Messico: gli zapatisti denunciano il sequestro di legno prezioso nel Chiapas con la complicita' di polizia ed esercito

Los zapatistas denuncian el saqueo de maderas preciosas de Chiapas con la complicidad de Policía y Ejército
Hermann Bellinghausen
La Jornada

Cada día abandonan las cañadas de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas decenas de camiones cargados de troncos talados (en ocasiones se trata de maderas preciosas) que alcanzan los aserraderos de las cabeceras municipales oficiales, o bodegas desde las que inmediatamente los embarcan en larguísimos tráilers que transitan por las carreteras internacionales hacia Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. De día y de noche. Seguramente con permiso legal. ¿O no?

De las tierras interiores de Altamirano, por ejemplo, la Sociedad La Victoria, operada por priístas, extrae toneladas de madera cada semana. La descarga en Altamirano y de ahí se "envía", ya cortada en tablas, o aún en tronco, al mercado maderero.

En un discurso de varias interpretaciones, las autoridades ambientales, reconociendo carecer de pruebas, han acusado a los municipios autónomos zapatistas de presuntamente traficar con madera en aserraderos ilegales. A la vez clausuran aserraderos que nada tienen que ver con los zapatistas. Mienras, el trasiego de madera en esta región es escandaloso por cotidiano y "normal".

Como se recordará, en marzo la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el aserradero del rancho El Nantze, en los límites entre Altamirano y Las Margaritas. La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), por conducto de su delegado, Ramón Francisco Aguirre, aprovechó para culpar a los zapatistas de ese y otros "20 o 30" aserraderos que estarían fuera de la ley. La Jornada ya apuntó que El Nantze fue inaugurado por Roberto Albores Guillén, pero falta otro dato: lo hizo en compañía del entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo. Como es de suponer, estos mandatarios no entregaron el aserradero a los rebeldes. Ni a ellos se los clausuró Profepa.

Pero ¿acaso importan estas precisiones si se trata de armar escenarios de papel donde todas las ilegalidades "podrían" ser de los zapatistas: saqueo de la selva y los bosques, siembra de amapola al puro estilo Sinaloa, tráfico de indocumentados centroamericanos? Los funcionarios tienen derecho a ser crédulos, como el comandante de la Policía Federal Preventiva en Chiapas cuando propaló la versión de que los municipios autónomos estaban "creando policías" en sus territorios.

Las fuentes del mando policiaco para tal afirmación eran unos documentos atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los que se dice que los zapatistas "tienen" campos de entrenamiento militar pues, se infiere, podrían levantarse nuevamente en armas el año próximo. El gobierno estatal desautorizó dicho documento y las instituciones de lasa cuales presuntamente se filtró no dijeron nada. No obstante, la Policía Federal Preventiva decidió darlos por buenos a fin de mes y deducir que los rebeldes eran la "policía" que "permite" las ilegalidades.

La junta de buen gobierno (JBG) del caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, de Francisco Gómez, desmintió públicamente esas versiones del mando policiaco: "Son mentiras preparadas por el gobierno", dijeron los zapatistas, a la vez que negaron "estar haciendo ninguna acción en los caminos y carreteras".

Las autoridades federales se han mostrado particularmente receptivas a las afirmaciones de talamontes priístas que alegan poseer "permiso" de las JBG. Tanto la junta de Francisco Gómez como la del ejido Morelia (Corazón del arco iris de la esperanza) lo niegan terminantemente.

Las juntas rebeldes aseguran que los gobiernos municipales oficiales, las corporaciones policiacas y el Ejército federal son los que permiten los trasiegos ilegales (madera, indocumentados, droga); en todo caso, suceden bajo sus narices. Pero el guión mediático dicta otra cosa. Las "evidencias" se pueden construir, o ni siquiera. "Calumnia, que algo queda", es la divisa implícita de funcionarios que, "con la ley en la mano", deciden quién calumnia y amerita multa o cárcel, y quién no.