Il Plan Colombia non e' un piano contro il narcotraffico ma contro la guerriglia

Entrevista a Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia -

“El Plan Colombia no ha sido un plan antinarcóticos sino un plan contrainsurgente"

A lo largo del último año, el gobierno de Álvaro Uribe ha utilizado el departamento de Arauca como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad. Estas medidas no han servido para restaurar el orden en la región, sino que, además, como afirma Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia, “sólo han contribuido a arrastrar aún más a los civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos e infringen el derecho humanitario”.

¿Por qué dice Amnistía Internacional en su informe que “la región de Arauca es un laboratorio de pruebas”?

Arauca es una región clave para todos los actores armados implicados en el conflicto porque es una zona rica en petróleo y fronteriza con Venezuela. Y no son sólo para estos actores, sino también para compañías internacionales y otros gobiernos que tienen intereses económicos y estratégicos en esta zona, como por ejemplo Estados Unidos y la compañía estadounidense Occidental Petroleum, dueña del oleoducto Caño Limón, el más importante de Arauca.

Dado que muchas de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional se producen en las zonas alrededor del oleoducto, para el gobierno colombiano ha sido muy importante poder reinstaurar el orden y la seguridad en Arauca, y la manera en que decidió hacerlo fue a través de una serie de medidas de seguridad que a largo plazo ha querido introducir en todo Colombia. El mecanismo principal fue la llamada “zona de rehabilitación y consolidación”, que consistía en medidas de emergencia que le daba a la fuerza pública un poder y una autonomía mucho más fuerte de lo que había tenido antes.

¿Qué otras violaciones de los derechos humanos se están produciendo en el país?

Una vez que estas zonas fueron declaradas inconstitucionales, el gobierno trató de reintroducir muchas de estas medidas a través de la legislación ordinaria. La principal es el “estatuto antiterrorista”, que le da a la fuerza pública muchos de los poderes que tenía cuando en Colombia existía el estado de emergencia (allanamientos, escuchas telefónicas y detenciones sin orden judicial, sobre la base de acusaciones militares y sin necesidad de realizar investigaciones judiciales adecuadas e imparciales).

Otro aspecto de Arauca es la estructura de apoyo de la Fiscalía general, que es un mecanismo judicial que tiene su base dentro del batallón del Brigada XVIII del ejército en Arauca. Oficialmente su trabajo consiste en investigar ataques al oleoducto por parte de la guerrilla pero, según nuestras investigaciones, también ha estado involucrado en algunas de las detenciones masivas que ha llevado a cabo el ejército y en las que se han detenido a centenares de defensores de derechos humanos.

Otra de las violaciones son los “registros voluntarios” que realiza el ejército en casas particulares, y que si no accedes a ellos, vuelven al día siguiente con más soldados y con una orden judicial. Esa es una medida inaceptable de presión cuya legalidad está en cuestión.

Todos estos mecanismos están provocando impunidad en Arauca, pero también existen otros que además están involucrando a los civiles en el conflicto, como la red de informantes civiles, el programa de soldados campesinos, o el de “soldados por un día”.

"Mi Gobierno quiere derrotar al terrorismo por las buenas o por las malas", dijo el presidente colombiano Álvaro Uribe en Bruselas al inicio de su gira europea de febrero. ¿Cómo está luchando Uribe contra el terrorismo?

La seguridad no puede existir sin el pleno respeto a los derechos humanos. Ambos conceptos son inseparables. El presidente Uribe ha expresado muy claro que su prioridad es la “seguridad democrática”, pero a dos años casi de su gobierno, aún estamos esperando una política igual de detallada sobre derechos humanos.

A pesar de las críticas que ha recibido la política de “seguridad democrática” de Uribe, lo cierto es que determinados sectores de la población la perciben como positiva. ¿Cómo valora usted esta actitud?

El gobierno goza de una cierta popularidad con unos ciertos sectores dentro de Colombia. Pero eso es irrelevante. Hay muchos gobiernos populares que han violado los derechos humanos, ¿qué significa eso?. ¿Qué no deberíamos luchar para que esos gobiernos protejan los derechos humanos simplemente porque son gobiernos populares?

Tras el fracaso del referéndum de octubre, una de las pocas “buenas noticias” para Uribe en los últimos meses ha sido el inicio de la desmovilización de los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). ¿Cuáles son esos “graves fallos” que se denuncian en el proceso de desmovilización de los paramilitares?

Nosotros tenemos muchísimas dudas sobre este proceso. Desde que declararon el cese unilateral de hostilidades en diciembre de 2002, los paramilitares continúan asesinando, despareciendo, torturando y desplazando. Más de 1.000 colombianos civiles han sido asesinados o desaparecidos. ¿Cómo puede el gobierno colombiano continuar las negociaciones con una organización que sigue matando de esta manera y que está estrechamente vinculada con las Fuerzas de Seguridad?

¿Considera usted entonces que el Gobierno de Álvaro Uribe está concediendo impunidad a violadores de derechos humanos?

Totalmente. Y a varios niveles. En este proceso de desmovilización, por ejemplo, cuando vemos que no ha habido transparencia y que los paramilitares se reintegran en el conflicto armado a través de nuevas estructuras legales como los soldados campesino, las redes de informantes o empresas privadas de seguridad. O como sucede en el ejército, donde hay muchos violadores de los derechos humanos pero nunca pasa nada. No hay juicios independientes, no hay sentencias, no hay justicia.

¿Qué parámetros dirigen la intervención de Estados Unidos en Colombia? ¿Cuáles son sus verdaderos intereses en el país?

Estados Unidos es el principal donante de Colombia, y Colombia es el tercer país que mayor ayuda militar recibe tras Israel y Egipto. Estados Unidos además está especialmente implicado en el departamento de Arauca, donde tiene tropas para entrenar soldados de la Brigada XVIII, para defender los intereses económicos y estratégicos de la petrolera estadounidense Occidental Petroleum. Y por eso Estados Unidos tiene la responsabilidad de que si observa que su aportación militar está contribuyendo a empeorar la situación de derechos humanos en Arauca, esa ayuda debería parar ya.

En este sentido da la sensación entonces de que se ha desvirtuado la esencia del Plan Colombia. De la lucha contra el narcotráfico hemos pasado a la lucha contrainsurgente...

El Plan Colombia no ha sido un plan antinarcóticos sino un plan contrainsurgente y se ha utilizado oficial y legalmente para combatir a la guerrilla en una forma en la que el ejército colombiano no debiera combatirla, estigmatizando a la población civil como guerrillera o simpatizante de la guerrilla.

¿Qué papel deben desempeñar la Unión Europea y Naciones Unidas en la resolución del conflicto?

La ayuda militar, hasta que los gobiernos puedan asegurarse de que esta ayuda no está contribuyendo a exacerbar la crisis de derechos humanos en Colombia, no debería continuar. Los gobiernos también tienen la responsabilidad de instar al gobierno colombiano para que respete sus obligaciones internacionales con los derechos humanos y de implementar plena e inmediatamente las recomendaciones de muchas organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos.

¿Qué solución imagina usted para Colombia?

Ya existe un programa para resolver la crisis de derechos humanos en Colombia recogido en las recomendaciones de Naciones Unidas. El gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a respetar esas recomendaciones pero no lo ha hecho, y hasta que no lo haga, la crisis en Colombia va a continuar y a seguir afectando a más y más colombianos.