Venezuela: novità sull'indagine dell'omicidio del procuratore Anderson

Sobre el asesinato del fiscal Anderson
El Fiscal General afirma que algunos estamentos policiales no han sido leales con las investigaciones

Una de las hipótesis que se maneja arroja grandes posibilidades de identificar a los que pagaron por la muerte de Anderson y tiene que ver con unos correos electrónicos que habría recibido Thaís de Zurilla, esposa del piloto Jesús Zurilla, detectados en su computadora.

El contenido de uno de los correos electrónicos investigados y remitido desde la dirección electrónica angelolattarulo@yahoo.com decía que “La prima no se ha comunicado. Creemos que está enferma. El abogado ya cobró el dinero. Los árboles con buenas raíces nunca caen”.

Rodríguez confirmó además que existe una investigación sobre los comentarios que habrían surgido durante la celebración en República Dominicana del matrimonio de la hija de un prominente bancario venezolano, en la que se habló de un posible atentado contra un fiscal.

No dejó de recordar que ni la Disip ni el Cicpc “han sido suficientemente leales con las investigaciones” debido a que estos organismos aún están filtrados por personas que en alguna oportunidad estuvieron bajo las órdenes de Rolando y Otoniel Guevara.

Johan Humberto Peña y Pedro Bladimir Lander, implicados en el atentado donde murió el fiscal 4º de competencia nacional, Danilo Anderson, el 18 de noviembre de 2004, fueron ubicados por las autoridades norteamericanas en el estado de La Florida y serán deportados hacia Venezuela luego que se hiciera pública la revocatoria de sus visas y se les congelara las cuentas bancarias que cada uno de ellos tenía en Estados Unidos.

La información la confirmó ayer en rueda de prensa el fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, quien detalló que Peña tenía en su cuenta 1 millón 800 mil dólares, y Lander 1 millón 600 mil.

Por medio de un acuerdo de palabra, las autoridades norteamericanas entregarán a los presuntos autores materiales de la muerte de Anderson en la ciudad de Miami hasta donde viajará una comisión integrada por el fiscal 53 del Área Metropolitana, Hernando José Contreras, y un integrante del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que aún no se ha precisado porque inicialmente estaba previsto que fuera el comisario José Cuellar, quien fue recientemente sacado de la investigación.

Rodríguez informó que en este caso no se solicitó la extradición debido a la condición en la que entraron estos sujetos a Estados Unidos y que generó como consecuencia que se les revocara la visa, además fue un compromiso de las autoridades de ese país de entregarlos por lo que “esperamos que se lleve a cabo porque estas personas constituyen un factor importante para resolver la autoría intelectual de la muerte de Danilo Anderson”, aseguró.

Intelectuales

El fiscal Rodríguez aseguró sobre la autoría intelectual del crimen que “estamos sobre pasos muy concretos” y recordó que están trabajando sobre tres hipótesis, entre ellas una con grandes posibilidades de identificar a los que pagaron por la muerte de Anderson, entre ellos hizo mención a unos correos electrónicos que habría recibido Thaís de Zurilla, esposa del piloto Jesús Zurilla, y que fueron detectados en su computadora tras ser allanada su residencia el pasado 26 de noviembre de 2004.

Rodríguez afirmó que las investigaciones no han reflejado hasta ahora que Jesús Zurilla, piloto de un importante bancario nacional, tuviera conocimiento de los movimientos de su esposa por lo que ya se descartó su participación.

El contenido de uno de los correos electrónicos investigados y remitido desde la dirección electrónica angelolattarulo@yahoo.com decía que “La prima no se ha comunicado. Creemos que está enferma. El abogado ya cobró el dinero. Los árboles con buenas raíces nunca caen”.

En el expediente se menciona que Thaís de Zurilla sostuvo varias reuniones en las que participaron Lander y Peña, además que la noche del atentado la implicada cenó con los abogados Antonio López Castillo y Juan Carlos Sánchez, quienes murieron en un enfrentamiento con funcionarios del Cicpc.

Rodríguez confirmó además que existe una investigación sobre los comentarios que habrían surgido durante la celebración en República Dominicana del matrimonio de la hija de un prominente bancario venezolano, Margarita Vargas Santaella y Luis Alfonso de Borbón, en la que se habló de un posible atentado contra un fiscal, y para ello se van hacer una serie de citaciones a las personas que estuvieron sentadas en esa mesa durante la fiesta.

El Ministerio Público, según se pudo conocer, maneja el nombre de todos los invitados a la fiesta que se realizó el 6 de noviembre, es decir 12 días antes del atentado, en la que figura una lista de empresarios del sector bancario nacional.

Oficial disidente

Rodríguez informó que hasta los momentos el general de división (GN), Felipe Rodríguez, alias “El Cuervo”, oficial disidente de la Plaza Francia de Altamira y vinculado a varios delitos, entre ellos los atentados a los consulados de Colombia y España y la muerte de los tres soldados disidentes que aparecieron en el Parque Caiza del estado Miranda, no aparece hasta los momentos como responsable, ni material ni intelectualmente, en la muerte del fiscal Anderson.

“No tenemos la participación directa de personas distintas a las que se han mencionado en los medios de comunicación social”, dijo.

Para Rodríguez, el informe que le presentó el comisario José Cuéllar, jefe de la subdelegación de El Llanito del Cicpc, “contiene elementos que me hacen pensar que algo no estaba bien”.

El fiscal general recordó que le llamó la atención que el comisario Cuéllar incorporó una nueva hipótesis sobre la autoría intelectual y sobre las razones que dieron origen al homicidio de Anderson, lo cual nunca comunicó al equipo que lleva adelante las investigaciones y que está encabezado por los fiscales Yoraco Bauza y Gilberto Landaeta, y tampoco a su superior, el director del Cicpc, comisario Marcos Chávez.

Al fiscal general Rodríguez le causó sospechas que el comisario Cuéllar mencionara la implicación de funcionarios de la Disip, lo que a su juicio constituye una diferencia manifiesta o resentimiento entre funcionarios de este organismo de inteligencia y el Cicpc.

En el informe Cuéllar hay “una profusa difusión del material y en algunos casos se evidencia el cambio de algunas letras, las líneas no están en su correspondiente posición”, señaló Rodríguez.

Ante esta situación, el fiscal advirtió que se tuvo que abrir una investigación penal según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), ya que se evidenciaría que el informe contiene “una contra información que orienta la autoría intelectual hacia otro lado distinto al que han conducido las investigaciones”.

Para el Ministerio Público, la fuga de información sobre la muerte del fiscal Anderson busca hacer creer que determinadas personas fueron los autores intelectuales “mientras se intenta defender o servir en bandeja de plata los elementos para proteger a los autores materiales”, puntualizó.

En tal sentido, no dejó de recordar que ni la Disip ni el Cicpc “han sido suficientemente leales con las investigaciones” debido a que estos organismos aún se encuentran filtrados por personas que en alguna oportunidad estuvieron bajo las órdenes del comisario Rolando Guevara, quien hasta hace dos años fue jefe de la División de Homicidios, o de Otoniel Guevara quien llegó a ser jefe de operaciones de la Disip.

Pese a que no dio a conocer nombres, Rodríguez aseverró que la investigación incluye a otros funcionarios del Cicpc que habrían colaborado con el comisario Cuéllar para lo que fue la fuga de información de reserva legal contenida en el expediente.

Poleo y Villegas

Tras ser consultado por las acciones judiciales que se adelantan contra la directora de El Nuevo País, Patricia Poleo, Rodríguez explicó que “se trató de confundir o establecer una versión que no se sabe a qué interés obedece, pero que no sirve para esclarecer”.

Recordó que Poleo publicó dos documentos que forman parte del expediente y que son de reserva legal, uno de ellos la foto del cadáver de Anderson luego del atentado y el croquis de la ruta que seguía el fiscal todas las noches hacia su residencia y cuyo documento fue encontrado en la oficina de Juan Carlos Sánchez durante el allanamiento a la sede de Python 357 en Bello Monte, el 26 de noviembre de 2004.

Explicó que el periodista Ernesto Villegas, cuando presentó el acta de la entrevista que hizo el Cicpc al abogado Sócrates Tiniacos, no reveló el contenido de lo que allí estaba escrito y por lo tanto no hubo violación de la reserva legal.

El fiscal general le salió al paso a los señalamientos del abogado Pedro Miguel Castillo, defensor de Otoniel Guevara, quien el pasado miércoles lo señaló de obstaculizar la investigación y lo emplazó a renunciar a su cargo.

Al respecto, Rodríguez dijo que “pareciera que no tiene argumentos para hacer la defensa y alega algo que no tiene nada que ver con el caso, buscando ganar centimetraje en los medios de comunicación social”.

Aclaró que no es él quien está a cargo de la investigación, sino el equipo conformado por los fiscales Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza.

“Estamos trabajando para que no haya evasión de información”, dijo Rodríguez.

Sin denuncia

Tras ser consultado sobre los señalamientos que le habría hecho el presidente del Banco Caroní, Arístides Maza Tirado, sobre la presunta red de extorsión, el fiscal General expresó que se reunió con el bancario durante la primera quincena del mes de octubre por petición del Defensor del Pueblo, ya que le habría llegado una serie de citaciones con nombres de personas que no forman parte del Ministerio Público y entre las que se encontraban los nombres de un abogado y otra persona.

En tal sentido, manifestó que ordenó en esa oportunidad a Anderson investigar estas irregularidades para lo cual habría un informe final que sería presentado en diciembre y que no pudo llegar hasta sus manos porque el fiscal 4º de competencia nacional fue asesinado el 18 de noviembre.

Rodríguez asegura que durante esa reunión, Maza Tirado acudió a su despacho, no para hacer una denuncia sobre una red de extorsión, sino para alertar sobre las personas que le entregaron una supuesta copia de citación para que compareciera ante el fiscal Anderson.

Para el máximo representante del Ministerio Público, aún se está tratando de determinar si hubo soborno o extorsión y aclaró que la diferencia está en que el primero de los casos fueron los que querían evadir la justicia quienes ofrecieron un pago de dinero.

Considera Rodríguez que si se logra determinar que hubo soborno, entonces podrían estar cerca de los autores intelectuales, pero si se determina que hubo extorsión, la hipótesis pudiera ser mayor, por ello será severo si se logra determinar que funcionarios de la Fiscalía participaron en estas irregularidades.

Datos

Pedro Lander es imputado por ser quien preparó el explosivo que estalló bajó la camioneta Toyota Autana, color amarilla, en la que se desplazaba el fiscal Anderson.
Johan Peña está imputado por ser quien colocó bajo el vehículo el artefacto explosivo. Fue visto por varios testigos en el Iupolc la noche del 18 de noviembre junto con Juan Bautista Guevara, uno de los detenidos.