Uruguay: i diritti umani alla vigilia di un governo di sinistra, come amministrare l'eredita'

URUGUAY: LOS DERECHOS HUMANOS EN VISPERAS DE UN GOBIERNO DE IZQUIERDA COMO ADMINISTRAR LA HERENCIA
Por: Samuel Blixen (BRECHA) (Fecha publicación:23/05/2004)
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La administración Batlle dejará al futuro gobierno una herencia de impunidad. La gran interrogante es si el jueves 20 habrá sido la última marcha del silencio.

En vísperas de la novena marcha del silencio, a 28 años de los asesinatos en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, dos noticias jerarquizaban el reclamo de verdad, justicia, memoria y nunca más: en Kuwait, el oficial de 24 años Jeremy Sivits, miembro de la policía militar de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak, se declaró culpable de haber torturado a prisioneros iraquíes y pidió perdón por haber tomado fotografías de una pila de presos iraquíes en posturas obscenas, ante una corte marcial que lo degradó, lo sentenció a un año de prisión y lo expulsó del ejército; en Buenos Aires, el juez federal Sergio Torres ordenó el procesamiento con prisión preventiva de los ex marinos Alfredo Astiz, Alfredo Acosta, Antonio Pernías y Héctor Antonio Febres, por 11 casos de desapariciones de prisioneros políticos de la ESMA, uno de los más tenebrosos centros clandestinos de detención durante la dictadura argentina; entre las víctimas de Astiz se cuentan las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, secuestradas en 1977, caso por el que Francia reclama la extradición del 'Angel de la Muerte'.

Inventario

Tales noticias pueden marcar la tónica, por contraste, del estado de la defensa de los derechos humanos en Uruguay, donde al fiscal penal Enrique Moller se le ocurre saludar la conmemoración de un nuevo 20 de mayo ordenando archivar la denuncia contra el ex presidente Juan María Bordaberry por los hechos que culminaron con la muerte de ocho militantes comunistas, el 17 de abril de 1972, cuando una montonera militar entró al local del Seccional 20, en el Paso del Molino, disparando a diestra y siniestra. Moller, el magistrado experto en interpretar el 'espíritu' del legislador a efectos de acomodar la ley de caducidad a los cómplices civiles, no encontró -según las informaciones de prensa- ningún vínculo entre el presidente Bordaberry y los autores de la masacre, por más que los asesinos estaban uniformados y el presidente era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Según el fiscal, el entonces presidente no tuvo conocimiento -y menos participación en- de los hechos con los que el Ejército inauguraba en 1972 la guerra interna. Sin embargo, el mismo Moller había consignado la responsabilidad última en los sucesos del Seccional 20 del entonces ministro de Defensa Nacional, Augusto Legnani; resultaba cómodo para el fiscal que el ministro hubiera fallecido tiempo atrás. Como Bordaberry goza de buena salud, el fiscal arbitrariamente excluye de la responsabilidad en la cadena de mando al propio comandante en jefe.

No todas son pálidas para las víctimas: otra fiscal, Mirtha Guianze, se dispone a ordenar el comienzo de las excavaciones en los predios del Batallón de Infantería número 13, donde se presume que fueron enterrados a fines de 1976 (y quizás exhumados en 1986) los cuerpos de Elena Quinteros y María Claudia García de Gelman (véase nota aparte). Las excavaciones fueron en principio ordenadas por el juez Gustavo Mirabal, pero en su momento el fiscal Moller se opuso. Fue el juez Alejandro Recarey quien retomó la iniciativa de las excavaciones cuando asumió interinamente el juzgado que entiende en la causa por la desaparición de Elena Quinteros y cuyo titular, Eduardo Cavalli, había aceptado un pedido de 'no innovar' ante las obras de saneamiento que una empresa particular realizaba en los predios de la unidad militar a nombre de la Intendencia de Montevideo. Recarey resultó ser un magistrado particularmente molesto para la impunidad y por ello fue insólitamente quitado del medio: algunos políticos que reclaman no 'interferir' con la justicia cuando ésta tiene un paso cansino en materia de derechos humanos pusieron el grito en el cielo por la celeridad en las citaciones que el juez hizo de los militares involucrados en la desaparición de Elena y ejercieron una insólita presión, la misma que suelen condenar en genérico.

A la larga, las obstrucciones y las presiones no lograron sus objetivos finales: el caso Elena no fue enterrado, el ex ministro Juan Carlos Blanco sigue procesado, es posible que retorne a la cárcel y quizás deba responder ante la justicia en otro caso emblemático: los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que la misma fiscal Guianze impulsa en una suerte de contrapunto con la justicia argentina.

Para el presidente argentino Néstor Kirchner el esclarecimiento de la desaparición de María Claudia García de Gelman es 'un asunto de Estado', pero también asume como compromiso el esclarecimiento en Argentina de todas las desapariciones de uruguayos; y así manifestó a la justicia el vivo interés de su administración por los juicios iniciados en Buenos Aires por los familiares de los dos legisladores asesinados.

Las investigaciones en Argentina pueden representar un doble dolor de cabeza en este tramo agónico del gobierno de Jorge Batlle: pueden replantear la cuestión de las extradiciones; y pueden aportar, a los magistrados que investigan aquí los móviles de los asesinatos, elementos de juicio para determinar quiénes fueron los autores intelectuales de los secuestros de Zelmar y el Toba. No se descarta que deban ser una vez más molestados en su impunidad el ex presidente Bordaberry y el ex canciller Blanco.

En materia de extradiciones, además, el gobierno aguarda con resignación las inevitables extradiciones solicitadas por un juez chileno, y confirmadas por tribunales especiales, en el caso del asesinato del ciudadano chileno Eugenio Berríos. Las investigaciones trasandinas determinaron la responsabilidad en dicho asesinato, ocurrido en 1993, de tres oficiales de la contrainteligencia uruguaya, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Washington Sarli. El ministro de Defensa, Yamandú Fau, dijo que en principio el Ejecutivo no se opondrá a las extradiciones, si un juez las entiende pertinentes, aunque hay que recordar que en su momento el teniente general Juan Modesto Rebollo encabezó una insubordinación de los altos mandos obligando al presidente Luis Alberto Lacalle a 'doblar el pescuezo', según la gráfica expresión de su canciller, Sergio Abreu, para reexplicar lo que en Uruguay son los golpes de Estado técnicos.

¿La última marcha?

En estos claroscuros de la cuestión de los derechos humanos resulta patético que un antiguo discípulo de Zelmar Michelini, el legislador que en la Cámara de diputados lideró la investigación de los asesinatos del 20 de mayo, respalde, desde la parcela de poder que le confiere el Ministerio de Defensa, la interpretación histórica del teniente general Santiago Pomoli sobre el espíritu que impulsó al Ejército durante la dictadura. En los actos del Día del Ejército, el martes 18, el ministro Fau convalidó las afirmaciones del comandante Pomoli de que la institución castrense 'vive para honrar los ideales artiguistas' y que la actuación de sus integrantes 'siempre ha sido fiel al legado del prócer de los orientales'. En un discurso en el que dedicó casi 20 minutos a destacar la influencia de Artigas en la fuerza que comanda, Pomoli afirmó que el Ejército siempre ha mantenido esos principios 'sin mancillar jamás su memoria ni manchar su ideario, procurando actuar de forma de ser merecedores de su respeto eterno, incluso anteponiendo un proceder profesional, noble y digno ante la crítica destructiva, los constantes cuestionamientos y los ataques insidiosos'.

Fau no sintió contradicción entre estas afirmaciones y las que él sostenía cuando era miembro de la comisión investigadora de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Empero, no son pocos quienes discrepan con el comandante del Ejército en cuanto a que las prácticas del terrorismo de Estado durante la dictadura no armonizan demasiado con el ideario de Artigas, más bien todo lo contrario. Y una expresión de esa opinión fue la marcha que recorrió en silencio, ayer, jueves, las calles céntricas de Montevideo y las simultáneas concentraciones en Paysandú, Maldonado y Florida, reclamando 'verdad, justicia, memoria y nunca más'.

La novena marcha del silencio incorpora en su convocatoria la exigencia de justicia, un elemento que, en el vaivén de la lucha por los derechos humanos, había sido objeto de vacilaciones determinadas por el plebiscito de 1989 que ratificó la vigencia de la ley de caducidad. Así como la marcha fue la expresión de la voluntad popular por el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, el reclamo de justicia adquiere una especial significación en vísperas de un probable gobierno progresista que, en otros planos, anuncia una sintonía con los lineamientos dominantes en la región.

Quizás la de ayer haya sido la última marcha del silencio, entendida ésta como una rebelión contra la impunidad preservada desde las alturas del gobierno. En una administración del EP-FA una marcha del silencio sería una contradicción, porque no se concibe un gobierno progresista que cobije la impunidad.

Sin embargo, hasta ahora no hay referencias claras, sin ambigüedades, sobre la forma en que un gobierno progresista encarará la solución de los problemas referidos a los derechos humanos, donde el justo derecho de las numerosas víctimas se contrapone a la impunidad y el secreto que defienden algunos nostálgicos que imponen su voluntad, mediante chantaje, al conjunto de la oficialidad, en actividad y en retiro.

Las resoluciones formales de los órganos del EP-FA han puesto un tope a las aspiraciones revisionistas en la aplicación del artículo 4 de la ley de caducidad, descartando expresamente su anulación. El propio Tabaré Vázquez ha ido un poco más allá afirmando que los casos de la nuera de Juan Gelman y de Michelini y Gutiérrez Ruiz, en su concepto están fuera de los beneficios de la caducidad; ha reafirmado, además, que un eventual gobierno progresista no ejercerá ningún tipo de intromisión en la actuación independiente de los jueces.

Quedan, sin embargo, vastos territorios sin relevar. Por ejemplo: aplicar el artículo 4, ¿significa revisar la actuación de los gobiernos anteriores, que ordenaron invariablemente el archivo de todos los casos denunciados? El juez Recarey, en una de sus últimas disposiciones antes de que literalmente lo sacaran de la troya, reclamaba del Ejecutivo una explicación de por qué se incluyó en los beneficios de la ley la denuncia sobre las exhumaciones de cadáveres en predios militares, ocurridas en 1986.

Todavía no se sabe en función de qué argumento el presidente Batlle ordenó archivar el caso de María Claudia y de qué modo se explica su asesinato y el robo de su hija como una acción de servicio ordenada por los mandos. Al respecto, el dirigente del PIT-CNT Raúl Olivera, en ocasión de un taller sobre derechos humanos, propuso al futuro gobierno progresista 'una especie de auditoría a los actos de los gobiernos anteriores con relación a la aplicación de la ley de caducidad, para saber si en los archivos del Edificio Libertad consta la documentación que identifique a los responsables y pruebe que los delitos denunciados fueron cometidos por funcionarios amparados por esa ley, por móviles políticos, en ocasión del cumplimiento de acciones ordenadas por los mandos, y que no se cometieron con el propósito de lograr un provecho económico'.

Más aun: ¿cuál será la postura de un gobierno progresista cuando los jueces eventualmente asuman algunas de las siguientes iniciativas que tienden a superar la ley de caducidad?: investigar y castigar los asesinatos cometidos durante la dictadura por considerarlos delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables; investigar y castigar a los mandos militares que ordenaron las acciones y que no están expresamente amparados por la ley; investigar y castigar a los responsables de desapariciones porque son delitos permanentes; investigar y castigar casos de asesinatos, torturas y violaciones que aún no han sido denunciados.

Es posible que ésta haya sido la última marcha del silencio. Pero también es posible, en un gobierno progresista, que haya marchas populares para respaldar la independencia de los jueces y para enfrentar cualquier intento de obstaculizar el rescate de la verdad.

Dos placas

Los canales habituales de (des)información no registraron la coincidencia: el 18 de mayo en Montevideo se descubrieron dos placas conmemorativas de ciudadanos que murieron durante los años de la represión militar.

La mayoría nos enteramos del descubrimiento de una placa de granito en los canteros centrales de avenida Italia a la altura de Abacú, que recuerda a los soldados Saúl Correa, Osiris Núñez Silva, Gaudencio Núñez y Ramón Ferreira, abatidos por combatientes tupamaros en 1972 'como resultado de una acción guerrillera mientras se encontraban cumpliendo su deber de defender a las instituciones', custodiando la residencia del entonces comandante del Ejército Florencio Gravina. La instalación de la placa fue aprobada por unanimidad en la Junta Departamental montevideana y al acto, en el que hicieron uso de la palabra los ediles Gabriel Weiss (Vertiente Artiguista) y César García Costa (Foro Batllista), concurrieron el intendente Mariano Arana, el presidente de la Junta, Eduardo Brenta, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, los diputados colorados Washington Abdala, Daniel García Pintos y Gustavo Osta, varios ediles y unos 50 altos oficiales de las Fuerzas Armadas y retirados militares. 'Son nuestros muertos y teníamos la necesidad de rendirle honor a gente que murió defendiendo la democracia', dijo el edil García.

Ese mismo día se tributaba otro homenaje: en el aula magna de la Facultad de Psicología, convocados por la Comisión de Derechos Humanos de la Intergremial, profesores y estudiantes descubrieron una placa, en el corredor que da al patio central del viejo edificio de Tristán Narvaja y Uruguay, en recordación de Diana Maidanick, muerta en un allanamiento militar la madrugada del 21 de abril de 1974. Estudiante de psicología infantil, Diana fue recordada, en presencia de su madre, por el decano de la Facultad, Víctor Giorgi, por estudiantes y docentes y por antiguas compañeras de militancia que ofrecieron sus testimonios, rescatando su memoria.

Poco se ha difundido sobre las circunstancias en que murieron Diana Maidanick, Laura Raggio y Silvia Reyes. La casa de esta última, en el barrio Brazo Oriental, fue allanada por efectivos militares que irrumpieron de madrugada. Cuando culminó el operativo, las tres jóvenes aparecieron acribilladas a balazos. Quienes las mataron decían defender la democracia, en aquel otoño de 1974, comienzo de una larga y sangrienta dictadura.