Cile: la storia non puo finire per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani

Derechos Humanos: La historia aún no acaba
Adital - El día 11 de noviembre del 2003, el Decreto Supremo Nº 1.040 dictado por el gobierno el presidente Lagos creó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Un año después tal Comisión, por manos de su Presidente, el Obispo Sergio Valech, entregó los resultados de su trabajo, que se cree permitiría ir cerrando definitivamente las heridas del Golpe de Estado de 1973.

Doce meses después de su creación, y seis más de lo presupuestado originalmente, el informe de la denominada Comisión Valech, significó constatar lo que el mundo, las agrupaciones de derechos humanos, 35 mil víctimas de prisión política y tortura y todos aquellos opositores al ex general Pinochet sabían: que la tortura, la desaparición forzada de personas, la prisión, el exilio y el terror fue una política de Estado. El informe, dividido en doce capítulos se concentró en dar a conocer el funcionamiento de la Comisión, el contexto en que se produjeron las violaciones a los DD.HH, los miles de testimonios de las víctimas y las medidas de reparación.

No se puede seguir negando

La constatación de lo que no se podía desmentir, ni se podía seguir ocultando, fue hecha también por un personaje, que hasta hace menos de un mes sostenía, que las responsabilidades en materia de violaciones a los DD.HH no eran institucionales: el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre. Éste, se adelantó a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros y reconoció que “el ejército de Chile tomó la dura e irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como Institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables de pasado”.

Las declaraciones del uniformado dieron para todo tipo de opiniones: aceptación tardía para algunos, oportunista para otros, valiente para autoridades de gobierno o simplemente traicionera, para aquellos que creen en el secreto del delito como valor. Tras las palabras de Cheyre y la entrega del Informe Valech, el destape de mea culpas, de recriminaciones, de negación y hasta de silencio se ha convertido en el pan de cada día. Políticos, militares en activo y retirados, familiares del ex general Pinochet, parlamentarios, civiles partícipes de la Dictadura militar han salido al ruedo mediático y han declarado a favor y en contra de este reconocimiento.

La Comisión Rettig, y su verdad y justicia “en la medida de lo posible”. La Mesa de Diálogo del gobierno de Frei Ruiz Tagle, cuyo norte fue dar luces sobre el destino de miles de detenidos desaparecidos; han encontrado su complemento en la Comisión Valech. Creación que ha marcado una agenda de trabajo en DD.HH, propia del gobierno de Lagos, en un ámbito que había sido dejado de lado: la suerte de miles de chilenos que sufrieron prisión política y tortura.

En todos estos procesos de informes, análisis, investigaciones sobre detenidos desaparecidos, conversaciones entre civiles y militares, en entrega de mapas y pruebas sobre el destino de cientos de prisioneros. En búsquedas de rieles en el fondo de bahías, en la exhumación de cuerpos, en las confesiones de los atropellos recibidos, en desmentidos y mea culpas, en negaciones y defensas de lo obrado en 17 años de dictadura, a lo menos en el plano teórico, se ha resaltado la idea de llegar a la reconciliación y a reparar el daño causado. Pero, mientras unos piensen que la reparación debe ser integral y otros sigan en su teoría que el marco histórico y una supuesta amenaza marxista permitían obrar como se hizo, este ideal está muy lejano.

Sobre reconciliación real y el Informe Valech, el ex preso político y torturado militante socialista Renato Moreau señala que “es lógico que los enemigos de ayer tengamos visiones e intereses antagónicos y que los más jóvenes, que no participaron en nada de lo ocurrido, necesiten saber la verdad y construir todos una patria reconciliada. Debemos componer al país con su historia pero donde los victimarios, sean estos civiles y/o militares deben dar explicaciones de sus actos. Conciliar a las víctimas y a los victimarios pasa por el castigo a los culpables y la compensación humana y material de las víctimas, que debe ser real y no simbólica, que debe ser exigida y dada de acuerdo al daño causado. Hay miles de personas a las cuales se les destrozo la vida, y eso lo hicieron agentes del Estado, con fondos del Estado y es este, entonces, el que debe responder”

Moreau considera valiosa la declaración de Cheyre pero que debería ser extensiva a otras ramas de las FF.AA “yo estuve detenido y torturado en dos recintos de la Fach: en la Academia Politécnica de la Fach y en la Academia De Guerra. La tortura era tan oficial y política de Estado y política cotidiana de la FACH, que la aplicaban en la escuela de los oficiales superiores. Todos los que trabajaban en la Academia de Guerra de la Fach, sabían que allí se torturaba. Por lo menos podemos pensar, que el torturar en donde se forman los generales era un símbolo de la Fuerza Aérea de Chile, tan simbólico como era para la Armada torturar en la Esmeralda”

Para el Vicepresidente de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Mario Silva Alvarez “el gran problema que observamos a partir de ahora es cómo el gobierno llevará adelante su idea de una reparación a las víctimas bajo el concepto de lo “austero y simbólico”. Lo que existe es una confrontación, no entre verdad, justicia y necesidad de reparación justa y suficiente, sino que una pugna artificial entre las víctimas de prisión política y torturados versus, la visión economicista de los derechos humanos expresada por el Estado e incluso la idea de institucionalizar la impunidad. El gobierno quiere asociar el tema de la reparación, incluso misérrima, a la idea de reconciliación y eso para nosotros es impresentable”

Para Silva Alvarez “las víctimas de violaciones a los DD.HH no claudicarán a pesar de Informes, mesas de diálogos o comisiones pues la justicia es algo más allá de reconocer un delito. Las víctimas a pesar de reparaciones austeras y simbólicas, seguirán con sus demandas civiles y penales, pues los delitos de violaciones a los DD.HH, en el marco del derecho internacional, son consideradas imprescriptibles. El sueño de los ideólogos de cerrar la transición se viene abajo. El temor de Insulza es creer que la reparación integral puede hacer colapsar al sistema judicial, ante la avalancha de demandas. Ojalá así sea, como también el que respondan penalmente miembros de Carabineros, de la Fuerza Aérea o civiles que no han asumido sus culpas como el ex Ministro de Interior Sergio Fernández o el presidente de la UDI, Jovino Novoa. Todos ellos centrados en negar lo indesmentible, que en la Esmeralda se torturó o que los hangares y comisarías de aviadores y carabineros sirvieron de sitios de detención clandestinos”

La jugada de cheyre

El informe Valech, así como la Comisión Rettig en su tiempo y los informes de la Mesa de Diálogo, muestran que la política de desaparecer personas, de torturar y aterrorizar a los chilenos fue una política de Estado. Lo que hizo Cheyre, según señalaron a Ercilla funcionarios de gobierno, fue adelantarse a lo que el contenido del Informe traía y desmarcarse, por tanto, de conclusiones como que Carabineros fue la Institución que más tortura ejerció sobre miles de chilenos. Cheyre conoció el Informe y quiso, con conocimiento del gobierno, dar un golpe de efectos políticos y mediáticos de indudable repercusiones. La pelota fue lanzada a otro campo”

La idea que Cheyre conoció el detalle del Informe Valech, un par de semanas antes de su entrega al presidente Lagos, es compartida por un parlamentario concertacionista que señaló a este periodista “creo que aquí hubo una bien montada operación política entre el gobierno y el ejército, destinada a atenuar los alcances, que para ese cuerpo armado significaría las conclusiones del Informe. No es casual que Lagos, Insulza y en general el gobierno alabara la “valentía” de Cheyre con premura y no exenta de admiración, como si ello significará una especie de descubrimiento de lo que siempre se supo. El gobierno dio muestras de coordinación al facilitar la audiencia del comandante en jefe del Ejército con el Papa, en el mismo momento que Lagos recibía el Informe Valech. Eso implica lobby, relaciones con el ex Nuncio Angelo Sodano, tareas cumplidas a cabalidad por el Embajador chileno en El Vaticano. Comunicacionalmente la operación Lagos – Cheyre resultó impecable”

El tema de las reparaciones el que se ha erigido como el gran obstáculo en la propuesta del presidente Lagos, ya que se considera que las exigencias de Verdad y Justicia requieren ahora hacer práctica el derecho de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, coonsagrado en el derecho internacional y que debe tener un carácter proporcional a la gravedad de las violaciones y el perjuicio sufrido, comprendiendo la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Hasta ahora en temas de reparación, sólo los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos ya tienen definidos los montos y las fechas de entrega de los dineros acordados y que se visualiza muy complejo cuando se comienza a hablar de indemnizar a los ex presos políticos, torturados y exiliados.

Lo que se atisba ahora, en concordancia con la exigencia de reparaciones “justas y suficientes” es que de las acusaciones y responsabilidades atribuidas al campo militar, se pase ahora al área de los civiles que colaboraron y participaron activamente de la dictadura militar. La pasada semana, uno de esos protagonistas civiles de la época, el ex Ministro del interior Sergio Fernández ha comenzado a mostrar pruebas de su “respeto” a los DD.HH, exhibiendo un documento del año 1987. Lamentablemente, la historia consigna que el Golpe de Estado y las principales violaciones a los DD.HH comenzaron 14 años antes, el 11 de septiembre del año 1973.
La decisión del presidente Lagos, de dar a conocer el Informe Valech, después de la Cumbre APEC tensiona el ambiente político nacional. Aunque aún se desconoce el contenido preciso del documento, los datos manejados por Ercilla, al cierre de esta edición, indican que se viene a ratificar lo que durante 30 años se ha sostenido respecto a la institucionalización de las violaciones a los derechos humanos, sin discusión alguna, ni reparos como los que se tuvo con el Informe Rettig y la Mesa de Diálogo y ello implica un golpe tremendo para aquellos que aún mantienen un discurso alejado de nociones de perdón. “No hay mañana sin ayer” sostuvo Lagos al conformar la Comisión Sobre Prisión Política y Tortura y ello, más que nunca se confirma con su carga de veracidad, cuando Chile pretende alcanzar su bicentenario con heridas restañadas.