Venezuela: presentati dati sul rispetto dei diritti umani

Informe señala tratamiento dado a los derechos humanos en Venezuela

Adital - En conferencia de prensa, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó datos que evalúan la situación de los derechos humanos en Venezuela. La ONG tubo conflictos recientes con el Gobierno Chávez, que acusó la entidad de ser costeada por EEUA. De manera general, el XVI Informe Anual sobre el tema pide un fortalecimiento de las instituciones democráticas y acciones concretas que respondan a un Plan Nacional de Derechos Humanos, además de la erradicación de prácticas autoritaria del Estado. Agrega que en cinco años de Constitución, no hay avances en los derechos humanos.

A lo largo de su investigación, el Programa constató incoherencias en las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional: “si bien la mayoría de ellas apuntan a la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc), en los Civiles y Políticos (DCP) hay debilidades estructurales que impiden el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho”, afirmó Carlos Correa, coordinador general de Provea.

La investigación fue realizada entre octubre de 2003 y septiembre de 2004, y examina 18 derechos humanos, divididos entre Desc y DCP, a partir de la definición de distintos indicadores que permiten entender su situación en conjunto. Entre ellos, los dos puntos considerados fundamentales: el derecho a la salud y a la vivienda.

Sobre el derecho a la salud, el coordinador destacó que continúa en mora la aprobación de la Ley Orgánica de Salud, que permitiría adecuar la ley a los preceptos constitucionales y establecer normas que regulen el nuevo sistema de salud integrado a la seguridad social. Por otro lado, el financiamiento del sector sigue sin superar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Incluso, durante el 2004, que fue del 1,3% del PIB, tuvo un decrecimiento de 0,5 puntos con respecto al año anterior, cuando fue de 1,8%.

Sobre el derecho a una vivienda adecuada, la actuación del Estado aún no es la ideal. En el país, los requerimientos habitacionales de la población llegan a 135.000 viviendas anuales. En el año 2003, se construyeron sólo 11.000 viviendas con fondos públicos y se mantiene un marcado déficit de 1.414.819 unidades habitacionales que requieren mejoramiento (infraestructura, servicios o ambas) y hace falta construir 981.983 nuevas viviendas.

Con respeto a la situación de los DCP, en el período analizado, destacan negativamente el procesamiento de 111 civiles en la justicia militar, el aumento en el número de denuncias por violación al derecho a la vida, la integridad personal, los patrones de detenciones individuales y políticas en el derecho a la libertad personal. Esta situación expresa la ausencia de políticas democráticas de seguridad ciudadana.

La co-coodinadora de la investigación, Vicmar Morillo, afirmó que los organismos de seguridad del Estado (nacionales, estadales y municipales), de manera estructural vulneran estos derechos, pues no tienen la formación adecuada y carecen de controles.

La consecuencia de todo ello, resalta el Informe, es que, por una parte, se sigue

criminalizando a los pobres, que son las principales víctimas, cuantitativa y cualitativamente, de abuso policial y militar y, por otra, en momentos de gran polarización política, el Estado, por acción u omisión vulneró derechos de activistas políticos.

El informe trata aun de los derechos laborales, seguridad social, educación, tierra, pueblos indígenas, justicia, libertad personal, entre otros. El documento completo está disponible en http://www.derechos.org.ve . La versión digital puede ser solicitada por el correo electrónico: publicacionesprovea@derechos.org.ve , o por los teléfonos: 0212 862 53 33 - 862 10 11 y 860 66 69.