Peru: la dignita' pro capite

Perú: Dignidad per cápita

Las estadísticas sirven a menudo de escaparate de un país. Y a ellas se acude
cuando se pretende obtener una rápida radiografía de su situación social,
política y económica. Las de Perú indican, por un lado, que la mitad de su
población vive en condiciones de pobreza y una cuarta parte en la
indigencia; mientras que, por el otro, dicen que Perú es el segundo país
pesquero después de China, que tiene una pujante actividad minera, posee un
destacable atractivo turístico, y se encuentra entre los 12 países que
concentran el 70% de la biodiversidad del planeta.
Este contraste entre la riqueza que atesora el país y las privaciones que
sufren más de la mitad de los 26 millones de peruanos no tiene nada de
nuevo, ni de excepcional en el contexto de los países del Sur, pero sigue
induciendo al error. El que hoy todavía muchos piensen, como hiciera el
italiano Antonio Raymondi hace más de un siglo, que Perú es un país de
"mendigos sentados en un banco de oro".

Sin embargo, un acercamiento a la realidad de los más desfavorecidos en
Perú, o en cualquier otro país en desarrollo, ofrece una imagen muy alejada
de la del pedigüeño. Hay muchos Perús, como hay otros tantos, Bolivias o
Ecuadores, por citar sólo algunos ejemplos. Y en todos ellos, abundan los
lugares donde a nadie se le ocurre sentarse a esperar a que el Estado
solucione sus problemas, porque éste, simplemente, no existe. Allí la gente,
lejos de resignarse a asumir su trágico destino, no ha tenido más remedio
que ingeniárselas para salir adelante. Lo ha hecho a menudo, además,
añadiendo a sus propias dificultades las derivadas de un supuesto progreso,
que les ha ignorado sistemáticamente.

La historia de Perú está repleta de ejemplos exitosos de iniciativa
ciudadana. En los arenales inhóspitos que rodean Lima, el éxodo rural
levantó "pueblos nuevos" como Villa El Salvador que, con todos sus
problemas, hoy disfruta, gracias a la solidaridad comunitaria y a la
autogestión, de infraestructuras básicas de luz, agua y alcantarillado. De
igual forma, en el campo, la creación de las Rondas Campesinas (patrullas de
seguridad ciudadana), también con todas sus limitaciones, ha servido para
combatir el crimen, allí donde el Estado no lo hace, además de haber actuado
en muchas áreas como freno al avance del terrorismo de Sendero Luminoso. En
cierto modo, el auge de la economía informal es una muestra más de esa
capacidad popular para sobreponerse a las adversidades.

Perú, como Bolivia o Ecuador, y aquí nuevamente cabrían muchos más, puede
presumir de ser una democracia que formalmente concede los mismos derechos a
todos sus ciudadanos; puede luego, sin que le falte parte de razón, esgrimir
la falta de medios para explicar su incapacidad para garantizarlos; y puede,
y debe, y habría mucho que decir en este sentido, reprochar a los países más
poderosos, no ya sólo la falta de respaldo (más allá del retórico), sino la
permanencia de trabas (llámese proteccionismo comercial, subsidios agrarios,
deuda externa,...) que impiden hacerlos efectivos.

Pero los países del Sur corren el riesgo de caer en el mismo cinismo e
hipocresía que achacan a sus homólogos del Norte, si no empiezan ellos
mismos a apostar por su propia gente. Y es que, por encima de tesoros
minerales u otros recursos naturales, las personas son su capital más
preciado y su inversión más rentable. No es fácil verlo así, cuando los
números hablan de millones de iletrados, desnutridos e indigentes. Pero lo
que sucede es que faltan indicadores; que esas cifras que cuantifican las
penurias de las gentes son incapaces de hacer lo mismo con la riqueza más
común que éstas poseen: la dignidad.

Las estadísticas de Perú, Bolivia, Ecuador y de otros tantos países, sólo
muestran una parte. Omiten que estos países, más allá de sus graves
carencias, pueden hacer gala de un elevado índice de Dignidad per cápita, y
que su Producto de Dignidad Bruto, les haría valedores de un puesto
destacado en el ranking de potencias mundiales.