L' Argentina fa i conti con il suo passato

Argentina ajusta cuentas con su pasado

Encargado de investigar las violaciones de derechos humanos durante los aciagos años de la dictadura militar en el cono sur, el fiscal argentino Eduardo Freiler acaba de estar en España buscando información que le permita apuntalar todavía más los sumarios que se trae entre manos. Es un jurista muy considerado en su país, aunque genere el rechazo de quienes se sienten perseguidos por su comportamiento criminal después de beneficiarse de una amnistía tan injusta como improcedente. Por ello, Freiler se empeña desde hace años en reescribir la última historia de Argentina, la que compete a las víctimas de los abusos militares que se cometieron entre 1976 y 1983 bajo las directrices de una doctrina de seguridad nacional que se alimentaba de un feroz anticomunismo y por la que el Estado visualizaba como enemigos a todos los que cuestionaran, tímida o abiertamente, el orden social establecido por los mismos que arruinaron el régimen democrático.

En pocos países como en Argentina, el ajuste de cuentas con el pasado cobra una dimensión tan compleja y tan dramática, no sólo por las cuantiosas atrocidades cometidas allá sino por el elevado número de actores que figuraron en el reparto. Para Freiler, este ajuste de cuentas sigue siendo necesario, aunque haya voces que defiendan que no hay que remover una sola fosa si se desea realmente la reconciliación.

“Se trata más bien de aplicar rigurosamente la justicia. Soy de los que piensan que tenemos que mirar al pasado si queremos ver el futuro. Me resulta inconcebible que en una democracia o en un Estado de Derecho no se aplique la justicia, a fondo. Y tampoco podemos construir el futuro sobre heridas que continúan abiertas debido a una represión generalizada, que provocó la muerte y el exilio de miles de compatriotas”, asegura este fiscal que se encarga de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en la circunscripción que se conoce como Primer Cuerpo de Ejército y que comprende la capital federal, y las provincias de Buenos Aires y La Pampa, donde funcionaban varios de los centros clandestinos de detención que se levantaron por doquier durante el apagón democrático.

“Lo que buscamos con esta investigación es una responsabilidad horizontal. No estamos ante acciones individuales, tal como se defendía en el pasado. Nosotros creemos que existen responsabilidades criminales compartidas”, advierte Freiler para poner en evidencia que los secuestros, las torturas y el genocidio formaron parte de una política deliberada, sistemática, que tenía su cara más visible en la Junta Militar y en los mandos más significados, pero que involucró también al conjunto de los aparatos del Estado y a una parte sustancial de la ciudadanía.

Nunca ha resultado fácil superar un trauma; mucho menos cuando éste afecta a todo un colectivo. Pero desde luego, lo que no procede en ningún caso es soslayar lo ocurrido o minimizar sus consecuencias. En España, la manipulación de los orígenes de la guerra civil y el olvido de las represalias consiguientes se impusieron desde las alturas. Primero, por la fuerza de una dictadura; y después, en aras de una transición pacífica hacia la democracia de la que queda mucho por inventariar. Recién ahora se empieza a rescatar la memoria de una época tan vital como funesta, que habrá que digerir debidamente, sin que ello signifique relativizar la barbarie de quienes en 1936 se alzaron en armas contra un régimen libremente elegido, ni repartir por igual culpabilidades entre los contendientes, como se ha intentado hacer desde muy distintos foros, incluso desde la buena literatura, a despecho de la historia y de la dignidad de los vencidos. No hay víctimas sin victimarios. En Argentina lo saben muy bien; y, por ello, gentes como Freiler están empeñadas en que regrese al país la justicia. Sin revanchas, pero también sin concesiones.