Perú : i crimini all' Universita' " La Cancuta"

El Instituto de Defensa Legal acaba de presentar ante la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos de Héctor Villar Huamán un Amicus Curiae solicitando que se proceda a formalizar denuncia penal contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermosa Ríos y Luis Pérez Documet por los crímenes perpetrados en 1992 contra nueve estudiantes y un profesor de la Universidad "La Cantuta".
Como se sabe, la Procuraduría Pública Ad Hoc y la Asociación Pro Derechos Humanos han formulado denuncia penal contra estas personas por la existencia de pruebas suficientes de su participación criminal en calidad de autores intelectuales en la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de las referidas víctimas y por tal razón el IDL ha considerado necesario la presentación de un informe jurídico en el que se exponga los fundamentos para que el Ministerio Público formule denuncia penal ante el fuero común, más aun si hasta la fecha el fiscal Villar Huamán inexplicablemente no lo ha hecho.

Esta denuncia fue entablada a raíz de que el Consejo Supremo de Justicia Militar a fines de agosto hiciera pública una resolución en la que confirmó una sentencia dictada el 18 agosto de 1994 por este mismo tribunal castrense en un proceso secreto que falló absolviendo a Montesinos, Hermosa y Pérez de su responsabilidad penal en el caso de La Cantuta.

El IDL ratifica que los tribunales militares son competentes exclusivamente para el juzgamiento de los denominados delitos de función y son incompetentes para la investigación y juzgamiento de crímenes contra los derechos humanos y que además han carecido absolutamente de independencia e imparcialidad en las oportunidades que han intervenido en este tipo de casos, convirtiéndose así en un instrumento de la impunidad.

El informe jurídico presentado al fiscal Villar Huamán señala que en mérito a estas consideraciones, la competencia restringida de la justicia militar, los fundamentos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos, así como las decisiones y opiniones emitidas tanto por la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diversas instancias del sistema universal de protección de los derechos humanos y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional referida a la inconstitucionalidad de la ley 24150 concluye que la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar favoreciendo con un sobreseimiento a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermosa Ríos y Luis Pérez Documet de fecha 18 de agosto de 1994 y la resolución emitida hace algunos días por esta misma instancia son nulas y por lo tanto sin ningún efecto jurídico relevante para el derecho.

De igual manera se sustenta que aquel proceso seguido ante la justicia militar contra Montesinos Torres, Hermosa Ríos y Pérez Documet bajo ninguna circunstancia tiene la condición de cosa juzgada -tal como alega la reciente decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar- y por lo tanto la responsabilidad que se deriva de su participación en el crimen de "La Cantuta" es un hecho que está pendiente de ser sometido a la justicia ordinaria, que es la única competente para el juzgamiento de este tipo de delitos.

Lo que constituye una clara muestra de un fraude al derecho y al debido proceso bajo ninguna circunstancia puede asumir la condición de cosa juzgada como pretende la justicia militar, más aun si es que aquellos jueces militares ex integrantes del Consejo Supremo de Justicia Militar que se coludieron con los favorecidos por la mencionada resolución han sido condenados en el sistema anticorrupción del Poder Judicial justamente por ser los autores de estos beneficios ilícitos a favor de aquellos.

Para el Instituto de Defensa Legal, los hechos de La Cantuta y quienes los perpetraron tanto material como intelectualmente no pueden quedar impunes. Hoy, con la presentación de la denuncia penal por la Procuraduría Ad Hoc esa es una responsabilidad que el fiscal Héctor Villar Huamán no puede eludir bajo ninguna circunstancia.

El país está a la espera de la denuncia contra Montesinos Torres, Hermosa Ríos y Pérez Documet por la comisión de los delitos homicidio calificado, desaparición forzada de personas y asociación ilícita para delinquir hechos cometidos en agravio de Hugo Muñoz Sánchez, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Condor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclito Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa.