La situazione dei quattro procedimenti penali in corso a Roma per vittime italiane delle dittature sudamericane degli anni '70-'80

Después de 24 años, concluye en Italia una causa por desaparecidos

Por Elena LLORENTE (dpa)

Roma, 25 mar (dpa) -

A 28 años del golpe de Estado en Argentina, cuatro causas sobre italianos desaparecidos en ese país y en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay están todavía abiertas en los juzgados italianos, aunque una llegará a una decisión definitiva de la Corte de Casación el 28 de abril.

"Tenemos esperanzas de que la Corte confirme las sentencias, hay buenas probabilidades", declaró a dpa uno de los abogados de familiares de las víctimas, Giancarlo Maniga.

Después de 24 años de batalla judicial, Maniga comentó que el proceso fue largo y fatigoso, sobre todo porque durante un largo período no hubo colaboración de los gobiernos argentinos, incluso durante la democracia. Pero el final ha sido satisfactorio. Si se confirma la sentencia, se tratará de una de las condenas internacionales de mayor peso contra los militares de ese país, subrayó.

La causa -que habrá cumplido el 28 con todas las instancias de la justicia italiana: instrucción, proceso y condena, apelación y sentencia definitiva- se refiere a ocho ítalo-argentinos secuestrados y asesinados en Argentina durante la última dictadura militar (1976- 83): Mario Marras y Martino Mastinu, ambos nacidos en la isla italiana de Cerdeña, Luis Alberto Fabbri, Laura Carloto y su hijito Guido, Norberto Morresi, Pedro Mazzochi y Daniel Jesús Ciuffo.

Los acusados son exponentes de la Prefectura Naval y del Ejército argentino, el ex general Guillermo Suárez Mason, que era comandante del primer Cuerpo de Ejército, el general Santiago Omar Riveros, comandante de la Zona 4, y el Prefecto Naval de Tigre, Juan Carlos Gerardi y cuatro de sus suboficiales.

Suárez Mason y Riveros fueron condenados a cadena perpetua con sentencia de segunda instancia (apelación) el 17 de marzo de 2003, mientras Gerardi y los demás suboficiales recibieron una condena a 24 años de prisión.

Si la Casación confirma las sentencias, la justicia italiana debería emitir un mandato de captura internacional contra los condenados, lo que en principio les impediría salir del país a riesgo de ser arrestados y trasladados a Italia- y sucesivamente un pedido de extradición al gobierno argentino.

La extradición, sin embargo, es considerada poco probable, dado que los militares fueron condenados en ausencia (sin la presencia física de los acusados pero con abogados de oficio que los defendieron) y la justicia argentina al parecer no reconoce ese tipo de procesamiento.

Con todo, la sentencia italiana podría incentivar la apertura de un proceso contra los condenados en Argentina ahora que, por ejemplo, un juez de ese país ha declarado inconstitucional el indulto que favoreció a Suárez Mason de parte del ex presidente Carlos Menem.

Quedan en el tintero otras tres causas que comenzaron a fines de la década del 90, una sobre los desaparecidos chilenos de origen italiano y otra de los ítalo-argentinos desaparecidos en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) -tristemente célebre porque allí estuvieron secuestrados, fueron torturados y murieron miles de jóvenes argentinos-, que el presidente argentino Nestor Kirchner dispuso transformar en Museo de la Memoria.

La última se refiere a los casos de desaparecidos en el marco de la operación Cóndor, que coordinó a los militares de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil en la persecución de los opositores políticos en cualquiera de esos territorios nacionales.

La más adelantada es la causa de la ESMA, ya que el fiscal Francesco Caporale ha concluido la fase de la instrucción. Se espera a breve plazo una decisión del juez que deberá indicar si existen elementos suficientes como para llevar adelante el juicio propiamente dicho.

Se trata de una causa abierta contra, entre otros, el teniente de navío Alfredo Astiz -conocido como el "Angel Exterminador" porque se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo-, el almirante Emilio Massera, ex jefe de la marina, el capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta, jefe de uno de los más temibles grupo de tareas de la ESMA Encargado de los secuestros, y el capitán de fragata Jorge Vildoza.

Se los acusa por tres casos que pasaron por la ESMA, Angela María Aieta, secuestrada en agosto de 1976, y el matrimonio de Susana y Giovanni Pegoraro, secuestrado en junio de 1977.

La causa referida a la Operación Cóndor, como la de los ítalo- chilenos se encuentra, después de cinco años, todavía en fase de instrucción a cargo del fiscal Giancarlo Capaldo, lo que ha provocado el malestar de los familiares de los desaparecidos en Italia.

"Hemos manifestado varias veces nuestro malestar al doctor Capaldo porque pasan los años y no se llega a una conclusión de la fase de instrucción, pese a que los familiares hemos conseguido hasta pruebas y declaraciones inéditas", dijo a dpa la uruguaya Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone, uruguayo desaparecido en Argentina en el marco de la operación Cóndor.

La causa se refiere a nueve ítalo-uruguayos (Arnone, Gerardo Gatti, Yolanda Casco) desaparecidos en Argentina, y cuatro ítalo- argentinos, Horacio Campiglia, Lorenzo Viñas, José Logoluso y Marta Landi, los dos primeros desaparecidos en Brasil y los otros dos en Paraguay.

Unos 80 militares y civiles de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay están siendo investigados por estas desapariciones, entre ellos el general Augusto Pinochet y el jefe de la DINA (policía política) chilena, Manuel Contreras, el ex presidente argentino Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior de ese país Albano Harguindeguy.

También los uruguayos general Julio César Vadora, teniente coronel José Gavazzo y capitán Jorge Silveira, el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, hoy asilado en Brasil, y el general de este país Francisco Alcides Brites Borges, el ex presidente brasileño Joao Batista de Oliveira Figueiredo y el general brasileño Octavio Aquiar Medeiros.

La causa de los ítalo-chilenos, iniciada en 1999 y a cargo también del fiscal Capaldo, se refiere a cinco personas detenidas el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, en el palacio gubernamental de La Moneda en Santiago. Fueron llevados al regimiento de Tacna y fusilados en la zona militar de Peldehue (norte de Santiago).

Se trataba de Jaime Donato, Juan Maino, Bruno del Pero Panizza, Juan Montiglio y Omar Venturelli.

Recién hacia fines de abril o principios de mayo se podría terminar la fase de instrucción, dijo a dpa otro de los abogados de los familiares, Simona Sinopoli, que el jueves se reunió en Roma con el fiscal Capaldo y quien le prometió novedades para esa fecha.