Cile: Garzon amplia le accuse a Pinochet includendo i crimini di natura finanziaria
España/Chile.- Garzón amplía la querella contra Pinochet con los delitos de
alzamiento de bienes y blanqueo de dinero
Declara la responsabilidad civil subsidiaria del Banco norteamericano Riggs
por 10.266.000 dólares
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó hoy ampliar la
querella de las acusaciones popular y particular en el proceso que se sigue
en su juzgado contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Así, a los
delitos de genocidio, terrorismo y torturas por los que es perseguido, se
les une ahora los de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero por realizar
operaciones para eludir el embargo decretado por Garzón, valiéndose
presuntamente para ello del Banco Riggs, de Estados Unidos.
En un auto notificado hoy a las partes, el juez Garzón señala que
"aparentemente hubo un acuerdo doloso de voluntades" entre responsables del
Banco Riggs, de Estados Unidos, el propio Pinochet, su esposa, Lucía
Hiriart, y el asesor Fernando Baqueiro. Dicho acuerdo "determinó la
distracción" de "una importante cantidad de dinero (8 millones de dólares
USA) de su destino legal, que en todo caso hubiera sido la indemnización a
las víctimas por los delitos aquí perseguidos (genocidio, terrorismo y
torturas)".
Por ello, el magistrado acusa de los delitos de alzamiento de bienes y
blanqueo de dinero a Pinochet, su esposa, Lucía Hiriart; los empleados del
Banco Riggs, todos de nacionalidad norteamericana, Joseph L.Allbritton,
Robert L. Allbritton, Steven B.P.Pheiffer y Carol Thompson, así como los
asesores Mr.Ashley Lee, Fernando Baqueiro, Raymond Lund y el chileno Oscar
Custodio Aitken Lavanchy.
Garzón acuerda en el auto denunciar los hechos respecto a cada uno de ellos
a las jurisdicciones respectivas de Chile y Estados Unidos y declara la
responsabilidad civil subsidiaria del Banco Riggs por la cantidad de
10.266.000 dólares (10.300.000 euros). Asimismo ordena la remisión de
comisiones rogatorias a las autoridades de Estados Unidos, Chile, Reino
Unido y Bahamas para que aporten al Juzgado Central de Instrucción número 5
la información sobre cuentas y bienes en los que aparezca Pinochet como
titular, o bien miembros de su familia.
Igualmente ordena el embargo, bloqueo y depósito de todos los saldos que
puedan tener cualquier tipo de cuenta de Pinochet a su nombre o al de algún
familiar en alguno de estos países. En la comisión rogatoria a Estados
Unidos pide autorización para tomar declaración a los cuatro ciudadanos de
este país imputados y ordena el embargo preventivo de los bienes de sus
cuentas hasta la suma que fije el Juzgado como fianza.
En la solicitud de ayuda judicial a Chile pide al juez Sergio Muñoz de la
Corte de Apelaciones de Santiago de Chile que aporte a su juzgado toda la
información de que disponga sobre bienes identificados como propiedad de
Augusto Pinochet, o a nombre de familiares suyos. También solicita a las
autoridades de este país que, a los efectos de las responsabilidades
dimanantes del delito, procedan al embargo de dichos bienes que hayan sido
identificados en las diligencias del juez Muñoz.
Además, Garzón forma pieza separada para la tramitación de la querella con
los dos nuevos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. En
otro punto de la parte dispositiva del auto, el magistrado ordena librar un
oficio al Banco de España para que informe de cualquier cuenta de la que se
tenga conocimiento que haya sido titular o apoderado Augusto Pinochet, así
como las sociedades instrumentales Ashburton Company Ltd. o Althorp
Investment Co.Std.
El juez libra mandamiento al banco SCH para que informe al Juzgado Central
de Instrucción número 5 sobre cualquier cuenta bancaria de Pinochet, o sus
familiares, en Chile o cualquier otro país.
Igualmente reitera comisiones rogatorias anteriormente cursadas a
autoridades de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bermudas, Gibraltar,
Islas del Canal, Bahamas, Caimán, Islas Vírgenes, Suiza, Holanda y Antillas
holandesas por presuntos delitos de lavado de dinero y alzamiento de
bienes, además de terrorismo, genocidio y torturas.
Garzón se declara competente para investigar la presunta comisión de estos
dos nuevos delitos al considerar que está amparado por el principio de
justicia penal universal. "Lo cierto es que el dinero ha desaparecido en
detrimento de las víctimas y para que esto haya sido así se ha precisado la
cooperación imprescindible del Banco Riggs, cuya responsabilidad habrá de
dilucidarse por la vía de la reclamación, en esta causa o en la que
proceda", señala el juez.
En cuanto al delito de blanqueo de capitales, Garzón explica que por los
datos ofrecidos en el informe del Senado de Estados Unidos y los volúmenes
económicos de los que habla, se ha venido cometiendo desde "bastantes años
antes del inicio de este procedimiento, en julio de 1996, sobre todo si se
tiene en cuenta la fecha de constitución de las (sociedades) instrumentales
en las Bahamas (1996)".
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