Colombia: cento kilometri di un lungo cammino

Cien kilómetros de un largo camino

CALI, Colombia, 18 sep (IPS) - El cansancio de los caminantes era visible este sábado, quinto día de la mayor movilización del movimiento indígena colombiano, cuando una masa humana se tomó la Plazoleta de San Francisco, corazón de esta capital del sudoccidental departamento del Valle del Cauca.

”Esta movilización es diferente”, afirma el ”Mandato indígena y popular de la minga por la vida, la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía”, divulgado este sábado.

La ”minga” es, para los indígenas, ”trabajo colectivo para el bien común”.

No se trató de una marcha de protesta, aunque la hubo. Fue una convocatoria a ”pueblos, organizaciones y procesos populares” para establecer un congreso permanente e itinerante, que iniciará sesiones en el resguardo (territorio indígena) de 140 hectáreas de La María, municipio de Piendamó, 30 kilómetros al norte de Popayán, en el vecino departamento del Cauca.

La caminata de 100 kilómetros iniciada el martes en Santander de Quilichao y terminada en Cali, fue iniciativa de los siete pueblos nativos del Cauca.

En distintas ciudades colombianas la movilización fue apoyada por marchas de indígenas, sindicalistas y movimientos opositores al presidente Alvaro Uribe, a quien las encuestas atribuyen índices de popularidad sin precedentes tras dos años de gobierno de mano dura.

Cuando la marcha ingresó el jueves a las 11.00 de la mañana al Coliseo del Pueblo en esta ciudad, fueron censados 65.000 participantes, a los que se sumaron 5.000 de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca.

”Este (el indígena) es el único sector social capaz de movilizar tal cantidad de gente durante tantos días, y además caminando”, dijo a IPS el sociólogo y escritor Alfredo Molano.

”Aquí se ratifica el proceso que hemos estado desarrollando para un pacto político de pueblos indígenas y organizaciones sociales, y una agenda nacional para que salgamos a recorrer el país. Tenemos ya mucho trabajo adelantado”, dijo a IPS el líder Feliciano Valencia.

Valencia es coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que con 12 años de vida agrupa a 112.000 indígenas en 16 resguardos (una superficie de 179.000 hectáreas), a los cuales pertenece La María.

A ese pacto se suman ”el magisterio, el sindicalismo de Cali y algunos sindicalistas del resto del país, los afrocolombianos, empresarios, sobre todo microempresarios, especialmente el comercio, la producción textil de ropa informal y los de productos lácteos, las mujeres organizadas, los vendedores ambulantes organizados y muchos campesinos”, dijo Valencia.

Hasta pasada la medianoche del jueves, unos 1.500 caminantes bailaron incansablemente ritmos del Caribe al son de la orquesta ”Los Fascinantes”.

Mientras, familias enteras dormían a pierna suelta sobre el césped, en improvisados refugios levantados bajo los frondosos árboles del terreno de unos 10.000 metros cuadrados del Coliseo de la calurosa Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia.

Muchos otros pernoctaban en corredores y graderías del centro deportivo, al lado de ropas que pendían de cuerdas. El sueño era custodiado por centenares de guardias indígenas armados de bastones de mando, a cargo de vigilar el desarrollo pacífico y seguro de la movilización.

El presidente Uribe rechazó la marcha y la acusó de tener carácter político.

La crítica presidencial fue replicada en un comunicado que resume las motivaciones indígenas para la minga, como se denominó el congreso itinerante.

”Claro que nuestra Minga es Política con P (mayúscula), porque político es defender la acción de tutela de los derechos indígenas y colectivos; político es rechazar que se despedace el Estado social de derecho; político es defender el carácter de entidad territorial de todos los territorios indígenas y su gobierno autónomo propio”, dice ese texto.

”Político es oponernos al TLC (tratado de libre comercio); político es rechazar los asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, violencia y guerra; político es discrepar de la llamada seguridad democrática; político es defender las conquistas que hemos logrado en la Constitución, la ley y la vida; político es defender la vida y la dignidad”, prosigue.

La política de seguridad democrática, bandera del gobierno de Uribe, pretende comprometer a los civiles en el apoyo a las fuerzas armadas estatales en una guerra contrainsurgente que se profundiza progresivamente desde hace cuatro decenios.

Un paquete de propuestas gubernamentales enviadas al parlamento busca limitar la tutela y las facultades de la Corte Constitucional, entre otras medidas, ante lo cual los indígenas advirtieron que ”si permitimos que esa reforma pase, quedaremos sometidos a la arbitrariedad”.

”La contrarreforma constitucional que Uribe está adelantando con insistencia podría llevar a que nuestros territorios sean entregados nuevamente al Estado”, dijo Valencia a IPS.

La Constitución vigente, aprobada en 1991 como parte de un pacto de paz con el entonces guerrillero M-19, reconoció carácter estatal, en sus territorios, a las autoridades tradicionales de las 90 etnias que existen en Colombia.

Además, los aborígenes temen que el tratado de libre comercio que Bogotá está discutiendo con Washington imponga limitaciones o termine con ese reconocimiento y abra el camino para que transnacionales ”se instalen en nuestras comunidades para desarrollar megaproyectos”, señaló Valencia.

”Estamos convocando a un referendo nacional para que el pueblo diga si está de acuerdo o no” con el tratado, afirmó.

”Que el tema se debata ampliamente, que hasta el más analfabeto sepa qué es el tratado de libre comercio y que de ahí para adelante sea el pueblo el que decida”, expresó.

El activista relató que ”la crisis humanitaria que se vive en algunas regiones indígenas ”no es de ahora. Desde 1971, cuando empezamos la lucha organizada por la recuperación de nuestros derechos, empezaron la persecución, el atropello y los asesinatos”.

”Los terratenientes organizaron sus grupos de seguridad, que en ese tiempo llamábamos 'pájaros', y posteriormente, cuando estos grupos no dieron abasto, se vincularon la policía y el ejército”, precisó.

”En 32 años perdimos unos 980 compañeros en los procesos de recuperación de tierras, asesinados por los pájaros, por miembros de la policía y del ejército nacional. En esa estadística, que hicimos en 2000, no están incluidos los asesinatos extra juicio, ni aquellos por causas políticas, las desapariciones ni las amenazas”, agregó.

Actualmente hay 72 dirigentes indígenas colombianos exiliados, la mayoría en Europa, y el resto en países de América Latina. El pueblo más afectado por el exilio es el nasa, seguido de los u'was y los yanaconas.

”Los nasas, porque hemos sido los más inquisidores en el proceso de exigir nuestro derechos, los u'was porque están asentados en las zonas petroleras de Colombia, y los yanaconas porque sus tierras están en las cuencas de la Estrella Hidrográfica”, macizo andino donde brotan los cuatro ríos más importantes del país, precisó Valencia.

Los indígenas pondrán en marcha ”mecanismos populares” para lograr la salida negociada al conflicto armado de 40 años y crearán un tribunal para las violaciones a los derechos humanos de la población.

Sobre la movilización pacífica se cierne la amenaza. ”Sabemos que nos pueden pasar desgracias inclusive regresando a nuestros territorios después de este congreso, a partir del domingo”, advirtió Valencia.

Los chamanes (médicos tradicionales indígenas) han dicho que muchos ”no van a alcanzar a ver lo que se construyó. Pero también advirtieron: si el pueblo indígena no se manifiesta, sería el acabose. Cumplan el mandato, dijeron”, relató.

”Tendremos que perder a muchos hermanos nuestros, para que nuestros hijos puedan ver este mundo que estamos edificando. La advertencia de los médicos tradicionales es la última palabra. Esto no nos causa miedo, al contrario, nos anima más para salir adelante”, dijo Valencia.

”En este congreso hay muchos jóvenes, y ellos están convencidos de que, si cae uno, ellos deben tomar las banderas y seguir”, concluyó.

La guerra no gusta de la autonomía indígena. En los resguardos se quedaron los viejos, los que no pueden caminar, cuidados por algunos jóvenes, pues hubo una amenaza de la insurgencia de tomarse los territorios de los indígenas, si éstos los abandonaban para cumplir con la movilización.