Peru': la memoria sana, la giustizia ripara

da Lima

"La memoria sana, la giustizia ripara" e' il titolo delle iniziative preparate dalla societa' civile peruviana per ricordare il primo anniversario della consegna del rapporto sui diritti umani elaborato dalla Commissione della Verita' e Riconciliazione CVR (www.cverdad.org.pe ) che ha fatto luce sui crimini e le responsabilita' di vent'anni di violazioni dei diritti umani causate da una violenza politica (i gruppi guerriglieri Sendere Luminoso e Tumac Amaru MRTA e l'esercito governativo) che ha mietuto oltre 69.000 vittime.
Domenica scorsa il movimento "PARA QUE NO SE REPITA" (Affinche' non si ripeta) ha organizzato una campagna nazionale di coscientizzazione e mobilitazione per sollecitare l'attenzione dello Stato e della societa' peruviana affinche' si concretizzi l'applicazione delle raccomendazioni della Commissione CVR. Con l'appoggio del Coordinamento nazionale dei diritti umani CNDDHH (www.dhperu.org ), del Tavolo di concertazione per la lotta contro la poverta' e con la Defensoria del popolo, in 300 piazza di tutto il paese Andino si sono realizzate cerimonie per esporre gigantesche bandiere-manifesti con lo slogan "La memoria sana, la justicia repara".
A Lima Salomon Lerner (preside dell'Universita' Cattolica PUCP e presidente della Commissione della Verita' CVR) ha commentato che "le aspettative della societa' peruviana e di coloro che hanno sofferto la violenza e che tuttavia aspettano giustizia, non sono state soddisfatte".

Ho scritto un reportage in spagnolo pubblicato oggi dall'Agenzia di Stampa ADITAL del Brasile
http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=13551
(che allego insieme ad una foto della manifestazione a Lima con Salomon Lerner.

Allego vari articoli apparsi oggi sulla stampa nazionale e sottolineo l'importante intervento di Sofia Macher, ex commissaria CVR, gia coordinatrice nazionale di CNDDHH, infaticabile militante per la difesa dei diritti umani che ha dichiarato: "Il governo Toledo non ha capito che non e' possibile parlare di riconciliazione se non si restituisce la piena cittadinanza a tutti coloro che hanno sofferto in questi anni di conflitto armato interno. Signor Presidente, di fronte alla sua incomprensione e indolenzia dobbiamo organizzare marce e manifestazioni di fronte al Palazzo di Governo affinche' le vittime ricevino la giusta riparazione."

Il calendario delle iniziative della societa' civile culminera' il prossimo venerdi sera davanti al Palazzo di giustizia, come ha presentato Padre Burns Thomas nella sua toccante relazione presentata durante la conferenza stampa tenuta venerdi scorso in Parlamento.
Il testo integrale si incontra nel mio articolo in spagnolo "La memoria sana, la justicia repara".
Per ulteriori aggiornamenti sulla realta' socio-politica del Perù: www.selvas.org

Lima, lunedi 23 agosto 2004

La República, Lunes 23 de agosto de 2004

Campaña en busca de reparación

Con una breve ceremonia realizada en la Plaza Mayor, el colectivo "Para que no se repita", la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Mesa de Lucha Contra la Pobreza y la Defensoría del Pueblo iniciaron la campaña "La memoria sana, la justicia repara" para llamar la atención del Estado y la ciudadanía sobre la urgente necesidad de concretar la implementación de las recomendaciones de la CVR.

Como parte de la iniciativa, se colgó una gigantesca banderola con la citada frase en un edificio. Paralelamente se desarrollaron ceremonias similares en 300 plazas de todo el país.

La jornada central se efectuará el 27 del presente a las 7 de la noche, cuando se realice una gran concentración frente al Palacio de Justicia para reiterar el pedido, pues, tras un año de entregado el informe final, poco se ha hecho.


El Comercio, Lunes 23 de agosto de 2004

En actos simbólicos recuerdan informe final de la Comisión de la Verdad

Entre lágrimas, al recordar a su esposa que murió asesinada en manos de Sendero, el ex alcalde de Huánuco Arnulfo Mendoza lamentó ayer que hasta ahora no se haya indemnizado a las víctimas del terrorismo. "No sé qué celebramos", dijo durante su participación en la ceremonia cívica que organizó la ONG Para que no se Repita, a propósito de cumplirse este 28 un año de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La misma actividad se llevó a cabo en diversas
ciudades.

En Ayacucho, Sonia Cletona, coordinadora de la Red de Integración por la Paz y la Vida, exhortó a las autoridades a "poner en sus presupuestos del 2005 las partidas para reparaciones". En Ica, quince plazas públicas también fueron escenario de reflexión. "Solo se menciona este paciente trabajo para obtener algún beneficio político", fustigó el padre José Miranda.

En Trujillo se pudo escuchar a través de parlantes algunos testimonios de víctimas, mientras que en Piura flameó una enorme bandera donde se leía: "La memoria sana, la justicia repara". En Iquitos marcharon escolares, comisionados de la Defensoría del Pueblo, miembros de la Comisión Vicarial de Justicia y Derechos Humanos, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, militares y policías.

El Comercio, Lunes 23 de agosto de 2004

Cara y sello de la CVR

Por Sofía Macher
Ex comisionada de la CVR

El presidente Toledo en su discurso del 28 julio, cuando hizo referencia a las recomendaciones de la CVR, se limitó a solicitar al Poder Judicial y al Ministerio Público que creen el subsistema especializado para atender los casos de violaciones a los derechos humanos. Pero no dijo ni media palabra de cuántos recursos económicos estaría destinando a los presupuestos de ambas instituciones para que puedan realizar esta labor.

Pero lo que más duele es que no se haya entendido nada de lo que el informe de la CVR dice con meridiana claridad en su primera conclusión:

"Que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana".

Que el presidente no haya mencionado el tema de las reparaciones es una muestra de ello. Muestra de que la obligación del Estado frente a los horrores vividos por los peruanos más pobres de este país durante el conflicto armado y sus responsabilidades frente a los hechos y desencuentros subsistentes no están en la agenda política del Gobierno.

Recuerdo los miles de testimonios, que mencionaban una y otra vez... "nadie nos ayudó... no teníamos a quién recurrir... nos mataban como animales... para los pobres no hay justicia... ojalá que de aquí a 10 o 15 años nos consideren también peruanos".

El presidente Toledo no ha tenido ningún problema en destinar parte de los fondos del Fedadói para cubrir los pagos que se deben hacer a 28 mil despedidos injustamente durante el fujimorismo. Sin negar en lo más mínimo la justeza de esta medida, sí cabe preguntarnos: ¿y por qué no puede hacer lo mismo con las miles de víctimas de la violencia?

Creo que es legítimo interpretar que la diferencia está en la capacidad de movilización de unos y otros. Cuando hablamos de los afectados por la violencia, estamos hablando de víctimas cuyo perfil es: 75% quechuahablante u otra lengua nativa, primaria incompleta o analfabeta, 85% vive en el área rural de las regiones más pobres del país. Muchos no están adecuadamente organizados y no tienen ninguna posibilidad de trasladarse aquí a la capital del país a reclamar sus derechos y
entonces se vuelve a repetir la historia: exclusión, inequidad. No son considerados ciudadanos con plenos derechos como cualquier otro peruano. Lo que pase en las zonas altoandinas o amazónicas no representa ningún tipo de problema para la "gobernabilidad" del país.

Qué pena. Ahora ya no es aceptable una respuesta como la que "no teníamos conocimiento". Diecisiete mil testimonios recogidos por la CVR y algunos de ellos recibidos en audiencias públicas y transmitidos a todo el país por la televisión estatal han dado a conocer oficialmente lo que miles de peruanos y peruanas han sufrido y siguen sufriendo.

El Gobierno no ha entendido que no es posible hablar de reconciliación en el país si no restituimos la plena ciudadanía a todos los que sufrieron durante todos esos años del conflicto armado interno.

Señor presidente, el mensaje nos queda totalmente claro: ante su incomprensión e indolencia habrá que organizar marchas y demostraciones frente al Palacio de Gobierno para que los afectados reciban su justa reparación.

La República, Lunes 23 de agosto de 2004

En un mes estará listo informe fiscal sobre ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu

Por María Elena Castillo.-

Uno de los primeros casos que la fiscal especializada en derechos humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, concluiría el próximo mes sería la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada ocurridas en Huanta entre junio y agosto de 1984, entre las que figura el hallazgo de 50 cadáveres semienterrados en el desolado paraje conocido como Pucayacu.

La mayor parte de los testimonios y pruebas que recibió la fiscal Olazábal sobre el caso -sobreseído en 1986 por un tribunal militar- responsabiliza a miembros de la Marina. Pero además de las denuncias de los familiares y testigos sobre la manera en que efectivos militares se llevaron a sus seres queridos, la representante del Ministerio Público ha recibido la declaración de personas que estuvieron detenidas en el destacamento de la Marina, ubicado en el estadio de Huanta.

Los testigos detallaron las torturas sufridas y ayudaron a identificar a algunas de las personas secuestradas. Precisamente, hace un mes y medio acudió a la fiscalía especializada de derechos humanos de Ayacucho un profesor huantino, que ha contribuido a aclarar la detención de un escolar de Huanta y un maestro de la localidad de Huamanguilla.

Testigo clave
El testigo declaró que su primo y él fueron detenidos el 21 de julio de 1984 y llevados al estadio de Huanta, donde permanecieron alrededor de una semana en una carpa junto a una docena de personas que estaban con las manos atadas y los ojos vendados. Reveló que entre ellos había un colegial a quien identificó con el apellido de Agama. Efectivamente, tres días antes, Yuri Agama Anaya (17) fue secuestrado en la puerta del taller de su tío por efectivos de la Marina que lo introdujeron en una camioneta roja. Cuando el padre del joven fue al estadio a preguntar por él, vio el mismo vehículo, pero los militares negaron la detención.

La declaración obtenida por la representante del Ministerio Público pone al descubierto que el escolar fue detenido, torturado y desaparecido por los infantes de Marina. El testigo recordó además que en la carpa había una persona que se presentó como el "director del colegio de niñas de Huamanguilla". Según consta en la denuncia presentada en 1984 ante la Fiscalía de Huanta, el 19 de julio de ese año infantes de Marina y policías detuvieron al profesor Santiago Loayza Cahuana, director del Centro Educativo 38271.

El testigo reservado relató que luego de que le hicieran rezar el credo, un grupo de los detenidos fue puesto en libertad. Tres semanas después aparecieron las fosas de Pucayacu.

Claves
* MATANZA. En un informe entregado a la Fiscalía, la CVR responsabiliza a miembros de la infantería de Marina por la ejecución de 50 personas cuyos cuerpos fueron hallados en Pucayacu y por la desaparición de otras 57 en Huanta.
* ACUSADOS. Se identificó a: jefe militar de Huanta y La Mar, capitán de fragata AP Alberto Rivero Valdeavellano; al jefe de infantería de Marina de Huanta y La Mar, capitán de corbeta AP Alvaro Artaza Adrianzén, (a) 'Camión'; y al jefe de la Base Contraguerrilla de Huanta en 1984, teniente AP Augusto García del Barco.

La República, Lunes 23 de agosto de 2004

Gobierno aún no cumple recomendaciones de CVR

Por Raúl Mendoza.-

A casi un año de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), son muy pocas las recomendaciones que el Ejecutivo ha implementado a favor de las víctimas de la violencia política que se desató en el país entre los años 1980 y 2000.

En ese sentido se pronunciaron ayer el ex presidente de la CVR Salomón Lerner Febres y el Defensor del Pueblo, Walter Albán Peralta, quienes coincidieron además en la necesidad de dar mayor difusión al informe preparado por la comisión tras 2 años de trabajo.

Aunque trató de que sus palabras no sonaran muy duras, Lerner mostró su decepción al señalar que "las expectativas de la sociedad peruana y de aquellos que sufrieron los embates de la violencia y que todavía esperan justicia no han sido satisfechas".

Tras participar de una reunión convocada por organismos de derechos humanos en la Plaza Mayor, manifestó que cualquier avance respecto a este asunto debiera empezar por la difusión del informe "pues si no se conocen las recomendaciones y conclusiones, mal se puede cumplir con ellas".

No hay reparación
Lerner también llamó la atención acerca de que no hay avances firmes en dos aspectos: la judicialización de casos a pesar de las pruebas aportadas por el grupo de trabajo que encabezó; y en las reparaciones a las víctimas, aunque sean las colectivas.

El Defensor del Pueblo Walter Albán señaló que son pocos los casos que han pasado al Poder Judicial luego que fueran denunciados ante el Ministerio Público y además "con deficiencias muy serias".

Albán también señaló que no hay recursos claramente definidos para el Plan de Paz y Desarrollo para zonas afectadas por la violencia, y que no hay un programa que combine la atención a la pobreza con lo que corresponde a las reparaciones.

Tareas por cumplir
En los tópicos por cumplir, el ex presidente de la CVR aseveró que hace falta ampliar el número de procuradores y operadores de justicia para casos de derechos humanos y avanzar en la implementación del registro nacional de víctimas.

"También debieron comenzar los planes en dos temas esenciales: educación y salud. En educación no se ha facilitado acceso a educación de las víctimas ni se cumplieron planes de estudios que propusimos y tampoco funciona el plan nacional de salud mental para quienes quedaron traumatizados por la violencia", finalizó Lerner Febres.

Claves
* INFORME FINAL. Fue entregado por la CVR al gobierno de Alejandro Toledo el 28 de agosto de 2003.
* VíCTIMAS. Según el informe, unas 70 mil personas murieron por la violencia política entre los años 1980 y 2000.
* INOCENTES. De cada 4 víctimas, 3 fueron campesinos (as) cuya lengua era el quechua.





El Comercio, Lunes 23 de agosto de 2004

Lamentan lentitud en adoptar informe de CVR

La lentitud y la timidez caracterizan hasta el momento los avances sobre las recomendaciones planteadas en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Este duro diagnóstico lo hizo el secretario general de Transparencia, Percy Medina, a pocos días de cumplirse un año de la entrega oficial de dicho informe.
"Desde el Estado Peruano los avances son lentísimos. La Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial tienen una responsabilidad y es importante que los ciudadanos y medios de comunicación se la recordemos. Tenemos que hacer los esfuerzos por cambiar esa actitud y brindar al informe la atención que requiere", dijo en RPP.

Indicó que los pocos avances registrados deben ser profundizados con un mayor énfasis en el plan integral de reparaciones y en el registro de víctimas.

23.08.04 - PERÚ ADITAL: Derechos Humanos
La verdad: peruanos aún la esperan

Bárbara J. Fraser *

Adital - Grupos de ciudadanos peruanos en 300 ciudades y pueblos a lo largo del país han desplegado banderolas proclamando: "La memoria sana, la justicia repara", llamando la atención al poco avance en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Hace un año, el 28 de agosto del 2003, la CVR presentó al Presidente Alejandro Toledo un informe de 17 volúmenes sobre la violencia política de los últimos 20 años en la que más de 69,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas y miles más quedaron viudas o viudos, huérfanos o afectados de alguna manera.

La CVR culpó al grupo maoísta Sendero Luminoso por la mayoría de las violaciones de los derechos humanos, pero también acusó las fuerzas del orden de haber cometido masacres y tortura, y condenó a la clase política y los gobiernos de turno por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a la población.

El informe recomendó un programa de reparaciones para las víctimas, sus familias y sus comunidades, además de reformas al sistema judicial y una mayor inversión social, especialmente en salud y educación en las zonas más afectadas por la violencia.

Según Rosa Alayza, coordinadora del movimiento ciudadano "Para que no se repita", una coalición de más de 90 organizaciones a nivel nacional que vela por la implementación de las recomendaciones, las organizaciones de la sociedad civil y de las iglesias han hecho más que el gobierno para hacerle seguimiento al informe de la CVR.

"Desde la sociedad civil se ha hecho mucho, pero se conoce poco", dijo Alayza. El ex comisionado y ex senador Rolando Ames añadió que los medios de comunicación en el país se han interesado muy poco por el tema.

Según Alayza, la coalición está colaborando con la comisión de alto nivel que fue establecida en febrero para el seguimiento del proceso de la CVR. Dijo que las prioridades deben ser una política de reparaciones e inversión social y una reforma del sistema judicial con un enfoque de los derechos humanos.

Entre las personas que presenciaron el lanzamiento de la conmemoración del informe, que culminará el viernes 27 en la noche con una vigilia frente al Palacio de Justicia, estaba Raida Cóndor. Su hijo, Armando, fue uno de los 9 estudiantes que fueron desaparecidos con un profesor de la Universidad La Cantuta en Lima en 1992.

Para ella, el proceso de la CVR y las posteriores acciones del gobierno han sido insuficientes. "Ha habido mucha desaparición y mucha muerte, sobre todo en Ayacucho, y todavía hay poca investigación", dijo, añadiendo que muchos de los crímenes han quedado impunes y que el ex presidente Alberto Fujimori, quien estaba en el poder cuando desapareció su hijo, sigue prófugo en Japón, país que hasta el momento ha negado su extradición.

* Corresponsal de Adital en Perú
http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=13562