Messico : Amnesty International chiede al governo di indagare su un caso di tortura

Piden al gobierno mexicano investigar a fondo un caso de tortura

Adital - Amnistía Internacional indicó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de tortura no exime al gobierno mexicano de sus responsabilidades de hacer justicia en el país y, lamentó además, en su comunicado de prensa, que no se hayan considerado las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La organización lamentó que la reciente sentencia de la Corte, invocando fundamentos procesales sobre competencia, no haya hecho posible considerar en profundidad el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd ante esa instancia internacional.

En el año 1992, al menos diez agentes de la policía sometieron a Alfonso Martín del Campo a intensas torturas en las dependencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que se declarara culpable del asesinato de su hermana y de su cuñado.

Alfonso Martín del Campo posteriormente denunció que había sido torturado y obligado a firmar una confesión autoinculpatoria. Además, un agente de policía que participó en el interrogatorio, admitió la práctica de la tortura para extraerle la declaración. Sin embargo, ninguno de estos elementos se tuvieron en cuenta para anular la confesión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos por su parte, en su sentencia argumentó que los hechos denunciados ocurrieron antes de que México aceptara la competencia contenciosa de dicho tribunal en 1998 y que por lo tanto, sin dirimir sobre la existencia o no de los actos de tortura, no puede jurídicamente estudiar el caso.

Amnistía Internacional lamentó que el gobierno mexicano no haya considerado las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con referencia al caso de Alfonso Martín del Campo.

La Comisión es la única institución internacional que ha estudiado a fondo la causa y ya en octubre de 2002 recomendó a las autoridades: a impulsar medidas para anular la confesión obtenida bajo tortura, disponer de inmediato a la liberación de Alfonso Martín del Campo mientras se revisaba la totalidad del proceso judicial; una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos y una reparación adecuada a la víctima.