Uruguay: il candidato presidente del Frente Ampio riscopre la questione etica

Uruguay: El Estado y la función pública: La dimensión de la ética
A casi 30 días de las elecciones nacionales en Uruguay, primeras del siglo, en las que se perfila un seguro ganador, el doctor Tabaré Vázquez, candidato del Encuentro Progresista- Frente Amplio – Nueva Mayoría, han aparecido una serie de temas entrelazados vinculados a la ética que, por lo menos, exigen una reflexión. En primer lugar se hace necesario plantear algunas interrogantes cuya dilucidación es esencial para el tránsito hacia un gobierno progresista, que obviamente desde el pique tiene que actuar con pautas distintas a las inculcadas por los paradigmas neoliberales.
En primer lugar preguntarnos, ¿qué valores deberemos tener en cuenta al fomentar estrategias y políticas públicas, que estén vinculadas al tránsito hacia los objetivos que debe tener un gobierno progresista? Y otra cosa, ¿qué códigos de conducta ética deberían adoptar los líderes políticos, los altos funcionarios públicos, el empresariado, los líderes de las organizaciones básicas de la sociedad civil, etc. para actuar en el nuevo escenario?
De ese análisis deberían surgir pautas de cómo trabajar frente a situaciones concretas como la pobreza, la exclusión social, las desigualdades, la discriminación de las minorías. Y, por último, ¿cómo impulsar una ética de la solidaridad?, elemento tan necesario para revertir la actual situación del país que se caracteriza, entre otras cosas, por la existencia de casi un millón de personas con problemas de empleo, que no tienen ingresos para comprar una canasta mínima, vital y diaria, la mayoría de ellas excluidas, de la sociedad, sin olvidar a quienes pasaron de esa marginalidad a la indigencia. Una realidad, a ojos vista, producto de carencias de esa solidaridad, tan necesaria para revertir esa misma realidad.
En torno al tema que pretendemos abordar hoy, de alguna manera, han aparecido en los últimos días situaciones que es conveniente comentar. En primer lugar el cobro de un subsidio por parte del candidato nacionalista, decisión que no viola obviamente ninguna norma legal pero que se vincula de manera evidente a los privilegios de un sector de la sociedad, el político, que desde siempre ha violentado principios éticos en un país donde esa actividad ha tenido beneficios bastante alejados de la realidad cotidiana.
Parecería necesario que el nuevo gobierno, en la primera legislatura y de manera inmediata, enviara un proyecto de ley que racionalizara ese beneficio insólito que tienen quienes abrazan la actividad política. Un subsidio que se puede extender a tres años y que se justifica en otro argumento insólito; que se trata de una norma democratizadora, que le permite actuar a las personas sin fortuna. Y el otro argumento, obviamente no de recibo, que muchos políticos debieron abandonar otras tareas remuneradas para "servir a la Patria", y qué han perdido dinero con ello.
Sería bueno que se corroborara lo que se dice con pruebas concluyentes y las razones de que un buen señor cobre como subsidio, para "dar de comer a sus hijos", el 85% del sueldo en actividad, y lo haga a posteriori de la renuncia al cargo. Ni en la actividad pública ni en la privada ningún trabajador renunciante tiene derecho a seguro de paro alguno: ¿por qué los políticos sí?
Parecería que las tetas del Estado son inagotables fuentes de recursos y muchos, sin ánimo de meter a todos en la misma bolsa, se prenden de ese pezón como si fuera posible saciar toda su voracidad, sin reparar en la situación del país que determina la existencia de otros trabajadores que también por tareas que se podrían definir como "patrióticas" (maestros, policías, etc.) reciben salarios de hambre, y que, cuando tienen familias a su cargo, obtienen asignaciones familiares que son otra vergüenza.
Esas contradicciones éticas que se dan hacia dentro en nuestra sociedad, deben ser dilucidadas de inmediato. ¿O acaso no conocemos a muchos que están parasitando al Estado, cumpliendo tareas burocráticas muy bien pagas y que se defienden con uñas y dientes ante cualquier intento de modificar una situación de privilegio, aunque sus emolumentos surjas de partidas que tienen otro destino?
Y, ¿por qué decimos que la ideología impuesta por el neoliberalismo envuelve todos estos problemas que, obviamente, deben tener una dilucidación que en primer lugar debe estar vinculada a la ética? Simplemente porque parecería que lo que define todo es el dinero, único elemento que impulsa a las personas. Pero, aclaremos, de paso algo: cuando se habla de racionalización de los sueldos del Estado no se está mencionando a los funcionarios, sino a quienes acceden a cargos de gobierno o de particular confianza.

Debemos señalar también otro hecho indiscutible: en el ámbito público casi nadie tiene la misma paga por similar función (reiteremos el ejemplo de maestros y policías, comparando sus estipendios con los de quienes, por tareas menos exigentes, cumplen funciones en otras empresas públicas) ¡Hay que tener claro ese concepto!
Especialmente, porque al plantearse la racionalización de los salarios de los funcionarios políticos que cumplirán tareas en el próximo gobierno, muchos se han confundido y se entrevera a Stravinsky con Piazzola. Nadie habló de los funcionarios de "a pie". La racionalización para abajo, mostrando una necesaria austeridad, viene por otro lado y la discusión planteada es también aleccionante, ya que aparecieron algunas voces que mostraron visiones sobre la eficiencia en el Estado que, evidentemente, están impregnadas de conceptos contrapuestos al camino de austeridad que es necesario para emprender el rumbo hacia el progreso.
Se afirma que el dinero, el sueldo a pagar y a cobrar, es prácticamente el único motivo para atraer a los técnicos "del mejor nivel" que, de lo contrario, se irían a la actividad privada.
Pobres los lineamientos éticos de quienes, en un país destrozado, solo miden su participación en un gobierno progresista por el dinero que recibirán. ¿No se les pasará por la cabeza que existe un proyecto superior, fundamental para el país, que no solo exigirá esfuerzo sino, obviamente, también desprendimiento?
Además, es evidente, que con un reducción del 40 % del sueldo del presidente de la República, que iría a alrededor de 80 mil pesos mensuales y la disposición que exigiría de que ninguna remuneración de los cargos de "confianza" en el Estado superara el 75% de esa cifra, quienes asuman esas responsabilidades tampoco sufrirán necesidades vitales. Llevar esos estipendios a ese nivel sería una buena demostración de que se tratan de hacer las cosas con corrección y en serio, comenzándose por allí a racionalizar un Estado deforme, vicioso, que dilapida el dinero de los contribuyentes en mil cosas, algunas muy gruesas: ¿Es posible – para tomar un ejemplo que ha estado en el centro de la atención pública en las últimas semanas – que en este país convivan varias empresas de correo oficiales?
¿Qué para suplir las deficiencias del Correo principal, las empresas públicas hayan creado sistemas de distribución propios que, por consiguiente, han determinado situaciones difíciles, como la de los derechos adquiridos de cantidad de personas que dependen ahora de ellos? ¿Es posible, para utilizar otro ejemplo en el candelero, que en el país existen cinco servicios de inteligencia? Cinco lugares donde se recortan diarios, se realizan carpetas de personas e instituciones, se "pinchan" teléfonos, armando muchas veces "conspiraciones", donde se quintuplica personal y recursos, para tareas no claramente definidas, de discutible necesidad y generalmente superpuestas.
Es imprescindible que los uruguayos, a tan solo 30 días de los trascendentes comicios, mostremos interés en integrar a nuestros actos dimensiones éticas, las que deben sustentar las decisiones sobre políticas y programas. Porque es evidente que, de manera conciente o inconsciente, la ciudadanía está demandando que se analicen y sean tenidos en cuenta esos desafíos éticos para que los actores políticos y sociales asuman, con bases nuevos, las responsabilidades que les correspondan.
Para ello se hacen necesarias políticas que creen condiciones favorables al desarrollo de los componentes básicos del capital social, como de las capacidades de asociatividad y cooperación, mejorando la confianza interpersonal y la conciencia cívica.
Sin lo cual nada es posible.