de estos tres países como promotores de la reconciliación, mediadores en los conflictos armados en sus respectivos países. En Guatemala las negociaciones para superar las expresiones más fuertes del conflicto armado avanzaron muy lentamente y sólo consiguieron acuerdos en la década del noventa, culminando en 1996. Se multiplican las iniciativas pastorales - La Iglesia Católica, como estructura, manifestó problemas como la rigidez canónica romana para aceptar en las celebraciones litúrgicas oficiales la rica expresividad del pueblo maya. En compensación, en las Pastorales Sociales, el desarrollo de programas de educación popular, promoción de salud con medios naturales, promoción de artesanías, la valoración de los espacios comunitarios y, especialmente, el surgimiento de la Comisión Pastoral Indígena de Guatemala (Codigua) con la decidida participación de los Obispos Julio Cabrera y Julio Betancourt, del Quiché y Huehuetenango, respectivamente, fueron grandes logros alcanzados. En el caso específico de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’s) urbanas, en Guatemala y también en toda Centroamérica, el modelo organizativo de las CEB’s no ha conseguido reproducirse ampliamente. Le falta un "gancho" para atraer a personas con interés vital religioso que no encuentran espacios en las organizaciones tradicionales de la iglesia. Sin embargo, las comunidades subsisten como espacio profético de formación y testimonio. Hay un vacío de modelo organizativo; es difícil conseguir diseñar un modelo de organización eclesial de base que provoque el entusiasmo y adhesión, asegurando, por otra parte, la formación bíblica y la síntesis entre fe y vida que consiguen las CEB’s en pequeños grupos de militantes. Como pasos positivos de la Iglesia guatemalteca en este período, se va generalizando la práctica de una planificación del trabajo pastoral con una metodología adecuada y la intercomunicación entre varias pastorales al interior de varias diócesis. Los procesos educativos eclesiales alcanzan mayor y solidez; mejora la calidad de los materiales educativos y llegan a sectores más amplios de la población. Se multiplican las iniciativas de educación popular, muchas de ellas vinculadas con la iglesia de base. Juntamente con los espacios de encuentro, establecidos en las diócesis, han funcionado en esta etapa espacios de encuentros ecuménicos que permitieron un intercambio de experiencias y de reflexión más ágiles que los espacios internos de las iglesias oficiales. Por el carácter pluri-religioso de la sociedad este espacio consiguió una mayor receptividad en círculos urbanos. Entre estos espacios ecuménicos más importantes se han destacado el Comité Pro Justicia y Paz de Guatemala, especializado en documentación de problemas de Derechos Humanos, documentando la responsabilidad del Estado en la tolerancia de la impunidad; el grupo Pastoral de las Áreas Marginales, espacio de intercambio de experiencias, articulación y coordinación; la Asamblea Permanente de Grupos Cristianos (APGC), que ha sido una instancia para participar en el diálogo nacional tendiente a la firma de los Acuerdos de Paz; y, finalmente, las Jornadas por la Paz y la Vida, que se han propuesto desarrollar, desde la fe y las expresiones religiosas del pueblo, en la sociedad y en las iglesias guatemaltecas proyectos a favor de la vida con dignidad. Los objetivos de las Jornadas se han realizado a través de estudios bíblicos, producción de materiales para las celebraciones litúrgicas, mensajes a las iglesias evangélicas y divulgación de cartas del Arzobispo de Guatemala. La década del ‘90 ha sido importante para la labor de obispos y religiosos en el sentido de demandar el reconocimiento del carácter civil de Comunidades de Poblaciones en Resistencia (CPR) que, históricamente, habían sido obligadas a retirarse a zonas aisladas para no ser hostigadas por el Ejército bajo acusación de ser base de la guerrilla y atacadas como fuerzas beligerantes, sin tener armas y condiciones para defenderse en el terreno bélico. En repuesta a la petición de las CPR, un grupo de Iglesias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) se constituyeron en "Testigos", exigiendo que las CPR fuesen reconocidas como población civil y planteando que estas poblaciones -tal como las viudas, huérfanos, desplazados y refugiados-, fuesen beneficiadas como parte activa de programas de asistencia en emergencia y desarrollo, de atención pastoral y espiritual, de libre comercio y movilización y del goce de todos los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala asigna a cualquier ciudadano. El documento firmada por el arzobispo de la capital, Próspero Penados y por el obispo del Quiché, Julio Cabrera, y otras firmas más, fue muy importante en un momento en que el Ejército se negaba a reconocer claramente el carácter civil de estas poblaciones y también porque incluía la petición de formar una comisión multipartita para conocer la situación in situ. El resultado más importante de esta etapa es que los propios indígenas toman una más clara conciencia de sus raíces históricas y del valor de su cultura, un mayor número de personas se interesa por conocer las huellas de la extraordinaria cultura maya. Y hay una elevación de la autoestima de los pueblos autóctonos, reconocidos internacionalmente al ser nominada una hija del pueblo Maya, Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz en, 1992. En la campaña para alcanzar tal nominación trabajaron activamente importantes sectores de la iglesia guatemalteca. Los obispos guatemaltecos, concientes de la seriedad del problema agrario, los obispos publican el año 1988 su carta pastoral "El Clamor por la Tierra". En ella, a partir de una consistente fundamentación bíblica, afirman el derecho del pueblo pobre a la tierra como fuente de trabajo, denuncian los procesos injustos de apropiación de la tierra y reafirman decididamente el derecho de los pueblos autóctonos a sus tierras comunitarias. El difícil cumplimiento de los Acuerdos de Paz - Del período posterior a la firma de los Acuerdos de Paz hasta los días actuales, la iglesia guatemalteca continúa con la tarea de iluminar pastoralmente su realidad y se empeña en una tarea específica: acompañar el proceso de diálogo entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que es la instancia unitaria conformada por los diferentes grupos guerrilleros que actuaban históricamente en Guatemala -el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo en Armas (Orpa)-, propiciando Acuerdos de Paz serios, basados en la justicia y en la mutua aceptación de las partes. Ese trabajo de mediación en la negociación política demanda la dedicación prioritaria del Obispo Rodolfo Quezada Toruño y la dedicación parcial de otros miembros de la CEG, con sus respectivos asesores. Mientras en el resto de Centroamérica afectada por la guerra (El Salvador, Honduras y Nicaragua), a partir de los Acuerdos de Contadora o los ajustes estructurales condicionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los ejércitos fueron drásticamente reducidos en número de soldados y presupuesto y reestructurados, sometiéndoles a reglamentos explícitos que los subordinan a la autoridad civil, limitando su influencia política, en Guatemala el poder del Ejército practicante ha llegado al fin del siglo intocado, conservando un poder de influencia excesivo en la formulación de políticas, leyes y toma de decisiones del Estado. Como muestra de lo anterior, se puede verificar que solamente al terminar el año 2003 se está disolviendo el Estado Mayor Presidencial (EMP), siendo sustituido por una instancia con un dirigente civil. El EMP ha sido responsable de sucesivos actos de represión y violaciones a los Derechos Humanos. Solo se ha concretado su disolución siete años después de ser establecida en los Acuerdos de Paz de 1996. Para evidenciar el papel del EMP en crímenes que permanecen impunes, basta señalar a modo de ejemplos que podrían multiplicarse que dos de sus oficiales resultaron comprometidos en las investigaciones del asesinato del Obispo Gerardi. En este juicio, los detentadores del poder de impunidad han hecho muchas presiones para paralizar el proceso: tres jueces han renunciado por amenazas, otros dos sufrieron atentados y salieron del país para preservar su integridad física. En el caso de la antropóloga Myrna Mack, asesinada en septiembre de 1990 a puñaladas por investigar y documentar las tácticas contrainsurgentes empleadas por el Ejército contra las comunidades indígenas, los testigos claves han sido asesinados en prisión. La indefensión de los Derechos Humanos también es grande, principalmente en el área rural. Por ejemplo en Ixcam, municipio neurálgico durante el conflicto armado en 2002, a ocho años de suscritos los acuerdos específicos de Derechos Humanos, aún no se ha constituido un centro de administración de justicia, con juzgado de primera instancia, Ministerio Público y Juez de Paz. Mientras tanto, hay abundantes informantes del Ejército generando inestabilidad, temor y divisiones al interior de las mismas aldeas. Esta distribución desigual de presupuesto es sintomática de cuál es el nervio de los problemas. El poder real en la distribución de recursos los recorta para constituir un poder judicial con los mínimos instrumentos de eficacia. Sobre el papel del Ejército, éste sigue siendo omnipresente en las zonas rurales donde hubo combatividad y organización popular en las décadas de 80-90. Actualmente, aparecen en la nueva oficialidad que está asumiendo cargos dirigentes una actitud de guardar distancia de la política polarizante del FRG. Como un signo positivo que podría anunciar un cambio de actitud, hay que apuntar la salida del hijo de Ríos Montt, General Ríos Sosa, del Estado Mayor del Ejército. La constante impunidad estimula a que muchas personas busquen hacer justicia por las propias manos. Los medios de prensa informan de frecuentes intentos de linchamiento de delincuentes y abusadores de la comunidad. Por otro lado, el gobierno no ha atendido las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En las zonas rurales han sido instituciones privadas y de iglesias las que han impulsado el trabajo de reconciliación, a partir del conocimiento de la verdad histórica. Diferentes agentes educativos presentes en ámbito local -Jueces de Paz, la Pastoral Social católica, miembros de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) y organismos de Derechos Humanos- han trabajado en diferentes municipios de cara a la formación de Consejos Comunitarios de resolución de conflictos para mostrar que es posible construir la reconciliación en niveles locales con el concurso de los pobladores y trabajo de las organizaciones locales. La Pastoral Social de las zonas en conflicto ha acompañado los esfuerzos por un retorno digno de la población emigrada apoyando las demandas por un acceso estable a tierras del cultivo, recursos para la producción y asegurar la seguridad ciudadana. En Ixcam y otras zonas seriamente afectadas por el terrorismo de tantos años, la Pastoral Social y algunas ONG’s han apoyado proyectos de asistencia sicológica que ayuden a vivir las pérdidas de los seres queridos, cerrar los procesos de luto y superar gradualmente las heridas de la guerra. Con relación a la cuestión agraria, la realización de una justa distribución de tierras a los campesinos pobres y pueblos indígenas despojados, sigue siendo una tarea pendiente, imprescindible para la construcción de la paz social. Actualmente hay gestiones de sectores de la sociedad civil solicitando el apoyo de la Unión Europea para viabilizar la creación de un Banco de Tierras y hay presión al Estado guatemalteco para la definición de una política agraria que asegure la tierra para quines la trabajan. Ha habido avances significativos en el conocimiento y el asumir la identidad étnica y valorar su historia y raíces indígenas, pero en el desarrollo de proyectos socio-económicos no es tomado en cuenta el importante componente étnico. Las comunidades indígenas solo conquistan su derecho a la tierra, después de prolongados procesos de lucha. Entre las contribuciones más importantes de la iglesia de los pobres a la sociedad guatemalteca en su conjunto ha sido su trabajo de información y denuncia internacional de la situación de terror a la que fue sometida la población. Esta labor de denuncia ha sensibilizado diferentes instancias de la Unión Europea, de las ONG’s ecuménicas y humanistas, para dar seguimiento a tan dramática situación. La vigilancia, denuncia y presión de diferentes organismos comunitarios europeos han sido muy importantes para mejorar la situación de los Derechos Humanos y una revalorización de los pueblos indígenas. Entre los movimientos que más sensibilizaran a las iglesias y sociedad europea sobre la situación guatemalteca, se destacan la Iglesia Guatemalteca en Exilio, el Comité Pro Justicia y Paz y la acción divulgadora de Conferencia de Religiosos de Guatemala (Confregua) Entre los resultados recientes de esta labor está la constitución y funcionamiento de un "Grupo de trabajo" sobre Guatemala con participación de ONG’s guatemaltecas y miembros del Parlamento Europeo. El objetivo de este grupo sobre Guatemala es "Incidir para que la Unión Europea incorpore en su política de ‘Cooperación para Guatemala’, líneas de actuación para un Desarrollo Integral que respete los valores, los Derechos Humanos y la cultura de los actores sociales, en particular de los pueblos indígenas, y el que se incorpore la problemática de la redistribución de la tierra en el marco de una Reforma Agraria Integral, como una obligación del estado guatemalteco frente a la alimentación". En este grupo de trabajo están presentes los Comités Cristianos de Solidaridad Monseñor Oscar Romero. Los hechos recientes, incluido el proceso electoral realizado en el pasado mes de noviembre, indican que todo el trabajo educativo de amplios sectores da la sociedad civil, ONG’s e iglesias, empieza a apuntar resultados positivos. Si estos cambios se confirman, aparecerá más claro el fruto educativo en transformaciones históricas de la enseñanza y actitud profética de una iglesia que ha sabido ser signo de esperanza y estímulo a la reconciliación y dignificación de su pueblo, en las últimas décadas de la historia de su país. Al mismo tiempo se estará avanzado en una dinámica de construcción de las condiciones para reducir seriamente la falta de respeto a los Derechos Humanos, las extremas desigualdades sociales y el imperio de la impunidad. El noble y estoico pueblo guatemalteco sigue insistiendo por enveredarse por nuevos caminos. Notas (1) El 29 de mayo de 1978, personas de varias comunidades comenzaron a juntarse en la Plaza Pública de Panzós para ver qué se podía hacer en cuanto a los problemas de la tierra y presentar una petición al Alcalde, Walter Overdick García. Aquel día, varios miembros del Ejército de Guatemala estaban ubicados en la puerta y en el tejado de la municipalidad, en el tejado de la iglesia y encima del Salón Municipal. Aproximadamente a las 9.00 horas comenzaron a disparar apuntando al cuerpo de la gente que estaba presente. Los disparos provenían de las armas que portaban los miembros del Ejército y de tres metralletas ubicadas a las orillas de la plaza. Los miembros del Ejército cerraron el paso en las principales calles. Para eliminar a todos los presentes en la plaza, los soldados buscaron en las casas donde vieron que los civiles se metían, entraban violentamente y los vigilaban. Algunos sobrevivientes llegaron al Centro de Salud, que después fue rodeado por soldados. En total murieron aproximadamente 160 personas. Miembros del Ejército metieron los cadáveres en un remolque de un camión de la Municipalidad, los llevaron cerca del cementerio público y con un tractor, probablemente de propiedad del señor Flavio Monzón, hicieron un hoyo y los tiraron. (Parte del relato de miembros de las comunidades de la región del Polochic, publicado en "Guatemala, Nunca Más", informativo de los Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala – Famdegua, julio 1997).