Venezuela: la Provea porta Chavez davanti alla Giustizia

Entidad venezolana acciona la Justicia contra Chávez

Adital - Por la quinta vez, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) vuelve a accionar la Justicia contra personas del gobierno del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En esta ocasión, Provea fue hasta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer una Acción de Amparo Constitucional, solicitando que se ordene a Chávez dar respuesta a una petición de rectificación, efectuada por la entidad el 16 de febrero de este año y después ratificada en agosto último.
La petición es con respecto a la edición 182 del Programa “Aló Presidente”, en el cual Chávez acusó al Provea y otras organizaciones de derechos humanos de haber recibido financiamiento del gobierno estadounidense y formar parte de una “gran conspiración contra Venezuela”. Rápidamente el coordinador del Área de Defensa de Provea, Marino Alvarado, declaró ser falsa la acusación de recibimiento de financiamiento oriundo de Estados Unidos, agregando que quienes hagan esta práctica con fines lícitos, no comete delito. “Tampoco participamos de estrategias contrarias a la profundización de la democracia”, afirmó.
Ante la acusación del presidente, la entidad dirigió un derecho de petición a la Presidencia de la República, solicitando formalmente que Chávez rectificara la información. Según Provea, la dicha petición no fue respondida de manera oportuna y adecuada, por lo que insistieron con otra comunicación el pasado 30 de agosto, sin respuesta.
Provea dice que las opiniones emitidas por el presidente le causaron daño. Alvarado cuenta que la organización recibió correos electrónicos insultantes y amenazantes. También sectores de las comunidades populares que trabajan con Provea y que tienen simpatía por el proyecto de gobierno expresaron dudas sobre la transparencia del trabajo.
El vocero de Provea comentó que no es la primera vez que “nos dirigimos al TSJ por la violación de nuestro derecho de petición”. En dos ocasiones anteriores acusaron a distintos titulares del Ministerio de la Defensa. Raúl Salazar, en 1999, para acceder al expediente de la masacre de Yumare, donde fueron asesinadas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) nueve personas, en la zona La Vaca, Barlovento, en la población de Yumare, del Distrito Bolívar, estado Yaracuy. Y a José Luis Prieto, en 2003, para acceder al Plan Ávila de las Fuerzas Armadas, que se aplicó en 1989 para enfrentar tres días continuos de saqueos y pillaje a nivel nacional, cuando civiles inocentes fueron muertos.
La tercera vez fue el año pasado contra Tobías Nóbrega, ministro de Finanzas, para conocer sobre el presunto uso indebido de fondos de pensionados y jubilados. Y en septiembre último accionaron contra el Defensor del Pueblo por no brindar información solicitada para el informe anual de Provea.

Antecedentes

El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos Interamericanos, Peter DeShazo, llegó a admitir en febrero de este año el financiamiento de Washington a grupos opositores y afines al gobierno de Venezuela, lo que estaría prohibido por las leyes venezolanas. “Hemos contribuido con organizaciones no gubernamentales que trabajan y han trabajado durante años con programas abiertos a todos los sectores políticos y democráticos, proclives y no proclives al gobierno", dijo durante la visita de 24 horas al país latinoamericano, no anunciada con anticipación.
Los comentarios de DeShazo han sido motivados por las denuncias hechas por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el programa dominical "Aló Presidente". En la ocasión, el presidente ha presentado un documento mostrando los términos del subsidio de 53 mil 400 dólares de septiembre de 2003 hasta septiembre de este año suministrado por el Departamento de Estado de EE.UU. y el Fondo Nacional para la Democracia, también de este país, para financiar las actividades del movimiento Súmate (del cual hace parte, según el documento, la rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, Miriam Kornblit), empeñado en recolectar firmas para activar el referendo revocatorio del mandato del presidente venezolano.