Colombia: quali sono le prospettive per il " Plan Colombia" e il TLC dopo la rielezione di Bush?

Colombia: ¿Y ahora qué? La reelección de Bush y el futuro del Plan
Colombia y el TLC
La barrida republicana en las elecciones presidenciales y parlamentarias del
pasado 2 de noviembre en los Estados Unidos -basada en el voto religioso
conservador del centro y sur del país- suscita una pregunta obvia: ¿cuáles
serán las repercusiones sobre Colombia de un segundo mandato del Presidente
Bush y de la ampliación de las mayorías republicanas en el Senado y la
Cámara? En particular, ¿qué incidencia tendrán sobre los dos asuntos que han
dominado la agenda reciente de las relaciones entre los dos países, esto es,
el Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio?

En relación con el Plan Colombia, como lo sugiere un estudio reciente del
Centro de Política Internacional (CIP) -probablemente la mejor fuente de
documentación y análisis crítico sobre la política estadounidense hacia
Colombia-, existen tres escenarios posibles. El primero es el lanzamiento de
un "Plan Colombia II" al término del actual plan, que desde sus inicios en
2000 estaba programado para finalizar en 2005.

Este escenario representaría la profundización de la tendencia al aumento de
los fondos y el personal militar estadounidenses involucrados en el
conflicto interno colombiano, tendencia que este año estuvo representada
por la aprobación de más de 700 millones de dólares en asistencia para
Colombia para el 2005 (80% de los cuales irán al ejército y la policía) y el
incremento del límite de soldados y contratistas militares norteamericanos
en el país. Un Plan Colombia II sería el camino preferido por mandos altos
del Pentágono, el Comando Sur y el Departamento de Estado, así como por el
gobierno del Presidente Uribe, quien, con un ojo en la reelección, buscaría
asegurar la financiación de su política de seguridad democrática hasta el
2010. La escalada del gasto y la intervención en Colombia se encontrará, sin
embargo, con los obstáculos del insostenible déficit fiscal de Estados
Unidos y la reorientación de prioridades geopolíticas de este país hacia el
Medio Oriente.

Un segundo escenario, a medio camino entre la escalada y la disminución de
la intervención estadounidense en el conflicto interno, consistiría en el
mantenimiento de los mismos niveles de asistencia a Colombia (en el rango de
los 700-800 millones de dólares anuales), pero con una reducción del
componente militar y una expansión del gasto en reforma judicial y programas
de desarrollo alternativo y creación de empleo, bajo la coordinación de la
AID. Esta es la ruta preferida por algunos sectores medios del Departamento
de Estado y demócratas en el Congreso. Dado el debilitamiento de los
congresistas demócratas tras las elecciones del 2 de noviembre, sólo una
movilización y una presión eficaces sobre el Congreso por parte de los
grupos de solidaridad de la sociedad civil estadounidense con Colombia
podría abrirle campo a esta opción.

Finalmente, un tercer escenario consistiría en la reducción de los fondos de
asistencia militar estadounidenses, posiblemente acompañada del
congelamiento del número de soldados y contratistas militares
norteamericanos en nuestro país. Esta es la ruta predilecta de algunos
sectores republicanos en el Congreso -especialmente visibles en el Comité de
Apropiaciones de la Cámara - que urgen la disminución del déficit fiscal a
través de la reducción de los gastos en asistencia internacional.

¿Cuál de estas opciones prevalecerá? Cualquiera que ella sea, lo sabremos a
comienzos del próximo año, cuando la administración Bush someta a
consideración del Congreso el paquete de ayuda internacional en el que
vendrá la asistencia militar para nuestro país para 2006, tras el
vencimiento del Plan Colombia. Lamentablemente, el espaldarazo de la
ciudadanía estadounidense a las aventuras bélicas del gobierno Bush parece
inclinar la balanza hacia la primera o la tercera opción, es decir, una
agudización de la intervención estadounidense (incluso hasta el punto de no
retorno), o una reducción de los fondos por razones fiscales sin alterar la
orientación del gasto hacia la guerra ni la presencia de personal militar
estadounidense en Colombia. Del lado colombiano, el mal ejemplo de un Bush
reivindicado en sus errores y embarcado en un segundo mandato patriótico y
conservador sin duda le dará mayor vuelo a las pretensiones de un Uribe en
campaña para la reelección cuyo discurso de "Dios y patria" está en plena
sintonía ideológica y lingüística con el del presidente norteamericano.

Ante la desbandada de los sectores progresistas dentro del Partido Demócrata
tras el desastre del 2 de noviembre y la continuación de la popularidad en
las encuestas de Uribe, sólo un resurgimiento de la oposición a la guerra,
allá y acá, podría ponerle freno a estos dos posibles escenarios.

Del lado estadounidense, la presión no vendrá, por lo menos en el corto
plazo, del Partido Demócrata, sumido en una crisis sin precedentes y forzado
cada vez más a tirarse hacia el centro para complacer a un electorado
crecientemente conservador. Por tanto, será la sociedad civil
progresista -aquélla minoría que se encuentra en algún lugar dentro de los
más de 55 millones de votos por Kerry- la que se tendrá que movilizar como
no lo ha hecho desde la guerra de Vietnam para oponerse directamente al
unilateralismo belicoso del gobierno Bush, desde Irak hasta Colombia.

Del lado colombiano, el palo en la rueda de la escalada militar vendría de
una combinación naciente de, por un lado, una coalición unificada de
sectores democráticos capaz de presentar alternativas electorales frente a
la nueva derecha y, de otro lado, la movilización de sectores
sociales -desde los indígenas hasta los sindicatos-que ya en septiembre de
este año mostraron con elocuencia al país su oposición a una solución
puramente militar al conflicto armado.

¿Y qué pasará con el TLC tras los resultados de las elecciones en Estados
Unidos? Aquí el grado de incertidumbre es menor, tanto porque la reelección
de Bush significa la continuidad del equipo negociador estadounidense como
porque éste -haciendo gala del desdén por la diplomacia de la política
exterior del gobierno Bush- ha puesto las cartas sobre la mesa sin tapujos.

Sabemos, entonces, que Estados Unidos quiere el tratado firmado para enero
de 2005. Hemos sido notificados también de que no hay margen de negociación
en relación con el régimen de propiedad intelectual que extendería la
duración y el alcance de las patentes de las farmacéuticas y dejaría a los
colombianos sin acceso a medicamentos básicos -dejándonos en una situación
incluso peor que las de los estadounidenses pobres que tienen que viajar o
rebuscarse las drogas en Canadá porque no pueden pagarlas en su propio país.
Sabemos también que no podemos dar por descontadas las preferencias
arancelarias del Atpdea, ganadas con el sacrificio de vidas colombianas en
la "guerra contra las drogas". Se nos ha informado, por último, que los
inmensos subsidios que el gobierno norteamericano otorga a sus agricultores
no son negociables, pero que sí lo son las protecciones al agro nuestro que
buscan contrarrestar semejante forma de competencia desleal.

No hay razón por la cual la reelección de Bush y el avance republicano en el
Congreso vaya a cambiar ninguna de estas exigencias. El afán de concluir las
negociaciones continuará porque en 2005 se vence la ley que habilitó al
gobierno Bush para firmar este tipo de TLC. Y las pretensiones leoninas
sobre derechos de propiedad intelectual y el agro, en lugar de ser retiradas
o moderadas, serán reafirmadas. No hay que olvidar que Bush le debe su
reelección en buena parte al dinero de las multinacionales -entre ellas las
farmacéuticas- y a los votos de los granjeros del sur y el centro del país.
Con un Congreso controlado por los republicanos, un TLC con éstas y otras
cláusulas sería rápidamente aprobado.

La esperanza en relación con el TLC, entonces, radica en que la indignación
que la desmesura de las pretensiones estadounidenses ha generado en
Colombia -no sólo entre la oposición y los movimientos sociales sino incluso
entre sectores empresariales- detenga la negociación de un acuerdode cuyas
consecuencias tardaríamos mucho tiempo en recuperarnos. En Estados Unidos,
con la mitad del país anestesiada y la otra mitad desmoralizada por los
resultados de las elecciones, no hay quien detenga ese tren.