Uruguay: la giustizia cilena possiede un lungo braccio nel paese

18 Setiembre 2004

La Justicia chilena tiene un largo brazo en Uruguay

Un juez uruguayo concedió ayer la extradición de tres coroneles ­uno
retirado y dos en actividad­ para que sean juzgados en Chile por el caso
Berríos.

Uruguay dio ayer un paso histórico cuando un juez concedió la extradición a
Chile de tres militares por violaciones a los derechos humanos. Son
investigados en Chile por el asesinato de Eugenio Berríos, un ex agente
secreto de la dictadura de Augusto Pinochet. El fallo del juez uruguayo
Gustavo Mirabal será apelado, dijo Amadeo Otatti, abogado de los oficiales
involucrados, dos coroneles en actividad, Eduardo Radaelli y Wellington
Sarli, y uno retirado, Tomás Casella. El juez chileno Alejandro Madrid
solicitó a la Justicia uruguaya la extradición de los tres militares para
juzgarlos por asociación ilícita y secuestro.

El químico Berríos fue agente de la DINA, la policía política de Pinochet,
y tras el retorno de la democracia viajó ilegalmente a Uruguay en 1991 para
evitar que la Justicia chilena lo forzara a declarar en causas por
violaciones a los derechos humanos. El juez chileno Adolfo Bañados lo
buscaba en esa época para interrogarlo por el asesinato del ex canciller
Orlando Letelier y su secretaria estadounidense, Ronni Moffitt, en un
atentado cometido en 1976 en Washington y atribuido a la DINA. En Uruguay
escapó a sus custodios de la ex DINA pero fue recapturado con la
colaboración de militares uruguayos, y años después fue hallado su cadáver
con dos disparos en la cabeza en una playa cercana a unos 25 kilómetros de
Montevideo. La investigación llegó a la conclusión de que con el crimen se
procuró silenciar a Berríos.

La senadora chilena Carmen Frei solicitó recientemente una definición del
pedido de extradición de los militares uruguayos involucrados, ya que se
sospecha que Berríos tuvo que ver también con la muerte del ex presidente
Eduardo Frei Montalva en 1982. El democristiano Frei Montalva murió a los
71 años en circunstancias poco claras en una clínica de Santiago cuando
integraba la oposición a la dictadura de Pinochet.

Como autores del secuestro y asesinato de Berríos están procesados en
Santiago los mayores retirados chilenos Arturo Silva Valdés y Jaime Torres
Gacitúa, además de dos ex jefes de la DINA acusados de obstruir la
investigación judicial e integrar una asociación ilícita. Los tres
militares uruguayos, cuya extradición dispuso el juez Mirabal, están
acusados en Chile de integrar la asociación ilícita responsable del
secuestro y asesinato de Berríos.

Con este fallo, Uruguay dio un paso contra la impunidad de los militares,
opinaron ayer organizaciones de defensa de los derechos humanos. La
decisión del juez Gustavo Mirabal de conceder la extradición "me parece
ajustada a derecho. El hecho de que sean militares no les otorga ninguna
impunidad, y es un paso importante para el esclarecimiento del caso",
declaró el abogado Diego Caamaño del Instituto de Estudios Legales y
Sociales de Uruguay (Ielsur). "Se trata de un caso grave de violación de
los derechos humanos, estuvieron involucradas las estructuras de poder
­militares y policiales­ y el fallo deja claro un mensaje de no a la
impunidad", subrayó Caamaño, quien recordó que sería la primera vez que
Uruguay extraditaría a nacionales por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el abogado Javier Miranda, del movimiento de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos (Fedefam-Uruguay) durante la dictadura militar
uruguaya, aseguró que "es un avance enorme". "Lo menos que pueden hacer es
colaborar con la Justicia chilena, esto es realmente bueno, son tribunales
de dos países democráticos", añadió. En su opinión "es muy probable" que el
caso Berríos sea un coletazo del denominado Plan Cóndor, en cuyo marco las
dictaduras del Cono Sur coordinaron la represión en la región durante los
años '70, pero "dejemos actuar a la Justicia para determinarlo", señaló.