Panama: il paese e il canale, chi li controlla in realtà?

Panamá: el país y el canal

Algún día, cuando aquí nos decidamos a encarar mediante la discusión pública bien informada nuestros asuntos de verdadera trascendencia, lograremos saber por qué nuestra República no se preparó adecuadamente para recibir el canal entre 1979, cuando entraron en ejecución los Tratados Torrijos Carter, y 1999, cuando nos convertimos en un país con un solo territorio y una sola bandera. Las actividades de preparación, en efecto, fueron reducidas rápidamente a la supervisión del cumplimiento de los Tratados, y no fue sino en 1994 que el gobierno de Guillermo Endara introdujo en la Constitución el Título que creó la Autoridad del Canal de Panamá, y entre 1997 y 1999 cuando el de Ernesto Pérez Balladares dotó a esa Autoridad de una Ley Orgánica y delimitó por ley la cuenca del canal. Nada, sin embargo, se hizo en realidad para preparar a Panamá para recibir la vía interoceánica, y hoy nos enfrentamos a la contradicción entre un país organizado desde 1940 para vivir de una zona del canal que ya no existe, y un canal diseñado para funcionar dentro de un enclave territorial extranjero ya desaparecido, y que no puede ser simplemente sustituido por la autoridad que hoy lo administra.
En la forma, el canal ha dejado de ser un servicio público del Estado norteamericano para convertirse en una entidad pública del Estado panameño. Este hecho sencillo, sin embargo, tiene implicaciones muy complejas, pues la autonomía -reciente hasta los linderos de la desmesura- de la ACP con respecto a las realidades del resto del país sólo puede ser explicada por las evidentes limitaciones del Estado panameño para hacerse cargo de la gestión del canal. Por lo mismo, criticar a la ACP por su autonomía, y no al Estado panameño por su incapacidad para representar adecuadamente los intereses del país en materia canalera es un recurso demagógico que elude el problema fundamental y solo contribuye a complicar las cosas.

Ahora, puesto que el Estado controla el canal en teoría, lo importante es saber quién controla al Estado en la práctica. Y eso podría deducirse tanto de lo que el Estado ha hecho como de lo que ha dejado de hacer para crear las condiciones indispensables para atender a sus responsabilidades respecto al canal. Hubiera sido útil, por ejemplo, destinar una parte sustancial de los ingresos que el Estado recibe de la ACP a la tarea de convertir el canal en una ventaja competitiva para todos los productores de Panamá, mejorando las vías de acceso a los puertos de ambos océanos, construyendo un puente en el Atlántico, una carretera de Colón a Penonomé y otra de circunvalación del lago Gatún, y dotando a las comunidades de la cuenca tanto de los servicios básicos como y los medios de producción necesarios para una transformación productiva capaz de estimular la concentración de la población dispersa en asentamientos bien comunicados entre sí y con el país.

Otra condición indispensable demandaría un reordenamiento del territorio nacional que incluyera la creación de verdaderas autoridades de cuenca -en el canal como en otros grandes ríos como el Santa María, el Bayano y el sistema Tuira / Chucunaque, en Darién-, transformando una estructura político administrativa de origen caciquil, creada para el control electoral de la población, por otra que facilite la tarea urgente de atender a realidades de cuño nuevo, como las comarcas indígenas, las áreas protegidas y los parques nacionales, y los desequilibrios en la relación entre el mundo rural y una región metropolitana que ya alberga la mitad de nuestra población en menos del 5 por ciento de nuestro territorio, dividido además en infinitas unidades administrativas de intereses contrapuestos entre sí. Y está, por supuesto, la necesidad mayor de que esas transformaciones incluyan la creación de las condiciones que permitan a la sociedad realmente existente -y no solo a la "sociedad civil", tan del gusto de nuestros funcionarios- constituirse en el protagonista de un desarrollo que sea sostenible por lo humano que se proponga ser.

Hay que poner al país en condiciones de hacer uso del canal, incluso para que el canal pueda seguir haciendo uso de los recursos naturales y humanos del país en beneficio del desarrollo de ambos. Aquí radica el desafío mayor que hoy enfrentan, a un tiempo, nuestra política, nuestra cultura, y quienes han reclamado para sí el privilegio de actuar como voceros de ambas. Una patria nueva como la que ofreciera el actual gobierno al país durante la última campaña electoral no puede ser creada con los criterios, los métodos y las estructuras de gestión de la patria vieja. Se nos echa encima la hora de entender que no podemos seguir "manejando" los problemas mediante el expediente de cambiarles el nombre (pasando de la injusticia a la desigualdad, y de ésta a la inequidad, para poner un ejemplo de los últimos 20 años), sino que ha llegado el tiempo de encararlos en lo que son: el legado de un pasado colonial infame, y el obstáculo mayor a la creación de la República que merecemos ser.