Argentina: l'economia solidale, un antidoto contro l'esclusione

Antídoto contra la exclusión

BUENOS AIRES, feb (IPS) - La economía solidaria que construyen miles de trabajadores de Argentina, en cooperativas fabriles y rurales, empresas recuperadas y autogestionadas y pequeños emprendimientos, será objeto de una amplia convocatoria que impulsarán este año organizaciones gremiales, políticas y sociales.

En Argentina hay muchos ejemplos de organizaciones que realizan actividades económicas con objetivos diferentes a los del capital, con estructuras horizontales y una gestión democrática y participativa.

Ejemplos ”existen desde hace más de cien años en el país. A las ya tradicionales cooperativas, mutuales y otras formas asociativas se agrega la aparición de microempresas que actúan de manera solidaria, las compras asociadas y otras muchas alternativas de economía popular”, sostiene un documento del Espacio de Economía Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Luego de la crisis de 2001, que casi colapsó la economía y causó graves daños sociales, iniciativas de este tipo crecieron como hongos.

La CTA junto a otras organizaciones sociales, políticas, académicas y estudiantiles convocará a distintos sectores para debatir y acordar proyectos que consoliden las experiencias de economía social como alternativa a los modelos económicos excluyentes.

Entre esas experiencias se cuentan pequeños productores insertos en economías regionales, trabajadores que ante la pérdida de sus empleos se organizan para la recuperación de la empresa, comunidades que se unen para solucionar necesidades básicas, como salud, vivienda o alimentación, e iniciativas que aisladas serían inviables, pero que logran espacios de intercambio y colaboración.

La economía social ”cambia las reglas de juego actuales, que sólo buscan maximizar los beneficios de unos pocos a partir de la acumulación del capital, y establece mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias a partir de formas de satisfacción de las necesidades basadas en la cooperación, la solidaridad y la autogestión”, explicó a IPS Soraya Giraldez, del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA.

”Estas experiencias marcan la posibilidad de avanzar en nuevas formas de distribución de la riqueza”, sostuvo.

Se trata de buscar formas más justas de organizar la producción, el trabajo, el consumo y la distribución. Así se transforma la tradicional relación de oposición entre el capital y el trabajo, propia del capitalismo, en una construcción alternativa.

En los últimos años han aparecido las fábricas (abandonadas o cerradas por sus dueños) y recuperadas por sus empleados, las empresas de autogestión, las cooperativas rurales y los grupos de trueque de bienes y servicios.

Estas formas dejan saldos organizativos, satisfacen necesidades de manera innovadora y pueden llegar a cuestionar aspectos clave del sistema imperante, al colocar por ejemplo los medios de producción en manos de los trabajadores.

En la propuesta impulsada por la CTA trabajan las universidades de Buenos Aires, La Plata y General Sarmiento, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación Agraria Argentina, el Centro Nueva Tierra, el comité local del Foro Social Mundial y muchas organizaciones no gubernamentales.

Con diferentes aportes, esas entidades intentan crear herramientas de asistencia técnica, capacitación y apoyo para la puesta en marcha de proyectos viables, así como asesorar en la formación de redes comerciales y de cooperación.

Asimismo, colaboran en la gestión de planes oficiales de asistencia al desempleo con el propósito de canalizarlos en experiencias productivas, al tiempo que acompañan a los trabajadores para que obtengan apoyo de organismos públicos y privados.

Pero las acciones apuntan sobre todo a articular y crear instancias organizativas para evitar el aislamiento de experiencias económicas y para abarcarlas en un mismo proyecto político y social.

De momento, más de 20 actividades productivas y de servicios la capital del país y la provincia de Buenos Aires han aportado información sobre sus experiencias, con el fin de crear una base de datos para articular el trabajo y facilitar la comunicación.

Para la CTA es fundamental crear un espacio desde el IEF para brindar formación y asesoramiento técnico a los proyectos y para facilitar los encuentros y el intercambio entre distintas iniciativas.

Un asunto clave es identificar obstáculos a la economía social, casi siempre legales (por basarse en nuevas formas asociativas), pero también impositivos y crediticios.

La convocatoria apuntará al acceso a créditos blandos, recuperación de empresas cerradas y espacios públicos ociosos, circuitos de venta sin intermediarios y reclamo para que el Estado considere estas producciones como proveedoras de planes alimentarios y sociales.

Pero para la CTA, el compromiso estatal debe ir más allá del asistencialismo, y basarse en inversiones para tender caminos, alentar industrias específicas y que contribuir a reactivar las economías regionales, una de las claves de la propuesta que se impulsará este año.

”La economía social no es una economía de la pobreza”, sino una iniciativa que exige la participación del Estado, ”que debe adoptar medidas que tiendan a disminuir la acumulación de capital” en los sectores dominantes, dijo Giraldez.

La investigadora recordó que ”hasta la llegada de José Martínez de Hoz al Ministerio de Economía (con el golpe de Estado militar de 1976) había en Argentina más de 200 bancas solidarias, y hoy no queda prácticamente ninguna”.

De acuerdo con la CTA, ”las consecuencias del modelo de exclusión consolidado en los últimos años son bien conocidas”. Pero ”más allá de aquellas que se pueden reflejar en los terribles indicadores socioeconómicos, existe una preocupante desarticulación social que impide realizar un desarrollo endógeno de las comunidades”, afirma la central obrera.

A comienzos de este año, 60 por ciento de los asalariados no ganaba lo necesario para cubrir las necesidades mínimas de bienes y servicios de cuatro personas. Y dentro de ese grupo, 250.000 pasaron a ser indigentes, ya que ni siquiera podían adquirir los alimentos básicos.

Según el oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 44 por ciento de los 37 millones de argentinos son pobres, de los cuales 17 por ciento viven en la indigencia.

La franja del 10 por ciento más rico de la población recibe 26,3 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre.

El 20 por ciento más rico recibe 53,1 por ciento de los ingresos, los sectores medios (40 por ciento), perciben 34,7 por ciento, y los más bajos, (el 40 por ciento restante) sólo capta 12,2 por ciento.

De acuerdo con Giraldez, ”es necesario el surgimiento de un actor político capaz de generar propuestas, con poder para presionar y conseguir sus objetivos. En otras palabras, un colectivo que pueda producir transformaciones”.

En muchos países de América Latina, como Venezuela y Brasil, se están gestando e institucionalizando proyectos de economía social con los que la Argentina debe vincularse.

Respecto del acceso a líneas de microcrédito del exterior, Giraldez consideró que ”si llegan fondos, servirán en la medida en que aquí se puedan crear las condiciones para que los proyectos sobrevivan”.

Del mismo modo, no todos los emprendimientos de economía social podrán proyectarse al mercado externo, ya que difícilmente puedan ”competir con empresas de gran envergadura”.

Por eso, opinó, una de las claves del éxito será ”dinamizar el mercado interno”, aún deprimido por el desempleo y el subempleo que afectan a más 5,5 millones de argentinos, casi un tercio de la población económicamente activa, de 16,8 millones de personas.