Uruguay: dichiarazioni contro l'azione della Giustizia

Declaraciones contra la acción de la Justicia

Las instancias judiciales realizadas el jueves por el juez penal de 11º
Turno, doctor Roberto Timbal y la fiscal en lo penal de 2do. Turno, doctora
Mirtha Guianze, a las que fueron citados los señores Juan Carlos Blanco y
Juan María Bordaberry, muestra que pese a las trabas de todo tipo que se
interponen para obstaculizar la acción del Poder Judicial, las actuaciones
se siguen realizando.

Las responsabilidades ante la sociedad de las autoridades dictatoriales en
el momento del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz
reaparecen públicamente después de atravesar innumerables intentos, de todo
origen, para mantenerlas en el olvido y la impunidad.

La todavía pequeña brecha abierta en el hermético mausoleo de la impunidad
muestra que no todo está concluido en la lucha por la verdad y la justicia
que anima a amplios sectores de nuestra ciudadanía.

Demuestra la existencia de magistrados que, conscientes de la dignidad de
su investidura, no están dispuestos a omitirse en el momento de hacer
funcionar los engranajes de la acción jurisdiccional. Y lo hacen aunque
para ello haya que vencer las presiones que llevaron a enterrar las
denuncias presentadas en 1985 por el ex diputado Lorenzo Rovira, a bloquear
los pedidos de extradición formulados desde la Argentina y sabotear todo
avance de las investigaciones en nuestro país a partir de los testimonios
presentados oportunamente en la Comisión Investigadora instalada en la
Cámara de Representantes en los primeros meses de 1985.

En este contexto y con tales antecedentes, la continuidad de las audiencias
muestra los ecos que en el país han alcanzado las acciones penales contra
los delitos de lesa humanidad en Argentina y Chile y las denuncias del Plan
Cóndor, con los procesos de difusión pública de documentos secretos por
parte de los servicios de seguridad de distintos Estados, entre ellos, los
provenientes de Washington .

La nota insólita en la jornada del jueves 2 fueron las declaraciones
formuladas por el ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, hijo del dictador.

En sus expresiones ante la prensa dio pruebas de su ignorancia supina
acerca de hechos importantes en la vida de la República y se extendió en
descabellados razonamientos políticos que patentizaron no sólo su insólito
desconocimiento de las actuaciones de su padre, sino de la dolorosa
realidad de lo que fue la represión en el país durante los años de la
dictadura.

Según el ministro, la responsabilidad de la acción judicial es fruto de un
ingenio político, una malévola conspiración realizada por el Frente Amplio,
como forma indirecta de atacar su propia actuación como ministro.

Para Bordaberry hijo, la historia comienza cuando llega él y se ordena
conceptualmente a partir de los que están con él o los que están contra él.

Los crímenes del año 1976 no existen. Se trata solamente de maniobras para
ensombrecer su exitosa gestión, de Pedro Bordaberry, como ministro de Batlle.

Los destacados dirigentes políticos asesinados en el marco de un plan de
exterminio de la oposición, el siniestro Cóndor, hoy reconocido incluso en
los Estados Unidos, según cree Pedro, no han dejado huella en la memoria de
su pueblo.

Al atribuir neciamente la denuncia al "Frente Amplio", el ministro olvida
que los mártires caídos en Buenos Aires eran padres de familia y ciudadanos
respetados y queridos por su actuación pública democrática. Y desconoce que
entre otras, esta denuncia proviene justamente de una acción judicial
legítimamente emprendida por familiares de los asesinados bárbaramente en
Buenos Aires en mayo de 1976.

Moviéndose en la emergencia como un elefante en un bazar, con arrogancia,
el ministro se permite atribuir intencionalidad política a la acción de
fiscales y jueces, lo que no puede sino ser visto como una más de la
infinita serie de escandalosos episodios de interferencia del Poder
Ejecutivo con las potestades constitucionales del Poder Judicial destinadas
a mantener cerrada la caja de Pandora de la impunidad.