Venezuela: Chavez ordina di accelerare la riforma agraria

Chávez ordena acelerar reforma agraria

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó al Comando Unificado de las Fuerzas Armadas (CUFAN) que en dos semanas elabore un mapa de los latifundios del país para hacer avanzar la reforma agraria y garantizar la producción alimentaria del país. En este país, cuarto mayor exportador mundial de petróleo, más del 70% de los alimentos que va a la mesa de la población es importado.

"Llegó la hora de democratizar la tierra en Venezuela", señaló el presidente venezolano en el programa dominical Aló Presidente, del día 29 de agosto, precisando que ya es tiempo que la tierra vaya a los campesinos y sirva para que el pueblo trabaje y produzca.

Para Chávez, cuyo mandato fue ratificado en el plebiscito del 15 de agosto, su gobierno hasta ahora cumplió tan sólo “superficialmente” la Constitución. En su opinión, la aplicación de la Ley de Tierras es una de las medidas para profundizar la llamada “revolución bolivariana”.

“En esta nueva etapa de la revolución, exijo la aplicación severa de la Constitución y la Ley de Tierras en los campos de Venezuela”, dijo el presidente venezolano, que incluyó a los latifundistas en su llamado al diálogo.

Expedida en 2001, la Ley de Tierras -uno de los motivos de la ira de la oposición- define como latifundio a la propiedad rural con más de 5000 hectáreas. El propietario que no utiliza la tierra para la producción puede ser penado con el pago de una multa, que varía de acuerdo al número de hectáreas improductivas. Si aún así, la propiedad continúa sin producir se desencadena el proceso de expropiación en el que el Estado debe pagar por la adquisición de la tierra.

En cinco años, el gobierno asentó cerca de 130.000 familias en más de 2 millones de hectáreas. Los números, empero, no garantizan el cambio de las condiciones de vida de esas familias. Muchos siguen sin acceso al crédito agrícola para desarrollar la producción o sin infraestructura básica como escuelas y hospitales.

Para Franco Manrique, del Comité de Tierras Urbanas, que se opone al pago de las tierras expropiadas, la iniciativa del gobierno es bienvenida siempre que se asegure que el modelo de producción de los grandes propietarios no sea reproducido.

“Eliminar el latifundio no significa acabar con el modelo latifundista de producción. El gobierno tiene que impedir las relaciones capitalistas y el uso de nuestras tierras por las transnacionales”, enfatiza Manrique. A su modo de ver, es preciso fortalecer la organización de los movimientos campesinos para que, con acceso a crédito agrícola, pueda formar cooperativas y garantizar la diversidad de alimentos necesarios para la población. “Hasta ahora, gran parte del crédito agrícola continúa en manos de los grandes productores que no tienen capacidad de alimentar a la población”, critica Franco Manrique, refiriéndose a la producción en gran escala de pocas variedades de alimentos. Entre los grandes productores venezolanos está el grupo Polar, el mayor procesador de alimentos y bebidas del país, principal empresa que adhirió al sabotaje industrial de diciembre de 2002, para promover el desabastecimiento a la población que duró dos meses.

Para tratar de garantizar la alimentación de los venezolanos, Chávez anunció la creación del Ministerio de la Alimentación, que sin embargo, servirá apenas para ampliar la venta de alimentos, en su mayoría importados, a bajo costo a la población.

Avispero de larga data

Inmediatamente del anuncio del Presidente, la opositora Coordinadora Democrática (CD) respondió a la iniciativa con un comunicado de prensa. Para la oposición, las declaraciones del gobierno incentivan las “invasiones y atentados contra la propiedad (...) En vez de proteger a los productores, protege a los bandoleros”, dice el comunicado.

Para la CD, la aplicación de la ley puede aumentar la violencia en el campo, en especial en las regiones fronterizas con Colombia. Señala que la negligencia oficial no combate la guerrilla, que secuestra agricultores, por lo que considera que las declaraciones del mandatario sean un monumento al cinismo.

Zulia, el estado donde hay mayor conflicto entre campesinos y grupos paramilitares, es gobernado por Manuel Rosales, ligado a la oposición, acusado por los agricultores de ser uno de los responsables del asesinato de decenas de líderes campesinos en los últimos años.

Anunciar el mapeo de los latifundios después de la victoria del referendo que fortaleció aún más el poder político de Chávez, significa poner en el tapete uno de los motivos que llevaron a la oposición al fracasado golpe del 11 de abril y al sabotaje petrolero en el 2002. Una de las primeras medidas del breve gobierno de Pedro Carmona (de 48 horas) fue derogar las leyes habilitantes de 2001, entre las cuales está la Ley de Tierras.

El sector empresarial señala que no pretende dialogar condicionado por la aplicación de la Constitución. Para el presidente de la Asociación de Agroempresarios (FEDEAGRO), José Manuel González, el anuncio del Presidente es un “juego macabro”. Por una parte llama al diálogo, y por otra crea todas las condiciones, arremetiendo con la ley de tierras para que digamos no, afirma González, precisando que en esas condiciones "no vamos al diálogo".