Argentina : i complici del terrorismo di stato

VEINTE AÑOS DEL ROBO DE LOS TRIBUNALES ROSARINOS : LOS SOCIOS DE LOS DESAPARECEDORES

El 8 de octubre se cumplen veinte años del robo de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario. De allí se llevaron las identidades verdaderas de los integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército que habían participado del terrorismo de estado y más de cien balances de otras tantas empresas que contribuyeron económicamente al genocidio en la zona del litoral argentino. El robo se hizo en plena democracia y a los pocos días de haberse presentado el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Hasta el día de la fecha no hubo mayores rastros, salvo la identidad de los que terminaron siendo socios de los desaparecedores, los principales responsables de los gobiernos nacional, provincial y municipal de entonces. Veinte años después cuesta identificar detrás de los macabros títeres de uniforme a los verdaderos ganadores del genocidio: el poder económico regional y nacional. Esta es parte de una historia que todavía no se escribió en su totalidad.

Feced de vacaciones y zona liberada

En 1999, quince años después del robo de 150 expedientes de los tribunales provinciales que contenían información sobre balances de las empresas vinculadas con el terrorismo de estado en la región y el registro de las dobles identidades de los que participaron de la represión, dos testimonios revelan la construcción de una 'zona liberada' para que se produzca el asalto con total tranquilidad.

La compañera durante 17 años de Agustín Feced, indicó que esa noche estaba volviendo junto al ex comandante de Gendarmería de una semana de convivencia en Corrientes. El ex jefe de la policía rosarina durante la dictadura tenía prisión preventiva rigurosa y no podía circular por ningún lugar del país. Para la mujer el día 'que se limpiaron los tribunales pudo haber estado gente del Viejo'.

Alfredo Di Pato, único testigo civil del robo, informó que 'días después de la denuncia' que hizo ante el juez Ernesto Navarro dos hombres le dijeron que 'lo pensara' por su bien, porque 'en definitiva, todo esto está armado'.

Ambos relatos apuntan la responsabilidad política sobre el entonces ministro de gobierno, Eduardo Cevallo. La policía no estaba protegiendo la zona de Tribunales y Feced que, supuestamente debía estar preso, paseaba por la región como en sus mejores tiempos.

Las vacaciones de Feced

Agustín Feced, ex comandante mayor de Gendarmería Nacional, fue jefe de la policía rosarina entre el 8 de abril de 1976 y marzo de 1978.

Fue imputado de centenares de desapariciones, no solamente en Rosario, si no en toda la geografía santafesina.

El 28 de enero de 1984 se presentó ante los tribunales federales para prestar declaración sobre los cargos recogidos por las denuncias trabajadas por la Conadep.

Primero fue encerrado en el Hospital Español, después en el Granadero Baigorria y por último en el edificio de Gendarmería en la Capital Federal. Su estado era prisión preventiva rigurosa.

'Ese día nosotros estábamos volviendo de una semana que habíamos pasado en Corrientes. El Viejo estaba muy bien de salud, aunque tenía el espíritu quebrado', explicó la mujer que compartió 17 años de su vida con el principal responsable del terrorismo de estado en la zona del Gran Rosario.

Según su testimonio, 'cuando se limpiaron los tribunales seguro que había gente que trabajó con el Viejo'.

Tenía razón: el responsable de la investigación fue Alberto Gianola, por aquel entonces subjefe de la policía rosarina, un ex colaborador e integrante de la patota de Feced ascendido por la administración Vernet - Cevallo.

El ministro de Gobierno provincial ya le había permitido verlo al comandante cuando estaba prohibido hacerlo en los hospitales Español y Granadero Baigorria.

Hasta el presente, Cevallo nunca aclaró qué tipo de protección le dio al material secuestrado el viernes 5 de octubre por el juez Fermoselle, por qué no hubo patrulleros en torno a la zona de tribunales ni qué criterio utilizó para que Feced recibiera visitas prohibidas y pudiera cruzar las provincias del Litoral con total impunidad.

'Estaba todo armado'

Faltaban quince minutos para las tres de la mañana del lunes 8 de octubre de 1984. Alfredo Di Pato avanza a bordo de su Fiat por Balcarce entre Montevideo y Pellegrini. Le llaman la atención tres automóviles estacionados frente a los tribunales. Un Falcon verde, una camioneta Dodge cremita con cúpula alargada y un Peugeot negro con dos hombres sentados en la parte posterior y una mujer de pelo negro lacio adelante. Llega al semáforo de la avenida y decide observar con el retrovisor.

Un hombre vestido de policía le alcanza un paquete de color anaranjado a otro de civil, robusto, alto que bajó del Peugeot junto a la mujer. Vuelve la luz roja. Di Pato no puede esperar más. Ve que el bulto es despositado en la camioneta.

Cuando llega a la esquina de la pizzería 'Splendid', en Pellegrini y 1º de Mayo, busca al patrullero que estaba allí todas las noches. No encontró a nadie.

Llamó a la policía y colgó. 'Me di cuenta que era una zona liberada. Por eso hicieron todo con tanta tranquilidad', contó Di Pato quince años después.

El entonces delegado de la vieja Entel decidió declarar lo que vio ante el juez Ernesto Navarro.

Al poco tiempo dos hombres jóvenes lo cruzaron por la calle: 'Te lo decimos por tu bien. No hablés más. Pensalo. Si vos sabés, en definitiva, que esto está todo armado'.

También un taxista se dio vuelta y le increpó: 'Vos fuiste el que declaraste por el robo de Tribunales'.

Salvo los íntimos, nadie sabía que Di Pato prestó testimonio en la causa. Sin embargo su cara, sus dichos, eran conocidos en determinados ambientes de la ciudad.

Nunca más lo molestaron. Tampoco lo volvieron a citar para ampliar su declaración.

La versión oficial

Era la 1.30 de la madrugada. El agente de policía Juan Aguirre, por aquel entonces de 22 años, estaba de guardia en los tribunales juntamente al sargento Demetrio Flores.

Sonó el timbre. Fueron a ver. Dos uniformados, --'con nuestro azul', como diría Aguirre-- uno de ellos con un cuaderno que ellos identificaron como los que habitualmente se usaban para llevar citaciones y documentos a los tribunales.

--Traemos unos oficios de la quinta para el juzgado en turno.

El sargento Flores abrió la puerta. En ese momento, el otro exhibió una metralleta tipo 'pam' (pistola automática mediana).

--Quédense quietos o son boleta.

Les dicen que si llega a haber otro guardia los 'amasijan'. Los tiran al piso, les vendan los ojos. Suena el teléfono. Del otro lado de la línea piden información sobre qué juzgado está en turno. Le hacen responder al sargento Flores.

Los llevaron a una oficina. Les ataron las piernas a la altura de los tobillos y de las rodillas. Los policías perdieron la noción del tiempo. Alrededor de las cinco de la mañana llegó el ordenanza, Vittore, inconfundible por su silbido. Los desató. Después llegó la empleada del registro de inspecciones, Ramona Mansilla. Lo llamó al comisario Teruel.

'Me manifestó que habían copado el tribunal y que al personal lo habían encontrado atado en la guardia no presentando lesiones algunas', dijo el oficial en sus declaraciones.

Lo robado

El doctor Francisco Martínez Fermoselle, cuando le informan de lo sucedido, sabe que se trata de los documentos secuestrados en los allanamientos realizados en lo domicilios de Walter Pérez Blanco, en Santiago al 1400, de Eduardo Rebechi, en Dorrego al 1800 y de Teresa Cobe. El juez declaró que fueron 150 los expedientes robados y entre cinco o siete televisores que estaban en lo de Rebechi, como una cantidad de documentos imposibles de determinar.

Por aquellos días, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombres denunció que 'no ha sido este el primer robo que se concreta, ya habían desaparecido cuatro bultos de la calle Santiago al 1400, por lo que quiere decir que hay un comando que aún tiene vigencia y act£a', sostuvieron los representantes del organismo de derechos humanos.

Indicaron que entre los elementos robados había una 'agenda de tareas con fotografías con los nombres atrás, nombres de desaparecidos, y nombres de los agentes de los servicios, como el coronel Andrés Ribechi, Franciso Scilabra como Federico Silver, Oscar Villegas como Omar Roberto Vidal, Walter Peirano como Sergio Paz, Walter Roscoe como Ricardo Ríos, Humberto Pasqualis como Juan José Vasco, Germán Bueno como Germán Benegas, Carlos Vivas como Carlos Vidal, Ovidio Ju rez, Aldo Scorteche, Omar Sciacia, Alfredo Barrera, Cacho Garella, Ana Cristeler y Elsa Deliesche, secretaria de Pérez Blanco'.

El expediente

El expediente que reúne las investigaciones iniciadas por el robo concretado en los tribunales provinciales rosarinos es el 648/84 y comenzó el mismo día del hecho.

Hasta julio de 1996, tenía cuatro cuerpos y se encontraba en el juzgado de Instrucción de la 13ª Nominación, a cargo del doctor Barbero.

La causa está caratulada como 'Robo calificado, privación de la libertad y sustracción de documentos'. El juez original fue el doctor Ernesto Martín Navarro.

El doctor Francisco Martínez Fermoselle había iniciado, como juez de Instrucción de la 10ª Nominación, una investigación sobre los implicados civiles durante la dictadura y que revestían, en la mayoría de los casos, como informantes de los servicios de inteligencia, fundamentalmente, del Ejército Argentino. En total se robaron 150 sumarios, varias màquinas fotográficas y otros elementos.

Pero no solamente se robó el edificio de tribunales, sino la casa de Dorrego 1638, donde se habían encontrado agendas con los nombres de colaboradores, identidades de los servicios civiles y carpetas donde figuraban el cuadro de situación y otros datos de diferentes empresas vinculadas con la represión.

El encargado de llevar adelante la investigación fue el Inspector Mayor Alberto Pablo Gianola, uno de los hombres que había pertenecido a la patota de Feced y que la administración Vernet ascendió a subjefe de la policía rosarina.

Para Manuel Blando, ex presidente de la CONADEP Santa Fe, al recordar aquel robo dijo que 'daban ganas de llorar. Nadie quiso recuperar esos documentos que incriminaban a militares, sacerdotes, empresarios y dirigentes políticos. No hubo voluntad política para nada'.